Judicial
FGR busca que «Chelona» Rodríguez solvente deuda por caso de enriquecimiento ilícito
Miembros de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron, el viernes, ante la Cámara Ambiental de Santa Tecla un documento donde exigen que esta instancia ejecute de manera forzosa la sentencia contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, la sentencia emitida por la misma instancia a la que recurrió la FGR, exoneró a Rodríguez y su esposa del cargo de enriquecimiento ilícito, ya que la misma fiscalía no logró comprobar la procedencia de los fondos que se señalaban que se habían sido apropiado indebidamente. Sin embargo, la Cámara en la sentencia habría establecido, que el expresidente del INDES debía de pagar US$ 30 mil 367.67 en concepto de responsabilidad civil.
El caso procede desde 2017, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió enviar a un juicio civil especial por enriquecimiento ilícito a Rodríguez, luego de que la Sección de Probidad señalara que el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de $157 mil y su esposa por $26 mil. Finalmente y luego de un largo proceso, el caso fue caso solventado el 10 de noviembre de 2019, con la resolución antes descrita.
En la resolución dada por la Cámara en esa ocasión, se detalla que la Fiscalía General de la República no incluyó en la acusación 65 viajes turísticos que se habrían realizado. La parte fiscal tenía 20 días para hacer las diligencias y no se llevaron a cabo. Algunos de los destinos a los que viajó Rodríguez fueron: Suiza, Taiwán, España, Aruba, Perú, Argentina y Paises Bajos. En algunos de estos el exfuncionario fue acompañado por su esposa, quien reportó un total de 12 salidas entre 2009 y 2016, entre ellas un viaje a las islas del pacífico Wallis y Futuna, en septiembre de 2014.
Por lo tanto, La Chelona quien fue presidente del Instituto Nacional de los Deportes, desde 2009 hasta 2014, no ha pagado de forma voluntaria el dinero por lo cual buscan que lo haga de manera forzosa.
«Probidad (de la Corte Suprema de Justicia) determinó de acuerdo a las declaraciones patrimoniales que él presentó ciertas irregularidades, que fueron ocho. Todas estas tenían un concepto de depósitos en cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito. Al no haber podido justificar el proceso de enriquecimiento ilícito y sobre la prueba que presentó la Fiscalía fue condenado por la Sala de lo Civil a pagar, por no haber justificado la procedencia de estos fondos», explicó el representante fiscal.
Fiscalía asegura que debido a que Rodríguez no ha cumplido con el pago, la ley habilita a que el Ministerio Público pueda solicitar la ejecución forzosa y que se cobre con los bienes e inmuebles que él tenga a su nombre.
Chelona Rodríguez fue condenado a 2 años de cárcel, remplazados por trabajos de utilidad pública, debido a un traspaso ilegal de 125,000 dólares para la remodelación de estadio Las Delicias, lo que fue considerado como malversación de fondos públicos.
Parte de aquella condena también fue pagar 50 días de salario, según resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Este año entonces se haría efectiva esa deuda desde la Cámara Ambiental de Santa Tecla.
El exfuncionario no irá a prisión porque el juez ordenó la suspensión de ejecución de la pena y solo deberá cumplir reglas de conducta. Mientras la sentencia no quede en firme, Rodríguez, quien reside en EE.UU., no podrá salir del país.
Será Vigilancia Penitenciaria quien determinará las reglas de conducta a las que estaría sometido.
El juez también condenó a 16 días de multa al gerente financiero de la institución, Marcos Jacobo Menjívar, y al extesorero, José Ricardo Liévano Rodríguez por el delito de malversación de fondos.
Según La Fiscalía, “La Chelona” Rodríguez, quien presidió el INDES entre el 2009 y 2014, transfirió 125 mil dólares a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla para remodelar el estadio Las Delicias, mediante la firma de un convenio con el Instituto sin el consentimiento de su Comité Directivo.
En agosto de 2018, el Tribunal Primero de Sentencia absolvió a Rodríguez de dichos delitos. El Juez basó el fallo en que no se demostró técnicamente que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes cometiera dichos delitos.
Sin embargo, en diciembre la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador anuló dicho fallo y ordenó que Rodríguez enfrentara el juicio por el cargo imputado.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
