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Raúl Melara asegura que el hecho donde fallecieron dos militantes del FMLN fue originado por la intolerancia social
El fiscal general de la república, Raúl Melara, aseguró la tarde del miércoles que el ataque registrado el domingo por la noche en el cual fallecieron dos militantes del partido FMLN tuvo como origen la intolerancia social.
“Hablamos de un hecho de intolerancia, ambos conductores de los vehículos venían discutiendo en un tramo de la calle”, detalló el fiscal en conferencia de prensa, donde mostró un video con imágenes sobre lo que ocurrió ese día.
El fiscal confirmó que continúan trabajando con los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y descartó que exista alguna desconfianza en la labor de los elementos de la corporación. “Hemos venido trabajando con la Policía y estamos seguros de que se trata de una investigación donde van a dar un resultado veraz”, dijo el fiscal.
Melara explicó que son dos armas de fuego las incautadas; una escopeta y una pistola calibre nueve milímetros, como también se reporta la captura de tres hombres, entre ellos hay uno herido con arma de fuego en el Hospital del Seguro Social. “Tiene un balazo cerca del ombligo, un lugar donde tiene su vida comprometida”, aseveró el titular de la FGR.
También dijo que esta tarde se presentó el requerimiento en el Juzgado Décimo de Paz del Centro Judicial Isidro Menéndez, para solicitar instrucción formal con detención provisional en contra de Diego Peña, Héctor de Jesús Castaneda y Carlos Coto, todos acusados por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
