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Los dueños de fábricas clandestinas de pirotécnicos tienen que legalizarlas para evitar el riesgo de accidentes
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele hizo un llamado a la reflexión a quienes se dedican a la venta y fabricación clandestina de productos pirotécnicos para que registren sus negocios y adquieran niveles de seguridad a través de las capacitaciones que brinda el Cuerpo de Bomberos.
Estas acciones contribuirán a que en la temporada de Navidad y Año Nuevo haya menos riesgo de incendios debido a la mala manipulación de pólvora. El último caso fue reportado este domingo en una vivienda del cantón Candelaria, en El Carmen, Cuscatlán, donde hubo una explosión de productos pirotécnicos, dejando a cinco personas fallecidas.
“Se entiende que las familias buscan un sustento para mantener a sus seres queridos, pero considero y hago el llamado a que no vale la pena el riesgo. Al final suceden estas tragedias y ya no hay nadie a quien sustentar, no vale la pena que perdamos a nuestras familias, es doloroso”, expresó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
Tome Nota: En el rubro de venta y fabricación de productos pirotécnicos, las personas interesadas pueden avocarse a Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, donde están establecidos los requisitos para legalizar un negocio de este tipo. Se otorgan cuatro tipos de licencia: Para fabricación, comercialización, manipulación en espectáculos pirotécnicos y para persona artesana en pirotécnica.
“Hay una ley que es del 2014, en donde está el tarifario de las licencias y para este tipo de negocios que es maquilero de otras coheterías u otras fábricas de pirotécnicos, las licencias cuestan $22.00 al año”, explicó el ministro.
El Cuerpo de Bomberos ya inició las capacitaciones para los vendedores y fabricantes de pólvora para que conozcan las medidas preventivas a adoptar, previo a las festividades. Las personas que todavía no han agendado una cita pueden hacerlo a través del número 913. Asimismo, se le pide a la población para que denuncien los negocios clandestinos de productos pirotécnicos.
El Gobierno tiene preparado un plan para implementar en los próximos días, que como todos los años persigue el objetivo de salvaguardar el bienestar de los salvadoreños.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
