Judicial
Más pandilleros son enviados a juicio por el asesinato de 4 soldados en Vista Al Lago

El Tribunal 1.º contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar contra 20 presuntos pandilleros, resolviendo la apertura a juicio contra todos los acusados, así como la medida cautelar de la detención provisional.
El dictamen de acusación señala que el 10 de octubre de 2016, a las 11:30 a. m., pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) secuestraron a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) al interior de un autobús de la ruta 29 en la colonia Vista al Lago, jurisdicción de Ilopango.
Luego, los obligaron a punta de pistola a bajarse de la ruta y los llevaron a una zona donde los golpearon y asesinaron con lujo de barbarie. Este hecho se le atribuye a Numan Ariel Rodríguez Villanueva., alias “Maligno”, y a Miguel Ángel Barrientos. G., alias “Woody”, ambos con rango de “homeboy” de la clica Tecolotes Locos Salvatruchos de la MS-13.
También, se conoció la acusación contra José M. E., alias “White Boy”, a quién la Fiscalía General dela República lo acusa de haber cometido cinco homicidios agravados y del delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Ya hay dos mareros condenados
Por este caso, se encuentran en prisión dos mareros con penas de 325 y 269 años de cárcel. Henry Alonso Romero Rosales fue condenado a 325 años, y Miguel Antonio Díaz Saravia recibió una sentencia 269 años de prisión. Ambos pandilleros fueron capturados bajo el régimen de excepción.
El expediente detalla que los cuatro soldados buscaban trasladarse hacia su destacamento militar; sin embargo, abordaron el bus equivocado y fueron interceptados por los pandilleros, quienes los obligaron a abandonar la unidad de transporte, los privaron de libertad, posteriormente los asesinaron y sus cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas.
Judicial
Condenan a 10 mareros por atacar a dos hombres por su corte de cabello
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango

Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.