Política
Comisión que investiga entrega de fondos públicos a ONG fachadas vuelve a citar a exministro de Economía
Miguel Lacayo, exministro de Economía en el gobierno de Francisco Flores, no atendió el citatorio que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos públicos que las legislaturas pasadas le entregaron a fundaciones y organizaciones con las que algunos diputados tenían vínculos.
El exfuncionario fue citado debido a que las investigaciones que realiza la mesa legislativa señalan que él era miembro de la Fundación Nacional de Arqueología e El Salvador (FUNDAR), que recibió $559,100 provenientes de fondos del Estado entre 20025 y 2009.
Dicha organización, según sus estatutos, se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca.
La presidenta de la Comisión Especial, Alexia Rivas, manifestó que a Lacayo se le hizo llegar el citatorio con anticipación a la dirección donde reside, pero no se presentó ni envió una justificación.
Además, la diputada recordó que el artículo 56 del Reglamento Interno del Órgano Legislativo establece que la comparecencia y declaración de personas requeridas por las comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además, proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite.
“Hago uso de estos canales de comunicaciones para decirle al señor Miguel Lacayo que él está en la obligación de comparecer en esta misma comisión, no es a carácter personal ni discrecional el hecho de asistir o no. Hay un respaldo legal que le obligar a asistir a estas comisiones”, expresó la legisladora Rivas.
La Comisión acordó volver a citar a Lacayo y si no vuelve a presentarse será llevado por apremio, es decir que se pedirá la intervención de la Policía Nacional Civil para que atienda la convocatoria.
La diputada Lorena Fuentes y su compañero Giovanny Zaldaña señalaron que el exministro de Economía además de estar involucrado en casos de corrupción también es responsable en el daño ambiental causado por la contaminación por plomo provocado por la empresa Baterías de El Salvador, propiedad de la familia Lacayo, en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad.
En ese lugar, más de siete mil personas, entre habitantes y empleados de la fábrica, presentaron afectaciones de salud por las emanaciones de sustancias industriales y que, de acuerdo a las investigaciones, dejaron al Estado un daño patrimonial de $4 mil millones.
El exfuncionario también respaldó políticas que afectaron a los salvadoreños y solo beneficiaron a determinados grupos económicos y a mimebros del partido ARENA, entre ellas la dolarización y el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Política
La CCR finalizó auditorías de todos los ministerios
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
Política
TSE presenta memoria de labores 2024-2025
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Política
Junta de Vigilancia Electoral prevé desarrollar más de 60 misiones por voto en el exterior
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.


