Las acciones de seguridad que impulsa el Gobierno Central, dirigido por el presidente Nayib Bukele, garantizan que la población disfrute de las festividades de Navidad y fin de año en un ambiente de paz y tranquilidad, sin la zozobra de ser víctima del accionar delincuencial de grupos criminales.

El Salvador experimenta una reducción histórica de los homicidios, porque la gran mayoría de los integrantes de pandillas —que eran los autores materiales e intelectuales— han sido puestos tras las rejas. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), en diciembre se registran 14 días sin homicidios a escala nacional y 168 en todo el año.

De esta última cantidad, 161 días corresponden al período de implementación del régimen de excepción, que fue aprobado el 27 de marzo pasado por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo.

Con esa medida constitucional, que la oposición política sigue sin apoyar, las autoridades ya reportan la captura de 60,452 pandilleros, incluidas personas que ordenaron y materializaron el repunte de homicidios ocurrido entre el 25 y 26 de marzo pasado.

El régimen de excepción se sumó al Plan Control Territorial (PCT), que desde 2019 impulsó el presidente Bukele para combatir a las pandillas y el crimen organizado. Ha sido el gobernante quien todo el año ha liderado el trabajo de seguridad pública y realizado constantes reuniones con su Gabinete de Seguridad, más el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, para combatir a las pandillas, con las cuales los partidos ARENA y FMLN pactaron en el pasado, cuando tenían el poder.

«Todos a disfrutar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en total seguridad. Nosotros seguimos. #GuerraContraPandillas», escribió el mandatario en Twitter, quien recientemente anunció que, gracias a la reducción de los homicidios, El Salvador es el país más seguro de América Latina.

Los diputados del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Christian Guevara y Alexia Rivas, coincidieron ayer en que el PCT y el estado de excepción han sido claves para la reducción de los delitos graves, como los homicidios y las extorsiones, que cometían los integrantes de grupos terroristas.

Los legisladores ejemplificaron que, desde el inicio de la fase V del PCT, la tranquilidad ha retornado a Soyapango, municipio que anteriormente fue asediado por los grupos delincuenciales. Señalaron que los negocios, como las tiendas y ventas de comida, han comenzado a funcionar nuevamente gracias al trabajo de seguridad.

«Las pandillas les violentaron muchos derechos a los salvadoreños. Entre los más afectados fueron el de la libre movilidad y la educación. También se perdieron oportunidades de empleos y de importante inversión», lamentó la legisladora cian.