Judicial
Prisión provisional para expresidente de BANDESAL por actos arbitrarios y cohecho impropio
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador desarrolló, este lunes, la audiencia inicial en contra de Juan Pablo Durán Escobar, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), quien es acusado por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (pedir sobornos).
De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario cometió los delitos, entre los años 2019 y 2022, autorizando fondos millonarios para beneficio económico propio, de terceros y de un banco privado del que era accionista.
«Al señor Juan Pablo Durán Escobar se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios, y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, los hechos que se están conociendo en el presente caso en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente de Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él y de terceros», ha señalado el fiscal del caso, durante la presentación del requerimiento en contra de Durán Escobar.
Agregó: «El acusado también generó beneficios económicos para un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años en las que tiene participación accionaria».
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, indicó que el caso tiene reserva total y que Durán Escobar seguirá en prisión mientras continúa el proceso de instrucción.
El pasado sábado 30 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la captura del expresidente de BANDESAL), a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Durán Escobar fue separado de su cargo en marzo de 2022. La FGR informó en su cuenta X que tras la separación de Durán Escobar del cargo recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario.
El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio.
«En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades», escribió Bukele en su cuenta X.
El jefe de Estado reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.
«El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno», sentenció el gobernante en la red social.
El pasado 3 de octubre, las autoridades ejecutaron allanamientos en diversos inmuebles que pertenecen Durán, entre ellos una casa de cinco niveles.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», explicó el fiscal del caso.
Las autoridades detallaron que se intervinieron la vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico, con el «fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente».
«También se han hecho efectivas las órdenes de registro en las sociedades Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, Asesoría Financiera Integral… Entre otras», indicó el fiscal.
Otra de las líneas de investigación de este caso es que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente con $171,345.15 y fueron condenados a pagar esa cantidad de dinero, también quedan inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
En la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron a los magistrados que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Con la prueba documental y pericial se determinó que entre el 1 de mayo de 2009 y 30 de abril de 2012, años en los que fue diputado por el departamento de Usulután, obtuvo ingresos que se desconoce la procedencia.
Según el fallo de la Cámara, se lograron establecer los elementos de enriquecimiento ilícito y la representación de los demandados no pudo desvirtuar las irregularidades planteadas por el ministerio público.
El juicio civil] por enriquecimiento ilícito fue promovido por la Fiscalía, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara que el exlegislador junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales, no pudieron desvanecer el incremento patrimonial detectado al revisar la declaración jurada presentada.
La Unidad Anticorrupción demandó por $182,374.61, pero en la resolución los magistrados condenaron por $171,345.15, ya que en una de las irregularidades se cuestionó la compra de un vehículo a costo de $11,029.46, pero se determinó que el automotor fue adquirido antes del período investigado por Probidad.
Hándal Vega fue condenado por cuatro irregularidades por un incremento patrimonial no justificado de $29,496.16; su esposa Lilian Amanda, por seis irregularidades por un monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades por la cantidad de $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
