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UCA dio ultimátum a docente por hablar de alianza de la oposición
La catedrática Julia Evelyn Martínez confirmó ayer que el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, le pidió abstenerse de brindar declaraciones en medios de comunicación sobre la alianza que la oposición política con organizaciones de la sociedad civil estuvieron construyendo, o de lo contrario presentara su renuncia al cargo de docente.
Martínez expresó que el 1o. de junio pasado el recto Oliva junto a la vicerrectora académica de la UCA, Lidia Salamanca, tuvieron una reunión a la que, en principio, se le citó para plantear algunas molestias de su desempeño como docente universitaria.
Sin embargo, durante el desarrollo de la reunión le manifestaron que su trabajo de proyección social dañaba la imagen del centro de estudios.
«Me señalaron que mis intervenciones frecuentes en medios de comunicación, y las reacciones que generan, dañan la imagen de la UCA, y que la imagen de la institución no puede ponerse en peligro. Yo les aclaré que no he hablado en representación de la institución, no soy vocera, no tengo ese cargo», contó Martínez.
En la reunión, las autoridades de la UCA le dieron dos opciones a la catedrática: abstenerse de hacer comentarios que dañaran la imagen de la institución, o de lo contrario, si esta medida no le parecía, que presentara su renuncia.
Según Martínez, les solicitó un plazo prudencial para tomar una decisión, y finalmente el 5 de junio anterior entregó su carta de renuncia como docente.
La economista explicó que el motivo del ultimátum que le dieron fue porque ella confirmó que existía un bloque de partidos y organizaciones civiles de oposición que estaban uniéndose para presentar una candidatura presidencial única en 2024, y que estas reuniones habían iniciado precisamente en el campus de la universidad.
«Todos han estado en las pláticas de hacer una coalición y ahora se retractan. Yo he sido parte de esas reuniones como parte de la sociedad civil y lo digo con propiedad: se están retractando», fueron parte de las declaraciones que ella dio en el espacio Somos La Tribu, el pasado 24 de mayo.
«Defensores de la libertad» callan
El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, cuestionó que la UCA intente silenciar la voz de sus docentes, cuando pregona defender la libertad de expresión; mientras que las organizaciones que también afirman defender los derechos humanos guardan silencio.
«Veamos si Human Right Watch, Cristosal y otros “defensores de los derechos humanos, la libertad de expresión” y demás garantías constitucionales se pronuncian y condenan a la UCA por el atropello a los derechos de esta docente», expuso el vicemandatario.
El jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también señaló que lo sucedido a Julia Evelyn Marroquín violenta sus derechos.
«¿Ah, osea que la UCA de Oliva censura y viola el derecho de las mujeres a expresarse?», mencionó el legislador.
El diputado cian William Soriano reprochó a las autoridades universitarias que han acusado -sin pruebas- al gobierno salvadoreño de instaurar una dictadura, pero silencian a sus propios docentes.
«La UCA: o se calla o renuncia. ¿Y así se atreven a hablar de dictadura? No toleraron que hablara en Canal 10. Podía hablar con Chiquillo Periquillo, El Faro, Factum, y otras tertulias, pero en Canal 10 no», añadió.
El analista Óscar Peñate consideró que las autoridades violentaron el derecho de libertad de expresión a la docente. «La UCA condena la “violación” de los Derechos Humanos, y ella viola los derechos de expresión y de pensamiento de sus empleados», dijo.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
