La Asamblea Legislativa contribuye con la formación de más de 300 niños de escasos recursos que residente en La Libertad, a través de la emisión de un decreto que posibilitará el financiamiento de un programa de becas educativas.

Durante la sesión plenaria 101, los legisladores aprobaron reformar la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, con el objetivo de transferir $200,000 de la asignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, específicamente a la línea de trabajo «Programas Educativos a través de Socios Estratégicos».

Los fondos serán utilizados para asumir los costos de estudio de niños y niñas en los colegios Citalá y Villanueva, en el distrito de Santa Tecla, los cuales forman parte de la Asociación Promotora de Centros Educativos [APCE], una red de colegios bilingües.

El colegio Citalá atiende a niños de 12 y 18 años en instalaciones del colegio Lamatepec y el colegio Villanueva da formación a niñas en el colegio La Floresta.

«El costo por estudiante es de $1,125 incluye el uso de instalaciones de los colegios, así como transporte, tutoriales escolares, uniformes y una atención personalizada para ellos», dijo el diputado de Nuevas Ideas, Giovanny Zaldaña.

Un paquete de reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas fue autorizado, ayer, por la Asamblea Legislativa con el aval de 57 diputados.

Las modificaciones tienen el propósito de favorecer la creación y consolidación de las Mypes, que actualmente representan el 99.6 % del tejido empresarial en El Salvador.

Entre los cambios aprobados está la reclasificación de las Mypes, de manera que las microempresas serán consideradas todas aquellas que tienen un ingreso mensual de hasta 500 salarios mínimos del sector comercio y un máximo de diez empleados.

A su vez, las microempresas tendrán una subclasificación de las que están en fase de subsistencia y obtienen ingresos de hasta 57 salarios mínimos y tienen contratados hasta dos trabajadores; otra categoría es la Acumulación, que son aquellas que obtienen ingresos mensuales arriba de los 57 salarios, hasta 300; finalmente, está la Expansión que son todos los negocios en las que hay un ingreso mensual arriba de 300 salarios mínimos hasta 500.

Por otra parte, la reforma considera a las pequeñas empresas y a todos los negocios que obtienen en ventas más de 500 salarios mínimos del sector comercio hasta 5,000 salarios mínimos. Además, tienen empleadas a un grupo de personas que oscila entre 11 y 50.

Otro cambio es que las instituciones deberán cancelar los bienes o servicios que contraten a las Mypes en un período máximo de 30 días o deberán asumir el pago de intereses.

Con el propósito de evitar los cargos excesivos a las Mypes se incorpora el principio de proporcionalidad en trámites y costos administrativos.

El decreto también incluye la creación del Sistema de Representación y Consulta de las Mypes que permitirá la coordinación entre el sector empresarial, actores territoriales e instituciones públicas a fin de mejorar las condiciones del sector.

Como parte de ese sistema, se establece que las alcaldías deberán crear mesas técnicas representativas locales donde se mantenga un diálogo entre autoridades y las Mypes que den paso a la creación de proyectos y programas que dinamicen la economía local. El sistema será implementado y supervisado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa [CONAMYPE].

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) informó que actualmente 83 trámites del Centro Nacional de Registros (CNR) pueden completarse en un plazo de un día, luego de haber sido revisados, simplificados y registrados en el Registro Nacional de Trámites (RNT) como parte de un proceso orientado a agilizar los servicios públicos y mejorar el clima de negocios en El Salvador.

De acuerdo con el listado oficial publicado por la institución, estos procedimientos abarcan diversas áreas relacionadas con registros, certificaciones, derechos de autor, patentes, matrículas de empresas y transferencias de dominio, entre otros servicios que ahora cuentan con un tiempo de respuesta efectivo de un día. 

Entre los trámites incluidos se encuentran certificaciones registrales, constancias, copias simples de documentos, inscripción y modificación de sociedades, así como la inscripción de matrículas de empresas o su renovación. También figuran procedimientos vinculados con el registro de derechos de autor, búsqueda de antecedentes de signos distintivos y diversas modalidades de transferencia o transmisión de dominio, como compraventas, donaciones o traspasos por herencia.

Según la directora ejecutiva del OMR, Mariana Carolina Gómez, este avance forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa impulsada en coordinación con diferentes instituciones públicas.

«En el OMR realizamos un análisis integral de los trámites mediante la metodología del “Ecosistema del trámite”, que toma en cuenta diferentes perspectivas, actores y entorno digital. Trabajos coordinados aseguran beneficios a la población y administración pública salvadoreña», explicó la funcionaria.

El proceso de revisión forma parte de un esfuerzo institucional para evaluar cada procedimiento administrativo, verificar su base legal y eliminar requisitos innecesarios antes de incorporarlo al Registro Nacional de Trámites (RNT), una plataforma que centraliza la información oficial sobre los servicios públicos disponibles para ciudadanos y empresas.

De acuerdo con cifras del organismo, hasta el 4 de marzo se han simplificado, verificado e inscrito un total de 1,844 trámites y modalidades pertenecientes a 31 instituciones de la administración pública. Este proceso, según el OMR, busca reducir tiempos de respuesta, mejorar la transparencia administrativa y facilitar el acceso de la población a los servicios del Estado.

Gómez señaló que este trabajo se realiza de manera coordinada con instituciones del Gobierno central y municipalidades, con el objetivo de estandarizar procesos y modernizar la gestión pública.

«Simplificar, eliminar requisitos innecesarios e inscribir trámites lo realizamos de forma conjunta desde el OMR con la administración pública y municipalidades, para atraer inversión y fomentar clima de negocios», afirmó.

La inscripción de los procedimientos en el Registro Nacional de Trámites también permite que los ciudadanos consulten de forma centralizada los requisitos, modalidades y tiempos de respuesta a través de la plataforma tecnológica SIMEJORA, lo que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de servicios públicos.