Nacionales
Niveles de seguridad inéditos en El Salvador con régimen de excepción
El presidente de la república, Nayib Bukele, destacó los logros que El Salvador ha tenido en materia de seguridad pública con la implementación del régimen de excepción, que fue aprobado y posteriormente prorrogado por la Asamblea Legislativa.
«Estamos logrando lo que nadie pensó que sería posible. Seguimos… #GuerraContraPandillas», escribió el mandatario en Twitter, y acompañó el mensaje con un video en el que se observa la portada que «Diario El Salvador» publicó el domingo pasado, en la que informó que no hubo homicidios en una semana.
En el video también se observan imágenes de los operativos desarrollados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada que siguen capturando a pandilleros y ejecutando múltiples decomisos de dinero y droga que estaban en poder de los grupos delincuenciales.
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación del presidente Bukele y escribió en Twitter: «Por eso apoyamos al presidente. Por eso seguiremos apoyando al presidente. La transformación del país es un hecho. Vamos por el camino correcto».
Como parte del accionar contra las pandillas, la PNC reportó ayer que el lunes 23 de mayo capturó a 404 delincuentes a escala nacional y que desde el inicio del régimen de excepción hasta ayer contabilizó el arresto de 34,216.
El régimen de excepción, una medida especial contemplada en la Constitución de la República, fue aprobado en la sesión plenaria extraordinaria del domingo 27 de marzo anterior —para enfrentar la ola de homicidios que las pandillas provocaron días antes— con los votos de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC; en cambio, ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y VAMOS no lo respaldaron.
Además de los decomisos, la PNC también informó que desde el inicio de la implementación del régimen de excepción hasta ayer se contabilizan 28 días sin homicidios, y 35 en todo el año sin la medida constitucional.
Diputados del grupo parlamentario de Nuevas Ideas dijeron que los operativos y los decomisos de ilícitos han sido efectivos para el combate de las pandillas y también resaltaron la importancia del régimen de excepción para enfrentar los homicidios causados por los grupos terroristas.
El coordinador de la bancada cian, Christian Guevara, dijo ayer: «No nos da miedo tomar las decisiones correctas para las grandes mayorías. Las presiones de cualquier sector, vengan de donde vengan, no nos detendrán». Sus declaraciones surgieron previo a la sesión plenaria ordinaria que será celebrada hoy, en la que será aprobado un nuevo decreto de régimen de excepción por 30 días.
El presidente de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Eduardo Amaya, se mostró ayer —en la entrevista A:M, de Canal 10— a favor de un nuevo régimen de excepción acorde con lo mandatado en la Constitución. «Como diputados nos debemos a la población, y es justo que las capturas de delincuentes sigan. Los pandilleros van a recibir las condenas que se merecen porque tenemos un sistema judicial renovado», dijo el legislador en la entrevista.
ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo se oponen a un nuevo régimen de excepción.
Por: DES.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
