Judicial
Prisión provisional para expresidente de BANDESAL por actos arbitrarios y cohecho impropio
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador desarrolló, este lunes, la audiencia inicial en contra de Juan Pablo Durán Escobar, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), quien es acusado por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (pedir sobornos).
De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario cometió los delitos, entre los años 2019 y 2022, autorizando fondos millonarios para beneficio económico propio, de terceros y de un banco privado del que era accionista.
«Al señor Juan Pablo Durán Escobar se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios, y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, los hechos que se están conociendo en el presente caso en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente de Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él y de terceros», ha señalado el fiscal del caso, durante la presentación del requerimiento en contra de Durán Escobar.
Agregó: «El acusado también generó beneficios económicos para un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años en las que tiene participación accionaria».
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, indicó que el caso tiene reserva total y que Durán Escobar seguirá en prisión mientras continúa el proceso de instrucción.
El pasado sábado 30 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la captura del expresidente de BANDESAL), a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Durán Escobar fue separado de su cargo en marzo de 2022. La FGR informó en su cuenta X que tras la separación de Durán Escobar del cargo recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario.
El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio.
«En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades», escribió Bukele en su cuenta X.
El jefe de Estado reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.
«El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno», sentenció el gobernante en la red social.
El pasado 3 de octubre, las autoridades ejecutaron allanamientos en diversos inmuebles que pertenecen Durán, entre ellos una casa de cinco niveles.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», explicó el fiscal del caso.
Las autoridades detallaron que se intervinieron la vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico, con el «fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente».
«También se han hecho efectivas las órdenes de registro en las sociedades Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, Asesoría Financiera Integral… Entre otras», indicó el fiscal.
Otra de las líneas de investigación de este caso es que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
