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El arzobispo de San Salvador respalda el cerco de seguridad en Soyapango
La persecución del crimen es una obligación del Estado y un derecho, consideró ayer el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, durante la homilía dominical al referirse al cerco que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha establecido en el municipio de Soyapango, con el objetivo de extraer a los delincuentes sin afectar la cotidianidad de la población honrada.
«No solo es un derecho, sino la obligación del Gobierno perseguir el crimen, es su deber por la seguridad nacional. El cerco es una novedad porque no se había hecho, en cualquier sociedad civilizada es lo que se hace. El problema de la violencia era grande, esperamos que todos estos esfuerzos nos lleven a la paz social», expresó.
Monseñor opinó que si el Gobierno lo hace guardando y respetando los derechos de las personas honestas, es más legítima la operación que se desarrolla en las colonias y las comunidades de Soyapango, una zona que por años vivió en el acecho de grupos delincuenciales.
Escobar Alas consideró que la sociedad civil también tiene el derecho de ser salvaguardada y que las autoridades velen por su bienestar y tranquilidad.
«Por lo que yo he visto en los reportajes de los medios ese cerco que han hecho tiene ese cuidado, lo que también expresaban ellos [las autoridades de Seguridad] en una conferencia. Les preocupa no maltratar a nadie, sino al contrario garantizar la seguridad», sostuvo.
El jerarca católico también destacó el respaldo de la población que reside en las zonas intervenidas por las autoridades, lo que refleja que no se sienten afectados.
«Ciertamente, se ha visto que las personas están contentas y se sienten más seguras. En ese ambiente, las personas han sufrido mucho, de no poder salir de sus comunidades, jóvenes que están ahí y no pueden salir, es una cosa muy fea», agregó.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), establece desde el 2 de mayo al 15 de junio de 2025 la veda nacional de camarón marino, con la que se protege a dicha especie y se garantiza el desarrollo económico de las zonas costeras de El Salvador.
Durante los próximos 45 días queda suspendida la extracción de camarón marino, debido a que es el período de mayor reproducción y crecimiento de la especie.
La veda nacional de camarón marino no restringe la comercialización y el consumo, siempre que el camarón proceda de las reservas que mantienen los comercios o restaurantes, y las cuales hayan adquirido antes de establecer la medida de ordenamiento pesquero.
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Los supermercados, restaurantes, hoteles, comerciantes mayoristas, importadores y exportadores de productos pesqueros deberán presentar el Formulario de Control de Inventario en CENDEPESCA, a más tardar tres días después de iniciada la veda, para asegurar el cumplimiento de las normativas y evitar decomisos.
Durante el período de veda, CENDEPESCA y otras autoridades auxiliares harán inspecciones a embarcaciones, plantas o establecimientos de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, centros de acopio, mercados y otros espacios relacionados con la comercialización del camarón marino, ya que de haber incumplimiento los responsables serán sancionados de acuerdo a la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y demás disposiciones legales aplicables.
Las denuncias por extracción o comercialización ilegal de camarón marino podrán hacerse en cualquiera de las oficinas de CENDEPESCA a nivel nacional.
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Usuarios de redes sociales viralizaron el video de una mujer, quien agresivamente impide que estudiantes de un popular colegio y padres de familia se sienten en la acera frente a su vivienda.
“Aquí no hay colegio, allá está el colegio Don Bosco”, le dijo la mujer a una madre de familia que le reclamó porque levantó de forma violenta a su niña pequeña.
De acuerdo a los autores de la denuncia, esta no es la primera vez que la señora se comporta de esta forma con estudiantes, menores de edad, y padres de familia.
Al parecer, la señora es agresiva hasta con los mismos vecinos quienes le recuerdan que la acera es un espacio público.
El pleito entre las diputadas guatemaltecas Elena Motta y Greicy de León ha continuado con ácidas declaraciones en redes sociales y denuncias penales.
“Me pica la mano, de la cachetada que le di hoy (martes) a una mal educada”, publicó la diputada Greicy de León en su perfil de X.
La publicación fue escrita la misma noche cuando ocurrió el pleito tras la sesión plenaria del Congreso Nacional de Guatemala.
Además, cada diputada ha presentado denuncias penales ante el Ministerio Público (fiscalía) para que se inicien las investigaciones del caso.
Ambas diputadas se culpan mutuamente de las agresiones, mientras que en redes sociales son virales los videos del pleito y cómo comenzó.
