Internacionales
Bernardo Arévalo denuncia «un golpe de Estado a cámara lenta» en Guatemala
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó este martes en Washington que su país vive una transición «incierta» que «parece un golpe de Estado a cámara lenta».
Cuando ganó las elecciones presidenciales el 20 de agosto, el dirigente socialdemócrata «sabía que no sería fácil y esperaba resistencia de algunos actores poderosos», pero ignoraba de qué tipo, explicó en el Wilson Center, un foro no partidista.
Desde la primera vuelta electoral de junio Arévalo y su partido Semilla han sido blanco de acciones legales de la fiscalía, que pide suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.
En su última embestida la fiscalía allanó la sede del tribunal electoral y decomisó cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones.
«Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta», afirmó Arévalo en inglés.
«Eso es indignante y es inaceptable. Representa una grave alteración del orden constitucional» y debe ser examinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ya ha llevado a cabo misiones de buenos oficios en el país centroamericano.
Según Arévalo, las iniciativas judiciales ponen en duda «el compromiso» del gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei para un traspaso de poderes fluido en enero.
Este hijo de Juan José Arévalo, primer presidente demócratico de Guatemala (1945-1951), era un desconocido pese a ser diputado hasta hace unos meses.
Él atribuye su éxito a que se ha comprometido a «poner fin a la influencia que las redes corruptas».
«El miedo de estos actores corruptos a que tengamos éxito es precisamente lo que ha desencadenado la persecución judicial y esa campaña de intimidación» contra Semilla y sus seguidores en las redes sociales, añadió.
«La intención es clara: quieren retrasar o impedir mi investidura como presidente», estima Arévalo, que sin embargo garantizó al público que no tiene «ninguna duda» de que asumirá el cargo aunque sea «un camino lleno de baches».
El político de 64 años desconoce si la Primavera que promete tendrá éxito.
«No sé si lo lograremos y seremos nosotros los que consigamos romper el ciclo» de corrupción «y si esta va a ser la primavera definitiva, permitiendo que el país prospere», reconoció.
«Tal vez fracasemos y haya otro intento» de golpe de Estado «si fallamos, pero creo que lo que no podemos hacer es no intentarlo», recalcó.
Lo dijo un día después de mantener un encuentro virtual con el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, quien advirtió que Estados Unidos «seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia» en Guatemala.
Este martes Arévalo se reunió con congresistas, que le expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
