Judicial
Inicia proceso para que US$4.6 mill. en bienes de Munguía Payés pasen a favor del Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador, ha comenzado este lunes la audiencia preparatoria [primera del proceso] que busca despojar de $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés y parientes.
En el expediente se incluye además a la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Desde que el caso fue presentado en esa sede judicial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio le han dicho al juez que cuentan con abundante prueba que determinan que los bienes registrados a título de propiedad de Munguía Payés y sus parientes fueron adquiridos de forma injustificada porque provienen de actos de corrupción y el delito de lavado de dinero.
Al expediente fiscales han incorporado documentación donde se estable que Munguía Payés y sus tres familiares tienen a su nombre inmuebles, productos financieros [cuentas bancarias] y vehículos, pese a que no tenían la capacidad económica para comprarlos por los ingresos percibidos legalmente.
Les detectaron 10 cuentas de ahorro y a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles, las propiedades están ubicadas en distintos puntos de San Salvador y en La Libertad, específicamente en zonas exclusivas y un rancho de playa en Tamanique.
Este proceso comenzó cuando en octubre del 2020, mediante un proceso cautelar donde le intervinieron los bienes. Las indagaciones del ministerio público han establecido que Munguía Payés, obtuvo los bienes de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo 2009 al 2018.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
