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UCA dio ultimátum a docente por hablar de alianza de la oposición
La catedrática Julia Evelyn Martínez confirmó ayer que el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, le pidió abstenerse de brindar declaraciones en medios de comunicación sobre la alianza que la oposición política con organizaciones de la sociedad civil estuvieron construyendo, o de lo contrario presentara su renuncia al cargo de docente.
Martínez expresó que el 1o. de junio pasado el recto Oliva junto a la vicerrectora académica de la UCA, Lidia Salamanca, tuvieron una reunión a la que, en principio, se le citó para plantear algunas molestias de su desempeño como docente universitaria.
Sin embargo, durante el desarrollo de la reunión le manifestaron que su trabajo de proyección social dañaba la imagen del centro de estudios.
«Me señalaron que mis intervenciones frecuentes en medios de comunicación, y las reacciones que generan, dañan la imagen de la UCA, y que la imagen de la institución no puede ponerse en peligro. Yo les aclaré que no he hablado en representación de la institución, no soy vocera, no tengo ese cargo», contó Martínez.
En la reunión, las autoridades de la UCA le dieron dos opciones a la catedrática: abstenerse de hacer comentarios que dañaran la imagen de la institución, o de lo contrario, si esta medida no le parecía, que presentara su renuncia.
Según Martínez, les solicitó un plazo prudencial para tomar una decisión, y finalmente el 5 de junio anterior entregó su carta de renuncia como docente.
La economista explicó que el motivo del ultimátum que le dieron fue porque ella confirmó que existía un bloque de partidos y organizaciones civiles de oposición que estaban uniéndose para presentar una candidatura presidencial única en 2024, y que estas reuniones habían iniciado precisamente en el campus de la universidad.
«Todos han estado en las pláticas de hacer una coalición y ahora se retractan. Yo he sido parte de esas reuniones como parte de la sociedad civil y lo digo con propiedad: se están retractando», fueron parte de las declaraciones que ella dio en el espacio Somos La Tribu, el pasado 24 de mayo.
«Defensores de la libertad» callan
El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, cuestionó que la UCA intente silenciar la voz de sus docentes, cuando pregona defender la libertad de expresión; mientras que las organizaciones que también afirman defender los derechos humanos guardan silencio.
«Veamos si Human Right Watch, Cristosal y otros “defensores de los derechos humanos, la libertad de expresión” y demás garantías constitucionales se pronuncian y condenan a la UCA por el atropello a los derechos de esta docente», expuso el vicemandatario.
El jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también señaló que lo sucedido a Julia Evelyn Marroquín violenta sus derechos.
«¿Ah, osea que la UCA de Oliva censura y viola el derecho de las mujeres a expresarse?», mencionó el legislador.
El diputado cian William Soriano reprochó a las autoridades universitarias que han acusado -sin pruebas- al gobierno salvadoreño de instaurar una dictadura, pero silencian a sus propios docentes.
«La UCA: o se calla o renuncia. ¿Y así se atreven a hablar de dictadura? No toleraron que hablara en Canal 10. Podía hablar con Chiquillo Periquillo, El Faro, Factum, y otras tertulias, pero en Canal 10 no», añadió.
El analista Óscar Peñate consideró que las autoridades violentaron el derecho de libertad de expresión a la docente. «La UCA condena la “violación” de los Derechos Humanos, y ella viola los derechos de expresión y de pensamiento de sus empleados», dijo.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
