Judicial
MIDES SEM DE SV, por tercera vez, reitera a la Fiscalía que alcalde Ernesto Muyshondt y su tesorero están cometiendo delito de malversación
Actualmente la deuda que tiene la Alcaldía de San Salvador, con MIDES, sobrepasa los
$ 5 millones de Dólares, a pesar que mensualmente se recauda mucho más dinero que pagan los Capitalinos que el monto de la factura, a través de la tasa municipal que es exclusiva para el pago del servicio de disposición final de la basura.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, presentó este día una solicitud dirigida a la Fiscalía General de la República, en la que solicita que ante la existencia de suficiente evidencia del posible cometimiento del delito de Malversación por parte de las autoridades edilicias se proceda a ejercer las acciones penales de forma inmediata.
De acuerdo al profesional de derecho, la primera denuncia fue interpuesta contra el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y su Concejo Municipal, a fecha 29 de abril de 2019, hace ya casi dos años sin que se haya obtenido respuesta sobre las diligencias solicitadas.
La segunda denuncia, el abogado comenta que se presentó una solicitud ampliada a fecha 12 de noviembre de 2020, hace ya 3 meses al conocerse los resultados del Examen Especial de Corte de Cuentas de la República que confirmaba que la municipalidad de San Salvador no canceló a MIDES, a pesar de contar con los fondos suficientes para hacerlo, fondos provenientes de los montos recaudados por los pagos que hacen los contribuyentes de la Tasa Municipal que es única y exclusiva para realizar las erogaciones por tal servicio. Prueba que es contundente para comprobar que se ha cometido el delito de Malversación.
Y ahora, según el apoderado legal, no solamente reiteran la solicitud sino que “al haber transcurrido ya UN AÑO Y NUEVE MESES, sin que se tenga respuestas, ni acciones concretas por parte de la Fiscalía, debe procederse a presentar la acción penal por el delito de Malversación, en contra del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y el Tesorero Municipal, este último en virtud que los hallazgos de Corte de Cuenta señalan de forma clara su grado de responsabilidad en verificar que los fondos recibidos por la municipalidad sean empleados en su justo fin.”
A la fecha, el abogado con documentación en mano comprueba que la Alcaldía de San Salvador le debe a MIDES, un monto que ya sobrepasa la suma de US $ 5 millones de Dólares por los servicios de disposición final de la basura, cantidad que se incrementa de forma semanal. Sin embargo, a criterio del licenciado Miranda Rubio, “la situación se vuelve insostenible por la falta de pago de la Alcaldía de San Salvador, producto de esa malversación de fondos y además está colocando en crisis ambiental la ciudad y en grave riesgo que la basura no reciba su debido tratamiento en el sitio adecuado que es el Relleno Sanitario de MIDES.”
El delito de Malversación, está tipificado en el artículo 332 del Código Penal, y en esencia, de acuerdo al abogado, prohibe a los administradores de los fondos públicos o municipales darles un fin distinto al que tienen establecido legalmente. En el caso de la tasa municipal para la disposición final de la basura se encuentra determinada en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la ciudad de San Salvador y es exclusiva para ese rubro, existiendo otras tasas para temas como recolección, transporte y ornato de la ciudad. La Malversación se consuma con el hecho que el funcionario le dé un destino distinto a los recursos financieros del que es su destino original, incluso aunque se pretenda justificar su uso en otro bien o servicio para el municipio, pues lo que se pretende es garantizar que el servicio que debe cubrir no se vea afectado por una acción indebida de la administración pública o municipal.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
