Judicial
FGR busca que «Chelona» Rodríguez solvente deuda por caso de enriquecimiento ilícito
Miembros de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron, el viernes, ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla un documento donde exigen que esta instancia ejecute de manera forzosa la sentencia contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, la sentencia emitida por la misma instancia a la que recurrió la FGR, exoneró a Rodríguez y su esposa del cargo de enriquecimiento ilícito, ya que la misma fiscalía no logró comprobar la procedencia de los fondos que se señalaban que se habían sido apropiado indebidamente. Sin embargo, la Cámara en la sentencia habría establecido, que el expresidente del INDES debía de pagar US$ 30 mil 367.67 en concepto de responsabilidad civil.
El caso procede desde 2017, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió enviar a un juicio civil especial por enriquecimiento ilícito a Rodríguez, luego de que la Sección de Probidad señalara que el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de $157 mil y su esposa por $26 mil. Finalmente y luego de un largo proceso, el caso fue caso solventado el 10 de noviembre de 2019, con la resolución antes descrita.
En la resolución dada por la Cámara en esa ocasión, se detalla que la Fiscalía General de la República no incluyó en la acusación 65 viajes turísticos que se habrían realizado. La parte fiscal tenía 20 días para hacer las diligencias y no se llevaron a cabo. Algunos de los destinos a los que viajó Rodríguez fueron: Suiza, Taiwán, España, Aruba, Perú, Argentina y Paises Bajos. En algunos de estos el exfuncionario fue acompañado por su esposa, quien reportó un total de 12 salidas entre 2009 y 2016, entre ellas un viaje a las islas del pacífico Wallis y Futuna, en septiembre de 2014.
Por lo tanto, La Chelona quien fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes, desde 2009 hasta 2014, no ha pagado de forma voluntaria el dinero por lo cual buscan que lo haga de manera forzosa.
«Probidad (de la Corte Suprema de Justicia) determinó de acuerdo a las declaraciones patrimoniales que él presentó ciertas irregularidades, que fueron ocho. Todas estas tenían un concepto de depósitos en cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito. Al no haber podido justificar el proceso de enriquecimiento ilícito y sobre la prueba que presentó la Fiscalía fue condenado por la Sala de lo Civil a pagar, por no haber justificado la procedencia de estos fondos», explicó el representante fiscal.
Fiscalía asegura que debido a que Rodríguez no ha cumplido con el pago, la ley habilita a que el Ministerio Público pueda solicitar la ejecución forzosa y que se cobre con los bienes e inmuebles que él tenga a su nombre.
Chelona Rodríguez fue condenado a 2 años de cárcel, remplazados por trabajos de utilidad pública, debido a un traspaso ilegal de 125,000 dólares para la remodelación de estadio Las Delicias, lo que fue considerado como malversación de fondos públicos.
Parte de aquella condena también fue pagar 50 días de salario, según resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Este año entonces se haría efectiva esa deuda desde la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
El exfuncionario no irá a prisión porque el juez ordenó la suspensión de ejecución de la pena y solo deberá cumplir reglas de conducta. Mientras la sentencia no quede en firme, Rodríguez, quien reside en EE.UU., no podrá salir del país.
Será Vigilancia Penitenciaria quien determinará las reglas de conducta a las que estaría sometido.
El juez también condenó a 16 días de multa al gerente financiero de la institución, Marcos Jacobo Menjívar, y al extesorero, José Ricardo Liévano Rodríguez por el delito de malversación de fondos.
Según La Fiscalía, “La Chelona” Rodríguez, quien presidió el INDES entre el 2009 y 2014, transfirió 125 mil dólares a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla para remodelar el estadio Las Delicias, mediante la firma de un convenio con el Instituto sin el consentimiento de su Comité Directivo.
En agosto de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia absolvió a Rodríguez de dichos delitos. El Juez basó el fallo en que no se demostró técnicamente que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes cometiera dichos delitos.
Sin embargo, en diciembre la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador anuló dicho fallo y ordenó que Rodríguez enfrentara el juicio por el cargo imputado.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
