Política
Comisión que investiga entrega de fondos públicos a ONG fachadas vuelve a citar a exministro de Economía
Miguel Lacayo, exministro de Economía en el gobierno de Francisco Flores, no atendió el citatorio que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos públicos que las legislaturas pasadas le entregaron a fundaciones y organizaciones con las que algunos diputados tenían vínculos.
El exfuncionario fue citado debido a que las investigaciones que realiza la mesa legislativa señalan que él era miembro de la Fundación Nacional de Arqueología e El Salvador (FUNDAR), que recibió $559,100 provenientes de fondos del Estado entre 20025 y 2009.
Dicha organización, según sus estatutos, se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca.
La presidenta de la Comisión Especial, Alexia Rivas, manifestó que a Lacayo se le hizo llegar el citatorio con anticipación a la dirección donde reside, pero no se presentó ni envió una justificación.
Además, la diputada recordó que el artículo 56 del Reglamento Interno del Órgano Legislativo establece que la comparecencia y declaración de personas requeridas por las comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además, proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite.
“Hago uso de estos canales de comunicaciones para decirle al señor Miguel Lacayo que él está en la obligación de comparecer en esta misma comisión, no es a carácter personal ni discrecional el hecho de asistir o no. Hay un respaldo legal que le obligar a asistir a estas comisiones”, expresó la legisladora Rivas.
La Comisión acordó volver a citar a Lacayo y si no vuelve a presentarse será llevado por apremio, es decir que se pedirá la intervención de la Policía Nacional Civil para que atienda la convocatoria.
La diputada Lorena Fuentes y su compañero Giovanny Zaldaña señalaron que el exministro de Economía además de estar involucrado en casos de corrupción también es responsable en el daño ambiental causado por la contaminación por plomo provocado por la empresa Baterías de El Salvador, propiedad de la familia Lacayo, en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad.
En ese lugar, más de siete mil personas, entre habitantes y empleados de la fábrica, presentaron afectaciones de salud por las emanaciones de sustancias industriales y que, de acuerdo a las investigaciones, dejaron al Estado un daño patrimonial de $4 mil millones.
El exfuncionario también respaldó políticas que afectaron a los salvadoreños y solo beneficiaron a determinados grupos económicos y a mimebros del partido ARENA, entre ellas la dolarización y el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
