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Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas

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Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas

La Cámara Especializada confirmó la detención provisional, emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción C contra Edwin Enrique Hernández Varela, procesado por agrupaciones ilícitas, trata de personas y falsedad ideológica.

La base de la apelación, presentada por su abogado defensor, fue que la Ley de Trata de Personas no había entrado en vigencia cuando se capturó al referido abogado; sin embargo, la citada instancia sostuvo que efectivamente ya estaba en vigencia, por lo tanto se confirmó la actual detención provisional. El período para que la instrucción termine será hasta el 27 de mayo del presente año. En esa fecha la Fiscalía General de la República (FGR) deberá presentar su dictamen de acusación. Actualmente Hernández Varela se encuentra en el penal de Metapán, Santa Ana.

En su momento el Juzgado Especializado de Instrucción “C” resolvió imponerle detención provisional a la imputada, Edith Emelda Ramírez, acusada por trata de personas agravada, agrupaciones ilícitas, suplantación y alteración del estado familiar, falsedad ideológica y tenencia ilegal de armas de fuego; además, además, le decretó medidas alternativas a los procesados Juan Abilio Guerra Melgar y Arturo Armando Minero Sandoval, quienes siguen sometidos al proceso y cumplen las restricciones.

La jueza interina valoró, el 28 de noviembre del año pasado, los indicios presentados por la FGR, mientras que la defensa del doctor Minero Sandoval y Guerra Melgar entregaron los arraigos familiares y laborales en regla de Ley, además, que el delito permite que en estos casos se pueda procesar a los incoados en libertad. Sin embargo, en el caso de Hernández Varela, abogado de profesión, y Ramírez, de 75 años de edad, deberán afrontar la justicia desde un centro penal. El ente investigador del Estado solicitó 24 semanas (seis meses) para profundizar en las indagaciones, las cuales fueron concedidas por la administradora de justicia. Esto alcanza también a los que quedaron bajo medidas.

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Las otras medidas son presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, cancelar una caución económica de $ 3 mil, no salir del país, presentar antecedentes penales y judiciales para así poder recuperar la libertad y someterse a la justicia.

Según la solicitud de imposición de medidas, presentada el pasado domingo, se refiere a que hay siete hechos en los que se involucraba a los ya referidos, junto con Esmeralda Aravel Flores Acosta, José Nelson Acosta, Franklin Bladimir López Flores, Roberto Omar Álvarez Leiva, Wilber Javier Cáceres Benítez, María Cristina Flores de Cruz, a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia A y que actualmente guardan detención en penales como Izalco, Apanteos y cárcel de mujeres.

La acusación señala que la víctima, bajo régimen de protección, declaró que José Nelson se aprovechó que la ofendida estaba embarazada y le ofreció llevársela a la casa de su supuesta sobrina, Esmeralda Flores, con el objetivo que luego le dieran al bebé en adopción. Sin embargo, al arribar a la residencia fue trasladada a una casa en Ahuachapán, en donde sufrió maltrato físico, verbal y psicológico hasta que dio a luz.

Le propusieron quedarse en la casa para que trabajara como empleada doméstica y así estuviese cerca de la niña, pero fue ella siempre sufrió ese tipo de maltrato. La recién nacida fue asentada en la alcaldía municipal de Ilobasco, Cabañas, por Esmeralda, quien fingió ser la verdadera madre. Por otro lado, ella forzó a casarse la víctima con “Emerson” y así poder sacar un seguro de vida, el cual planeaban cobrarlo una vez lo mataran, lo cual no ocurrió. Este sujeto era pareja sentimental de Esmeralda Aravel Flores.

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Los imputados obligaron a la verdadera madre de la niña a prostituirse en el lugar llamado “Blue Birds” y el pago se le daba a la acusada. Asimismo, el abogado Edwin Enrique Hernández Varela, fingió ser el esposo de Esmeralda para así lograr el cobro de otro seguro de una señora que vivía en Santa Ana. El médico Arturo Armando Minero Sandoval, quien laboraba en el hospital ProFamilia, como ginecólogo y se daba a la tarea de alterar los plantares de los recién nacidos.

Por último, los acusados forzaron a una nueva víctima llamada “Mateo” a casarse con Eduardo Krhiona Gutiérrez, quien ya falleció, puesto que hubo una planificación previa para cobrar dos seguros de aproximadamente $30 mil cada uno. En este caso la procesada Edith Emelda Ramírez, de 75 años, se prestó para adquirir el dinero.

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Condenan a 25 años a pandilleros que asesinaron a un ancianito en Usulután

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El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 25 años de cárcel a cinco integrantes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 por el homicidio agravado de un hombre al que atacaron cuando descansaba en su casa.

De acuerdo con el informe oficial, el crimen se cometió el 16 de enero de 2019, cuando la víctima, de 74 años, descansaba en su casa, en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa, del distrito de Jiquilisco, en el municipio de Usulután Oeste.

Según el reporte fiscal, los cinco terroristas llegaron a la casa de la víctima y la atacaron con arma blanca, por lo que le provocaron lesiones graves en la cabeza y el cuello que le causaron la muerte. Por este hecho han sido sentenciados Gabriel Alberto Iraheta Orellana, alias Turis; Jaime Balmore Beltrán Abarca, alias Domba; Rubén Ernesto Mejía Roque, alias Carmelo; Oswaldo Antonio Castillo, alias Pico; y Milagro del Carmen Mejía Roque.

De momento, los cinco criminales están prófugos de la justicia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Usulután los procesó gracias a la reforma del Código Procesal Penal que permite decretar sentencia firme contra delincuentes que han sido declarados en rebeldía.

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Más de 71,000 pandilleros capturados en el régimen ya guardan prisión por orden de un juez

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El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.

«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.

Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.

«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.

Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.

«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.

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Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.

El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San  Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San  Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.

Mientras que, en La Libertad, las autoridades han detenido a 8,763 mareros, de estos, 7,236 forman parte de la MS, 1,477 son de la 18, y 50 pertenecen a otras pandillas.
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Exdiputado del FMLN y su grupo familiar son condenados por enriquecimiento ilícito

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El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente con $171,345.15 y fueron condenados a pagar esa cantidad de dinero, también quedan inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.

En la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron a los magistrados que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial no justificado.

Con la prueba documental y pericial se determinó que entre el 1 de mayo de 2009 y 30 de abril de 2012, años en los que fue diputado por el departamento de Usulután, obtuvo ingresos que se desconoce la procedencia.

Según el fallo de la Cámara, se lograron establecer los elementos de enriquecimiento ilícito y la representación de los demandados no pudo desvirtuar las irregularidades planteadas por el ministerio público.

El juicio civil] por enriquecimiento ilícito fue promovido por la Fiscalía, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara que el exlegislador junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales, no pudieron desvanecer el incremento patrimonial detectado al revisar la declaración jurada presentada.

La Unidad Anticorrupción demandó por $182,374.61, pero en la resolución los magistrados condenaron por $171,345.15, ya que en una de las irregularidades se cuestionó la compra de un vehículo a costo de $11,029.46, pero se determinó que el automotor fue adquirido antes del período investigado por Probidad.

Hándal Vega fue condenado por cuatro irregularidades por un incremento patrimonial no justificado de $29,496.16; su esposa Lilian Amanda, por seis irregularidades por un monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades por la cantidad de $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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