Judicial
MIDES SEM DE SV, por tercera vez, reitera a la Fiscalía que alcalde Ernesto Muyshondt y su tesorero están cometiendo delito de malversación
Actualmente la deuda que tiene la Alcaldía de San Salvador, con MIDES, sobrepasa los
$ 5 millones de Dólares, a pesar que mensualmente se recauda mucho más dinero que pagan los Capitalinos que el monto de la factura, a través de la tasa municipal que es exclusiva para el pago del servicio de disposición final de la basura.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, presentó este día una solicitud dirigida a la Fiscalía General de la República, en la que solicita que ante la existencia de suficiente evidencia del posible cometimiento del delito de Malversación por parte de las autoridades edilicias se proceda a ejercer las acciones penales de forma inmediata.
De acuerdo al profesional de derecho, la primera denuncia fue interpuesta contra el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y su Concejo Municipal, a fecha 29 de abril de 2019, hace ya casi dos años sin que se haya obtenido respuesta sobre las diligencias solicitadas.
La segunda denuncia, el abogado comenta que se presentó una solicitud ampliada a fecha 12 de noviembre de 2020, hace ya 3 meses al conocerse los resultados del Examen Especial de Corte de Cuentas de la República que confirmaba que la municipalidad de San Salvador no canceló a MIDES, a pesar de contar con los fondos suficientes para hacerlo, fondos provenientes de los montos recaudados por los pagos que hacen los contribuyentes de la Tasa Municipal que es única y exclusiva para realizar las erogaciones por tal servicio. Prueba que es contundente para comprobar que se ha cometido el delito de Malversación.
Y ahora, según el apoderado legal, no solamente reiteran la solicitud sino que “al haber transcurrido ya UN AÑO Y NUEVE MESES, sin que se tenga respuestas, ni acciones concretas por parte de la Fiscalía, debe procederse a presentar la acción penal por el delito de Malversación, en contra del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y el Tesorero Municipal, este último en virtud que los hallazgos de Corte de Cuenta señalan de forma clara su grado de responsabilidad en verificar que los fondos recibidos por la municipalidad sean empleados en su justo fin.”
A la fecha, el abogado con documentación en mano comprueba que la Alcaldía de San Salvador le debe a MIDES, un monto que ya sobrepasa la suma de US $ 5 millones de Dólares por los servicios de disposición final de la basura, cantidad que se incrementa de forma semanal. Sin embargo, a criterio del licenciado Miranda Rubio, “la situación se vuelve insostenible por la falta de pago de la Alcaldía de San Salvador, producto de esa malversación de fondos y además está colocando en crisis ambiental la ciudad y en grave riesgo que la basura no reciba su debido tratamiento en el sitio adecuado que es el Relleno Sanitario de MIDES.”
El delito de Malversación, está tipificado en el artículo 332 del Código Penal, y en esencia, de acuerdo al abogado, prohibe a los administradores de los fondos públicos o municipales darles un fin distinto al que tienen establecido legalmente. En el caso de la tasa municipal para la disposición final de la basura se encuentra determinada en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la ciudad de San Salvador y es exclusiva para ese rubro, existiendo otras tasas para temas como recolección, transporte y ornato de la ciudad. La Malversación se consuma con el hecho que el funcionario le dé un destino distinto a los recursos financieros del que es su destino original, incluso aunque se pretenda justificar su uso en otro bien o servicio para el municipio, pues lo que se pretende es garantizar que el servicio que debe cubrir no se vea afectado por una acción indebida de la administración pública o municipal.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
