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La DGCP traslada a 171 reos del penal de San Miguel hacia La Unión y Usulután
La Dirección Nacional de Centros Penales (DGCP) informó esta mañana sobre el traslado de 171 privados de libertad del penal de San Miguel hacia La Unión y Usulután con el objetivo de bajar los índices de sobrepoblación. El director explicó que hay una probabilidad de que este reclusorio sea cerrado.
Fuentes de la Dirección señalaron que del total de los internos 49 serán enviados al penal de La Unión y 122 repartidos en Usulután y Jucuapa, en ese mismo municipio.
En los últimos meses la institución ha iniciado movilizaciones masivas de personas que cumples sus condenas en diferentes centros penales para bajar la sobrecarga en cada uno de ellos y uno de los que está bajo la lupa es el San Miguel el cual ha recibido varias quejas por parte de los vecinos y autoridades municipales.
El Director de la DGCP, Marco Tulio Lima, señaló que esto se llegará a dar a medidas las condiciones y el avance del sistema penitenciario lo permita.
“Esta demanda (de clausurar) que hay de la ciudadanía, más adelante, se tomará la decisión con las capacidades que pueda tener el sistema penitenciario tanto en el tratamiento en el tema de la detención provisional, del nivel de personas que vayan ocupando el espacio disponible”, explicó en una rueda de prensa el pasado 11 de abril.
Lima dejó entrever que no existe una fecha exacta del cierre definitivo de este centro de cumplimiento de penas.
Las demandas de la ciudadanía señalan sentirse inconformes de tener en el centro de la ciudad ya que interfiere con la señal telefónica y no es propicio en la zona urbana.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
