Política
Representantes de organizaciones civiles critican impasse en la elección a nuevos magistrados de la CSJ
Ramón Villalta, Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Bessy Ríos, defensora de Derechos Humanos en el país, criticaron en la entrevista de El Salvador Today, de Diario Digital Cronio, el impasse que existe en la comisión de diputados encargados a la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta este miércoles la CSJ lleva ya tres días acéfala por la postergación de los legisladores en la elección a nuevos magistrados, cuatro a CSJ y uno a Sala de lo Constitucional.
Según Bessy Ríos los diputados no han cumplido con lo establecido a por la misma Sala de lo Constitucional en asignar a tiempo a los magistrados.
“Los diputados atrasaron todo el proceso con la finalidad de estar como estamos ahorita y no están cumpliendo con lo que ordena la Sala de lo Constitucional”, dijo Ríos.
Ramón Villalta fue más allá al aseverar que el retraso en la elección es un irrespeto a los derechos de los ciudadanos, quienes se ven indefensos a la hora de interponer un recurso de ampo, si así lo necesitaran en estos momentos.
“Son violaciones de derechos en la medida que no se tenga magistrados en la Sala de lo Constitucional, Es un tema clave retardar la elección, es planificado en buena medida”, mencionó Villalta.
El mismo director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia criticó además que en el retraso de la elección existe un sondeo de correlación por parte de los partidos políticos para con los aspirantes a magistrados. “En la elección de los magistrados también está en correspondencia la relación con los candidatos y eso tenía que ver con los arreglos que estaba haciendo”, sostuvo Villalta.
Ríos mientras tanto afirmó que bajo la mesa existe una especie de espera por parte de los “dueños” de los partidos políticos por decidir qué magistrado le favorece a cada uno de ellos.
“Los que mandan, son los dueños de los partidos que se sientan con un café y dicen éste sí o éste no”.
Piden transparencia.
Ambos representantes de las sociedades civiles hicieron un llamado a los diputados de la comisión política para que abren las puertas con el fin de saber de primera mano el proceso, los argumentos y los mecanismos implementados para la elección que se definiría mañana viernes.
“Los diputados se deben a notros y las elecciones deberían hacerse bajo el escrutinio público y no a puerta cerrada”, detalló Villalta, quien a su vez reprochó la mecánica de seguir con la vieja política. “Yo no acepto ninguna justificación de seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, todo a espaldas del pueblo”.
En ese mismo punto Bseey Ríos cerró manifestando que entre pasillos se han andado ofreciendo plazas a los partidos políticos por parte de algunos aspirantes a magistrados a cambio de una elección a su favor.
“En redes sociales ha circulado que hay candidatos que han andado ofreciendo plazas a los partidos políticos, y como ellos siempre anda buscando plazas para poner a su militancia a qué se puede prestar esto”, dijo la defensora de derechos Humanos en el país.
Ambos representantes coincidieron que la elección de los nuevos magistrados, sea buena o mala, recaerá en los candidatos presidenciales de cada partido para las elecciones de 2019.
“Hay grupos parlamentarios que tiene interés de llevarse bien con la sociedad civil por los intereses que hoy ostenta en la próximas elecciones”, declaró Bessy Ríos.
Villalta por su parte mencionó que “el escenario también depende de cómo los partidos quieren verse en las elecciones presidenciales. Si eligen mal, la culpa le va a caer a su candidato presidencial”.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
