Judicial
Secretaria del SINEJUS: “Se contrató a un grupo llamado Tropicalísimo para que fuera a cantar, no sabíamos que iban a enseñar las piernas”
Luego de que surgieran diversos videos y fotografías de una fiesta de empleados del Órgano Judicial que tuvo lugar en la sala de audiencias 5-B del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en San Salvador, la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), Reina Sigarán, se pronunció referente al tema.
La secretaria explicó lo que ocurrió: “Se celebró una asamblea de elección del sindicato y como somos empleados del Órgano Judicial se nos prestó la sala. Después de las elecciones se hizo un pequeño evento de alegría no pornografía”.
“Esta actividad fue sana, no hay alcohol ni droga, no hay delito. Se contrató a un grupo llamado Tropicalísimo para que fuera a cantar, no sabíamos que iban a enseñar las piernas”, comentó en su cuenta personal de Facebook.
Sigarán indicó que hubo “una mala intensión” por personas “enemigas” de los empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, emitió opinión en contra de los medios de prensa que hicieron la publicación de la fiesta celebrada el pasado 25 de agosto.
Aseguró que se pidió autorización al administrador del Centro Judicial para hacer uso de la sala de audiencias para realizar la Asamblea General para elección de la junta directiva.
“Quiero pronunciarme en cuanto a la mala intensión de algunas personas enemigas de los trabajadores y de la Corte Suprema de Justicia al querer vincular que se han hecho actos ilegales en una sala de audiencia”, comentó la integrante del sindicato.
“Es de aclarar que los medios solo buscan hacer noticias, por otra parte el sindicato no tiene local propio y se paga todo evento con los fondos del sindicato”, agregó la secretaria del SINEJUS.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
