Judicial
Más pandilleros son enviados a juicio por el asesinato de 4 soldados en Vista Al Lago
El Tribunal 1.º contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar contra 20 presuntos pandilleros, resolviendo la apertura a juicio contra todos los acusados, así como la medida cautelar de la detención provisional.
El dictamen de acusación señala que el 10 de octubre de 2016, a las 11:30 a. m., pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) secuestraron a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) al interior de un autobús de la ruta 29 en la colonia Vista al Lago, jurisdicción de Ilopango.
Luego, los obligaron a punta de pistola a bajarse de la ruta y los llevaron a una zona donde los golpearon y asesinaron con lujo de barbarie. Este hecho se le atribuye a Numan Ariel Rodríguez Villanueva., alias “Maligno”, y a Miguel Ángel Barrientos. G., alias “Woody”, ambos con rango de “homeboy” de la clica Tecolotes Locos Salvatruchos de la MS-13.
También, se conoció la acusación contra José M. E., alias “White Boy”, a quién la Fiscalía General dela República lo acusa de haber cometido cinco homicidios agravados y del delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Ya hay dos mareros condenados
Por este caso, se encuentran en prisión dos mareros con penas de 325 y 269 años de cárcel. Henry Alonso Romero Rosales fue condenado a 325 años, y Miguel Antonio Díaz Saravia recibió una sentencia 269 años de prisión. Ambos pandilleros fueron capturados bajo el régimen de excepción.
El expediente detalla que los cuatro soldados buscaban trasladarse hacia su destacamento militar; sin embargo, abordaron el bus equivocado y fueron interceptados por los pandilleros, quienes los obligaron a abandonar la unidad de transporte, los privaron de libertad, posteriormente los asesinaron y sus cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
