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Plan Control Territorial puso fin a los asesinatos de buseros y microbuseros
La continuidad de los planes de seguridad implementados por el presidente Nayib Bukele, permitió que durante el 2024 no se registraran asesinatos de buseros ni microbuseros de las diferentes rutas del transporte colectivo de pasajeros; la estrategia también liberó a este sector del pago de extorsión y «aguinaldo» navideño que exigían los mareros.
Por décadas, los transportistas fueron golpeados por la violencia homicida provocada por las pandillas que financiaban su accionar criminal con la extorsión, mal llamada «renta», que los empresarios entregaban para que no les asesinaran conductores, cobradores y despachos de rutas.
Cada año, se estima que los transportistas pagaban más de $19 millones en extorsión. Para esta época, estos criminales exigían un pago adicional en concepto de «aguinaldo» navideño.
Hace unos días, un representantes de la Mesa Nacional del Transporte, informaron que durante este año su personal no ha sufrido atentados armados ni bajas, tampoco desembolso por extorsión ni asaltos en las unidades gracias a la presencia de las fuerzas del orden.
Una de las peticiones más recurrentes que los empresarios hacen al gobierno central es la de mantener vigentes las medidas de seguridad, como el régimen de excepción, porque les ha devuelto la tranquilidad.
El Plan Transporte Seguro ha garantizado la tranquilidad de miles de usuarios que a diario viajan en las diferentes unidades. La población se siente confiada con la presencia de policías y soldados, es recurrente ver el uso de dispositivos móviles sin temor a ser asaltado.
ARENA Y EL FMLN NO EVITARON ASESINATOS
Por más de 30 años, los mareros asesinaron con total impunidad a motoristas, cobradores y empresarios del transporte colectivo ante la mirada pasiva de los gobiernos corruptos de los partidos ARENA y FMLN que implementaron estrategias blandas y fracasadas para combatir a los criminales.
En 2022, durante la asamblea general, la Mesa Nacional del Transporte informó que 2,452 personas vinculadas al transporte colectivo entre buseros y microbuses de las diferentes rutas, así como cobradores, despachadores y empresarios habían sido asesinados en ataque de pandillas entre el 2004 y mediados de 2019. La gremial aglutina el 85 % de las rutas que circulan en el país.
Según datos del Viceministerio de Transporte (VMT), se tiene registro de 1,266 rutas que proporcionan servicio de transporte a los salvadoreños; en el territorio circulan más de 10,150 unidades, de las cuales 6,787 son autobuses y 3,363 microbuses.
Actualmente, la gremial mantiene constantes acercamientos con representantes del gobierno para discutir temas de interés mutuo. El ingreso de algunas rutas a colonias donde antes no lo hacían por la presencia de las maras es resultado de la estrategia gubernamental.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
