Judicial
Sentencian a sujeto que realizó transacción de drogas dentro de un centro comercial de San Salvador
La Unidad Especializada de delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía General de República (FGR) reporta, este lunes, las condenas de 11 y 8 años de cárcel a dos sujetos acusados por los delitos de extorsión y de tráfico ilícito de drogas.
El primero de los procesos se llevó ante el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, ante el cual, Héctor Antonio Retana Mendoza, enfrentó la vista pública por el delito de Extorsión Agravada.
La víctima, bajo régimen especial de protección,detalló que el ahora condenado le exigía diferentes cantidades de dinero y amenazaba con causarle daños materiales a su negocio o a su integridad física.
“Como Fiscalía, pudimos probar la existencia del delito y su participación delictiva. Al final el juez, lo declaró culpable y le impuso la condena de 11 años de prisión”, explicó el fiscal del caso.
En un segundo juicio, realizado por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, se logró la condena para Josué Ernesto Peraza, quien fue sentenciado a una pena de 8 años por el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y Activos.
De acuerdo al informe fiscal, Ernesto Peraza, fue arrestado el 18 de septiembre de 2018, incautándole la cantidad de $13 mil 485, dinero que obtuvo de una transacción de drogas en el interior de un populoso centro comercial capitalino.
Además, se le incautó el efectivo y una lujosa camioneta, que serán remitidos a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, para seguir con el correspondiente despojo ante sede judicial.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
