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Pandilleros compran negocios para lavar el dinero de la extorsión y las drogas
Se cumplió un mes desde que el Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, reforzó legalmente el combate frontal a las pandillas y en ese periodo han salido a la luz pública los vanos intentos de los terroristas para eludir a la justicia al esconderse en cuevas, pilas con agua, borrar sus tatuajes, huir del país y hasta montar negocios con el dinero de la extorsión o venta de drogas para aparentar ser comerciantes.
Sin embargo, para su mala suerte, la inteligencia, la efectividad de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) los atrapó en sus ilícitos intentos y ahora podrían pagar hasta con 45 años de prisión luego que la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal e incrementó las penas contra los miembros de pandillas, incluso castigando con cárcel la solo pertenencia a una pandilla.
La extorsión ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para las pandillas, dinero con el cual los grupos terroristas lavaban dinero comprando moteles, con buses o microbuses de transporte colectivo, panaderías, bares y cafeterías. Siguiendo ese ejemplo y para evitar ser capturado, Clider Iván Morán, alias «Balero», abrió una farmacia para aparentar ser comerciante y no ir a la cárcel.
El informe policial detalla que el marero inició en el negocio con el dinero de la extorsión en la ciudad de Ahuachapán.
Un caso similar ocurrió en el municipio de Tamanique, departamento de la Libertad donde la pandilla administraba el servicio de mototaxis. La Policía detuvo a cuatro colaboradores quienes se dedicaban a movilizar a terroristas, drogas y armamento en referida zona.
En el procedimiento les incautaron cinco vehículos que eran utilizados para las actividades ilícitas. Además, funcionaban como una línea de transporte para trasladar personas de forma ilegal, ya que no contaban con los permisos correspondientes para circular.
GOLPES A LAS FINANZAS DE LA PANDILLA
El año pasado las autoridades detuvieron dos miembros de la MS por lavar más de $400,000 a través de negocios como floristerías y venta de vehículos a beneficio de la estructura terrorista. El caso fue detectado en San Miguel y los terroristas fueron identificados como Ángel Ramírez y José Godoy, ambos acusados de lavado de dinero y activos.
Entre 2016 y 2017 las autoridades golpearon las finanzas de la Mara Salvatrucha mediante las operaciones Jaque y Tecana y revelaron la forma cómo la pandilla lavaba el dinero de sus actividades ilícitas.
En la operación Jaque las investigaciones dieron cuenta que la pandilla compró o arrendó moteles, autolotes, bares, cafeterías y talleres. Cada uno de esos negocios les dejaba hasta $1,000 diarios de ganancia. De igual forma se develó que los algunos cabecillas incursionaron en el negocio del transporte colectivo, a través de la adquisición buses en las rutas 4 y 6, además de taxis piratas y mototaxis.
En esa ocasión fueron incautados 157 moteles, bares, casas de citas, cafeterías y otros inmuebles de los cabecillas de la MS, les decomisaron 25 autobuses de las rutas 4 y 6 así como 54 vehículos entre tipo sedán, camionetas, camiones y cabezales. De igual forma armas de fuego, droga, celulares y dinero en efectivo, como también cuentas bancarias.
En 2017 se ejecutó la operación Tecana y el procedimiento reveló que los grupos terroristas lavaban dinero a través de ventas de comida rápida, prestamistas, entre otros rubros.
En esa ocasión decomisaron más de 75 vehículos, más de 40 negocios entre los que había cafeterías, cervecerías, talleres de mecánica, carwash, puestos de venta de accesorios telefónicos, armas de fuego y miles de dólares en efectivo.
Los informes de organizaciones internacionales que afirman que en El Salvador hay violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción forman parte de una agenda que busca «destruir» al país, advierte el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín informativo 28.
«En los últimos días se han visto cantidades de informes de organizaciones internacionales marcando una agenda única, para tratar de destruir un país, y tratar de echar atrás todo lo logrado con un declarado irrespeto a su soberanía», sostiene el Círculo de Reflexión.
Analistas del mismo plantean que el contenido de dichos informes es sesgado, poco creíble e ideológico. «Informes cuyas características son el sesgo ideológico promovido por una izquierda comunista internacional que está perdiendo espacios y credibilidad en las naciones libres e independientes», sostienen.
El grupo añade que «como parte de estas acciones desesperadas, contratan dizque “expertos” que ni tan siquiera visitan ni conocen la realidad de un país, y se atreven elaborar informes de denuncia, con marcado sesgo político e ideológico, carente de cualquier fundamento científico de la investigación social».
Agrega que los insumos y fuentes para elaborar este tipo de informes son de «organizaciones de tendencia sesgada, que gozaron de las prebendas y privilegios de los gobiernos de izquierda y que nunca fueron capaces de denunciar crímenes horrendos en contra de la población». Sostienen que estas organizaciones tienen un afán claro: «Sobrevivir y conseguir financiamiento», sin importarles el bienestar social.
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
Para acelerar el proceso de investigación y brindar una mejor respuesta a la población afectada en el caso Credicash, la Fiscalía General de la República ha habilitado un Centro especializado para el procesamiento de evidencia.
El fiscal general, Rodolfo Delgado explicó que dicha activación permitirá organizar la documentación incautada y confrontarla con la evidencia física que ha encontrado e incautado en la sede central de Credicash; analizar los contratos y registros financieros; e identificar a las víctimas.
Al momento se han encontrado 18,000 contratos de mutuo, pero solo 180 personas han acudido a mostrarse ofendidas.
«Como parte de esta respuesta institucional que estamos dando para lograr determinar e identificar a las verdaderas víctimas y que los fondos puedan recuperarse, es que se ha habilitado un centro especializado para el procesamiento de la evidencia que está vinculada con este caso», indicó el titular de la Fiscalía.
El funcionario mencionó que han destinado a 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. «Todo esto es con un objetivo: establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas, y eso lo recalco, a las víctimas, porque aquellos que no logren establecer que ostentan esa calidad de víctima, sino que es gente que, de alguna manera, andaba buscando evadir algún tipo de control, pues eso creo que vamos a tener que hablar con ellos en otros términos», dijo Delgado.
Sobre este proceso, la investigación fiscal ha establecido que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual. La empresa, que era liderada por Gerson Orellana Ayala -quien ya fue capturado-, estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
Las autoridades señalan que el mecanismo utilizado por Credicash no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real. El dinero fue guardado, incluso, en closets de la vivienda del propietario de la financiera, Gerson Orellana.
Como resultado de las diligencias realizadas, hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal general aseguró recientemente que a las personas afectadas, que «la Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse».
