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Mandatario salvadoreño asegura no permitirá reformas al aborto, matrimonios entre el mismo sexo y eutanasias
El mandatario asegura que las reformas a la Constitución que propondrá a la Asamblea Legislativa garantizarán derechos al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación., a un salario justo y a una pensión digna.
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió de manos del vicepresidente Félix Ulloa un pliego de propuestas de reformas a la Constitución de El Salvador el pasado miércoles 15 de septiembre por la noche, luego de las celebraciones por el aniversario 200 de la Independencia salvadoreña. Bukele, en un mensaje escrito en redes sociales este viernes 17, aclaró que en las reformas que él propondrá a la Asamblea Legislativa no se incluirá ninguna que avale o deje puertas abiertas para que en el país se despenalice el aborto, ni las eutanasias, ni tampoco los matrimonios entre personas del mismo sexo.
«La oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se ha encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es ‘aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia’. Nada más alejado de la realidad», escribió el presidente.
Bukele dijo: «Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga».
Por ello, el mandatario aclaró que, si bien la propuesta original entregada por el vicepresidente Ulloa no incluye y ni siquiera menciona esos tres temas, tomó la decisión de «no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia».
Bukele aseguró que las reformas a la Constitución que propondrá a la Asamblea Legislativa garantizarán derechos «al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación., a un salario justo y a una pensión digna».
Asimismo, dijo que las nuevas reformas constitucionales obligarán a cualquier gobierno futuro «a invertir en salud, educación, acceso a la tecnología, que proteja el medio ambiente, que limpie y mantenga limpios nuestros ríos y playas y a que no puedan destruir lo que queda de nuestros bosques».
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
