Nacionales
Ministerio de Hacienda pedirá cuentas a las alcaldías por $191.7 millones
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ayer a la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto transitorio para que esa cartera de Estado audite los fondos que recibieron las 262 municipalidades del país para atender las emergencias por desastres naturales y la COVID-19.
Las comunas recibieron $191.7 millones procedentes de los $2,000 millones del fondo de emergencia y de recuperación y reconstrucción económica del país.
«Ya pasaron 11 meses desde que se asignaron estos recursos a las alcaldías, y no han rendido cuenta de su uso», recordó Zelaya.
Hacienda ahora busca que de forma transitoria se le faculte para llevar a cabo auditorías sobre el uso de esos recursos, ya que no cuenta con las herramientas para fiscalizarlos.
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda sería la que haga las auditorías, por estar facultada para dar seguimiento contable al manejo del patrimonio público.
Los hallazgos se enviarán a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la República, «con la finalidad de que se constituyan en instrumentos probatorios en la determinación de responsabilidades en aquellos casos que la misma fuera pertinente ser determinada».
El proyecto de decreto establece que las alcaldías tendrán 10 días hábiles para entregar toda la información requerida por Hacienda.
Además, establece que se podrán emitir disposiciones administrativas para garantizar el cumplimiento de las auditorías y los resultados esperados de la fiscalización de los recursos recibidos.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
