Judicial
Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas
Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas
La Cámara Especializada confirmó la detención provisional, emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción C contra Edwin Enrique Hernández Varela, procesado por agrupaciones ilícitas, trata de personas y falsedad ideológica.
La base de la apelación, presentada por su abogado defensor, fue que la Ley de Trata de Personas no había entrado en vigencia cuando se capturó al referido abogado; sin embargo, la citada instancia sostuvo que efectivamente ya estaba en vigencia, por lo tanto se confirmó la actual detención provisional. El período para que la instrucción termine será hasta el 27 de mayo del presente año. En esa fecha la Fiscalía General de la República (FGR) deberá presentar su dictamen de acusación. Actualmente Hernández Varela se encuentra en el penal de Metapán, Santa Ana.
En su momento el Juzgado Especializado de Instrucción “C” resolvió imponerle detención provisional a la imputada, Edith Emelda Ramírez, acusada por trata de personas agravada, agrupaciones ilícitas, suplantación y alteración del estado familiar, falsedad ideológica y tenencia ilegal de armas de fuego; además, además, le decretó medidas alternativas a los procesados Juan Abilio Guerra Melgar y Arturo Armando Minero Sandoval, quienes siguen sometidos al proceso y cumplen las restricciones.
La jueza interina valoró, el 28 de noviembre del año pasado, los indicios presentados por la FGR, mientras que la defensa del doctor Minero Sandoval y Guerra Melgar entregaron los arraigos familiares y laborales en regla de Ley, además, que el delito permite que en estos casos se pueda procesar a los incoados en libertad. Sin embargo, en el caso de Hernández Varela, abogado de profesión, y Ramírez, de 75 años de edad, deberán afrontar la justicia desde un centro penal. El ente investigador del Estado solicitó 24 semanas (seis meses) para profundizar en las indagaciones, las cuales fueron concedidas por la administradora de justicia. Esto alcanza también a los que quedaron bajo medidas.
Las otras medidas son presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, cancelar una caución económica de $ 3 mil, no salir del país, presentar antecedentes penales y judiciales para así poder recuperar la libertad y someterse a la justicia.
Según la solicitud de imposición de medidas, presentada el pasado domingo, se refiere a que hay siete hechos en los que se involucraba a los ya referidos, junto con Esmeralda Aravel Flores Acosta, José Nelson Acosta, Franklin Bladimir López Flores, Roberto Omar Álvarez Leiva, Wilber Javier Cáceres Benítez, María Cristina Flores de Cruz, a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia A y que actualmente guardan detención en penales como Izalco, Apanteos y cárcel de mujeres.
La acusación señala que la víctima, bajo régimen de protección, declaró que José Nelson se aprovechó que la ofendida estaba embarazada y le ofreció llevársela a la casa de su supuesta sobrina, Esmeralda Flores, con el objetivo que luego le dieran al bebé en adopción. Sin embargo, al arribar a la residencia fue trasladada a una casa en Ahuachapán, en donde sufrió maltrato físico, verbal y psicológico hasta que dio a luz.
Le propusieron quedarse en la casa para que trabajara como empleada doméstica y así estuviese cerca de la niña, pero fue ella siempre sufrió ese tipo de maltrato. La recién nacida fue asentada en la alcaldía municipal de Ilobasco, Cabañas, por Esmeralda, quien fingió ser la verdadera madre. Por otro lado, ella forzó a casarse la víctima con “Emerson” y así poder sacar un seguro de vida, el cual planeaban cobrarlo una vez lo mataran, lo cual no ocurrió. Este sujeto era pareja sentimental de Esmeralda Aravel Flores.
Los imputados obligaron a la verdadera madre de la niña a prostituirse en el lugar llamado “Blue Birds” y el pago se le daba a la acusada. Asimismo, el abogado Edwin Enrique Hernández Varela, fingió ser el esposo de Esmeralda para así lograr el cobro de otro seguro de una señora que vivía en Santa Ana. El médico Arturo Armando Minero Sandoval, quien laboraba en el hospital ProFamilia, como ginecólogo y se daba a la tarea de alterar los plantares de los recién nacidos.
Por último, los acusados forzaron a una nueva víctima llamada “Mateo” a casarse con Eduardo Krhiona Gutiérrez, quien ya falleció, puesto que hubo una planificación previa para cobrar dos seguros de aproximadamente $30 mil cada uno. En este caso la procesada Edith Emelda Ramírez, de 75 años, se prestó para adquirir el dinero.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
