La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.

La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.

“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.

La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.

Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.

Con el propósito de evitar que factores externos eleven el precio que los salvadoreños pagan por el cilindro de gas propano, con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó, hasta el 31 de mayo de 2026, la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo.

La medida beneficiará a más del 80 % de la población, permitiéndoles seguir adquiriendo el producto, en sus diferentes presentaciones, a un precio accesible.

Este marco legal fue aprobado el 13 de junio de 2023 para contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, el cual incide directa y negativamente en el precio que paga la población.

El diputado William Soriano explicó que de no aprobarse esta prórroga –que vence el próximo 31 de mayo– a partir de junio de 2025 las familias podrían adquirir el gas para cocinar a un precio de hasta $15.00 por cilindro.

“Esta medida temporal permite estabilizar los precios del gas licuado de petróleo para beneficiar a las amas de casa, las que hace las pupusas, a las que tienen comedor; ellas no van a tener que pagar los crecimientos o fluctuaciones del gas licuado de petróleo que ustedes usan para cocinar o en sus negocios”, expresó el legislador.

Durante el estudio del anteproyecto, el director general de subsidios del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Grande, explicó a los diputados que las condiciones que originaron la emisión de la ley siguen afectando la economía de las familias, por lo que es necesario ampliar su vigencia por 12 meses.

Además, detalló que este mecanismo consiste en transferencias de subsidios dirigidas a los consumidores y canalizadas, a través de las empresas envasadoras que comercializan gas licuado por medio de cilindros.

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El presidente Nayib Bukele se pronunció ante la protesta protagonizada por un grupo de familias, la cual, aseguró, fue promovida y manipulada por organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos autodenominados de izquierda, con el objetivo de atacar políticamente al Gobierno.

En respuesta, el mandatario anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones que reciben este tipo de organizaciones. Los fondos recaudados, según detalló, se destinarán a cubrir la deuda de una cooperativa vinculada al caso que motivó la manifestación.

“Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”, expresó Bukele en un comunicado oficial, en el que también señaló una supuesta coordinación mediática, movilización de manifestantes y uso de material impreso profesional, como evidencia del trasfondo político del acto.

El caso que originó la protesta, explicó el presidente, data de 1998 y fue judicializado en 2008, con sentencia firme a favor del acreedor. A pesar de intentos por revertir el fallo, incluso con acusaciones de estafa, el proceso fue resuelto nuevamente a favor del demandante en todas las instancias judiciales. Bukele indicó que el acreedor estaría vinculado a una familia relacionada con el partido ARENA, aunque afirmó no conocerlo personalmente.

El mandatario también criticó que los manifestantes hayan sido llevados por la noche a protestar frente a una residencia privada sin relación directa con el caso. No obstante, manifestó estar dispuesto a buscar una solución real para las aproximadamente 300 familias afectadas.

“Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o sus cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, afirmó.

Con la nueva propuesta de ley, el Gobierno plantea que las ONG asuman parte de la responsabilidad: “Así todos ganan, dijo Bukele: las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda, la población no paga por reclamos ajenos, y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo para regular la actividad de organismos internacionales y reforzar el control sobre la cooperación externa en el país.