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Mandatario salvadoreño asegura no permitirá reformas al aborto, matrimonios entre el mismo sexo y eutanasias
El mandatario asegura que las reformas a la Constitución que propondrá a la Asamblea Legislativa garantizarán derechos al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación., a un salario justo y a una pensión digna.
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió de manos del vicepresidente Félix Ulloa un pliego de propuestas de reformas a la Constitución de El Salvador el pasado miércoles 15 de septiembre por la noche, luego de las celebraciones por el aniversario 200 de la Independencia salvadoreña. Bukele, en un mensaje escrito en redes sociales este viernes 17, aclaró que en las reformas que él propondrá a la Asamblea Legislativa no se incluirá ninguna que avale o deje puertas abiertas para que en el país se despenalice el aborto, ni las eutanasias, ni tampoco los matrimonios entre personas del mismo sexo.
«La oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se ha encargado de esparcir rumores y una campaña sucia de que la intención es ‘aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia’. Nada más alejado de la realidad», escribió el presidente.
Bukele dijo: «Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga».
Por ello, el mandatario aclaró que, si bien la propuesta original entregada por el vicepresidente Ulloa no incluye y ni siquiera menciona esos tres temas, tomó la decisión de «no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia».
Bukele aseguró que las reformas a la Constitución que propondrá a la Asamblea Legislativa garantizarán derechos «al agua, al aire limpio, a la educación de calidad, a la salud, a la vivienda, al acceso a internet, a la inclusión financiera, a créditos sin usura, a la seguridad, a la alimentación., a un salario justo y a una pensión digna».
Asimismo, dijo que las nuevas reformas constitucionales obligarán a cualquier gobierno futuro «a invertir en salud, educación, acceso a la tecnología, que proteja el medio ambiente, que limpie y mantenga limpios nuestros ríos y playas y a que no puedan destruir lo que queda de nuestros bosques».
Durante la noche del jueves, agentes de la Policía nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres, quienes protagonizaron una pelea en la vía pública en San Marcos, San Salvador Sur.
Los detenidos fueron identificados como Mario Saúl Sandoval Pérez, de 54 años, conductor de un bus de la ruta A y Werner Vladimir Interiano Alarcón, de 48 años, conductor de un camión.
«Ambos fueron captados en un video mientras peleaban luego de disputarse la vía en la calle principal Alfonso Alballero, de San Marcos», escribió la PNC en su cuenta de X.
La Policía informó que los detenidos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
