Judicial
Prisión provisional para expresidente de BANDESAL por actos arbitrarios y cohecho impropio
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador desarrolló, este lunes, la audiencia inicial en contra de Juan Pablo Durán Escobar, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), quien es acusado por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (pedir sobornos).
De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario cometió los delitos, entre los años 2019 y 2022, autorizando fondos millonarios para beneficio económico propio, de terceros y de un banco privado del que era accionista.
«Al señor Juan Pablo Durán Escobar se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios, y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, los hechos que se están conociendo en el presente caso en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente de Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él y de terceros», ha señalado el fiscal del caso, durante la presentación del requerimiento en contra de Durán Escobar.
Agregó: «El acusado también generó beneficios económicos para un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años en las que tiene participación accionaria».
El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, indicó que el caso tiene reserva total y que Durán Escobar seguirá en prisión mientras continúa el proceso de instrucción.
El pasado sábado 30 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la captura del expresidente de BANDESAL), a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Durán Escobar fue separado de su cargo en marzo de 2022. La FGR informó en su cuenta X que tras la separación de Durán Escobar del cargo recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario.
El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio.
«En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades», escribió Bukele en su cuenta X.
El jefe de Estado reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.
«El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno», sentenció el gobernante en la red social.
El pasado 3 de octubre, las autoridades ejecutaron allanamientos en diversos inmuebles que pertenecen Durán, entre ellos una casa de cinco niveles.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», explicó el fiscal del caso.
Las autoridades detallaron que se intervinieron la vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico, con el «fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente».
«También se han hecho efectivas las órdenes de registro en las sociedades Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, Asesoría Financiera Integral… Entre otras», indicó el fiscal.
Otra de las líneas de investigación de este caso es que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
