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Suspenden vista pública contra exfiscal general, Luis Martínez debido a que la FGR no entregó información sobre el testigo criteriado «Troya»

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Este jueves fue suspendida la vista pública contra el exfiscal general, Luis Martínez, su colaborador Julio Adalberto Arriaza y el abogado Héctor Francisco Grimaldi, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no entregó información sobre el testigo criteriado “Troya”.

Dicha información fue solicitada por la defensa de los imputados, la cual sostuvo que los delegados del Ministerio Público habrían actuado maliciosamente al ocultar información del testigo.

De tal forma, se advirtió que los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y Luis Montes Pachecho solicitaron el criterio de oportunidad para el testigo de clave “Troya” de forma extemporánea para realizar la petición ante el juez.

Según los abogados defensores, la prueba obtenida se encuentra fuera del plazo de instrucción, que tuvo su fin el 30 de septiembre de 2017, mientras que la entrevista al testigo se dio el 2 de octubre del mismo año. Para ello no hubo participación ni comunicación a la defensa.

A pesar de lo expuesto, el juez de instrucción concedió el criterio de oportunidad solicitado por los fiscales Guerra de Quintanilla y Montes Pacheco.

Esto ha parecido irregular para la defensa ya que, desde su perspectiva, con esta oportunidad a favor de “Troya” su testimonio en la vista pública no tiene validez probatoria.

“El juez 8° de instrucción de San Salvador: Mario Osmín Mira Montes, ocultó la información a todos los acusados y a sus defensores desde octubre de 2017, cuando se supone se realizó la entrevista. Sin comunicarle a la defensa y manteniendo a la fecha ocultó, inclusive, cuál fue el juez que otorgó el mencionado criterio”, detallaron los abogados defensores.

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Pandilleros condenados por extorsión

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La unidad especializada de delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República logró condenar a siete miembros de la pandilla Barrio 18 por el delito de Extorsión Agravada, modalidad continuada, en perjuicio una víctima protegida.

Los sentenciados son:

Nancy Patricia Santos Cruz, Yenmy Adilene Alvarado Peña, Carmen Lucía Palacios Quintanilla, Silvia Aracely Sarmiento Vásquez,

Jennifer Eneyda Paredes López, Nerys Edgardo Morales. Todos condenados a 20 años de prisión por el Ilícito en mención. Mientras que Jonhy Stanley Garcia Rosales fue sentenciado a 10 años.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los condenados eran los encargados de recoger el dinero proveniente de la Extorsión, que otros miembros de la misma pandilla exigían a comerciantes y empresarios de la zona norte del departamento de La Libertad y sur poniente de Sonsonate.

Los hechos ocurrieron durante todo el año 2019, en los municipios de Colón, Sacacoyo, Santa Tecla, departamento de La Libertad; y Armenia, Sonsonate.

El juez 1° de sentencia de Santa Tecla validó toda prueba presentada por los fiscales del caso y decidió imponer la pena máxima establecida para el delito de Extorsión a cada imputado.

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Enjuician a 94 pandilleros por homicidios y desapariciones en La Libertad

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Escuchas telefónicas y la declaración de un testigo con beneficios penales son las principales pruebas que la Fiscalía General de la República ha presentado en la vista pública contra 94 miembros de la Mara Salvatrucha de La Libertad vinculados a homicidios y desapariciones de personas.

El testigo quien por años formó parte de la pandilla ha detallado que a las 24 personas que desaparecieron, las ubicaron y privaron de libertad, para posteriormente transportarlas en los denominados «taxis piratas».

La pandilla decidió utilizar ese tipo de vehículos para no levantar sospechas al momento de movilizar a sus víctimas a zonas desoladas y que tenían como centro para delinquir.

En el juicio, el ministerio público atribuye a los miembros de varias clicas de La Libertad, 24 casos de personas que fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019.

En la vista pública los fiscales han expuesto que de las 24 víctimas que fueron desaparecidas, lograron encontrar siete en fosas clandestinas y que otras cinco personas no fueron identificadas pero que están en proceso para verificarlo.

Varias de las personas fueron llevadas por los pandilleros a la zona de la finca El Espino y otras del sector de Santa Tecla, Comasagua y Zaragoza. Entre todas las clicas había una comunicación e intercambio de información sobre los hechos a cometer.

Un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Investigación de Pandillas y Homicidios, y de la Unidad de Personas Desaparecidas, también han presentado cargos ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador por 32 homicidios.

Además de los homicidios y desapariciones, la Fiscalía acusa a los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, el criteriado ha mencionado la función que tuvo cada uno de ellos dentro de las clicas y el grado de participación en los delitos.

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La permanencia en la pandilla es determinante para una condena por ese delito. Dentro de los 94 imputados figuran 16 cabecillas de diferentes rangos, quienes fueron los encargados de ordenar las desapariciones y los homicidios, según ha mencionado el ministerio público en el desarrollo del juicio.

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100 años de prisión para homicidas de dos agentes policiales

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El Tribunal Primero de Sentencia, de Santa Ana, condenó a 100 años de prisión a Edwin Armando Ramos Sandoval y Miguel Antonio Martínez Guevara, por el homicidio agravado de dos agentes policiales.

A los acusados se le impuso una pena de 50 años de cárcel por cada homicidio.

Cabe mencionar que esto ocurrió en abril del año 2019, cuando ambos miembros de la PNC patrullaban a bordo de una motocicleta en el Barrio San Rafael, de Santa Ana, cuando fueron atacados con armas de fuego.

Foto: Centros Judiciales
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