El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla suspendió hoy la instalación del nuevo juicio, que se tenía previsto durara del 20 al 29 de junio, contra dos oficiales y tres cadetes acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera Juan Carlos Zelaya Díaz. El motivo principal es que el juez designado por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, Lic. Cruz Antonio Pérez Granados, se encuentra fuera del país en una misión oficial, por lo que la diligencia iba a ser conocida por un juez suplente.

La decisión de la reprogramación de la vista pública fue dada a conocer a las partes en una audiencia especial por el juez suplente, Lic. Jorge Eduardo Tenorio, quien explicó a las partes la situación. Además, aclaró que debido a que el tribunal se encuentra saturado con audiencias ya programadas, la nueva fecha para este juicio será del 21 al 31 de agosto del presente año, a partir de las 8:00 de la mañana.

Durante la diligencia judicial, el juez suplente también resolvió sobre un escrito presentado por el padre del joven fallecido, donde solicitaba se le tuviera como víctima en el proceso, por lo que el juez admitió el escrito y ordenó se incorporara al proceso.

El nuevo juicio se llevará a cabo tras una resolución de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, emitida el 21 de marzo de 2018, a las 8:16 de la mañana, que resolvió un recurso de apelación a petición de los defensores de los acusados Rafael Cañas Abarca, Jayro Orlando Baires Salinas, Emmanuel Navas Contreras, Jaime Isaac Lemus Martínez y Geovanny Ernesto Rosales Grijalva.

Todos son acusados del homicidio agravado en comisión por omisión, previsto y sancionado en el Artículo 128 en relación al Artículo 129, numeral 3 y 20 del Código Penal, en perjuicio de la vida de Zelaya Díaz.

La resolución de la apelación de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla ordenó anular la sentencia definitiva condenatoria, pronunciada en contra de los cinco imputados y ordenó la reposición de la vista pública, a efecto de que un nuevo juez reponga dicho acto y dicte conforme a derecho corresponda. Ese nuevo juez designado fue el Licenciado Cruz Antonio Pérez.

Debido a que a los imputados se les venció el plazo de detención provisional de 24 meses y no hay una sentencia firme debido a la resolución de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, el nuevo juez asignado al caso resolvió el 4 de mayo de 2018, a las 3:20 de la tarde, algunas condiciones para que los imputados enfrente el proceso penal en su contra, garantizando la comparecencia de los mismos a los actos del proceso. Es por ello que les sustituyó la detención provisional por las siguientes medidas: Los imputados deben rendir una caución económica de $2,000 cada uno; deben presentarse al tribunal los lunes de cada semana o el siguiente día hábil, a las 8:00 de la mañana; no pueden salir del país, ni cambiar de domicilio; así como tampoco pueden comunicarse con los familiares de la víctima y testigos que figuran en el proceso ya sea verbal, inalámbrico o virtual. Todas esas medidas deberán de continuar cumpliéndolas hasta que se instale el juicio en agosto próximo.

Respecto a la reserva total del presente caso, que fue decretada en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán y que se mantuvo en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y por el juez del Tribunal 1º de Sentencia que conoció la anterior vista pública, el nuevo juez resolvió modificarla a una reserva parcial, en función al principio general de publicidad de los juicios, salvo las excepciones establecidas en el Artículo 369 del Código Procesal Penal; y al Artículo 4 literal a) y Artículo 6 literal C) de la Ley de Acceso a la Información Pública, que regulan que la “información es pública” potenciando “el principio de máxima publicidad”.

Sin embargo, el juez aclaró que la reserva parcial limitará lo que también establece el Artículo 369 del Código Procesal Penal referente a los detalles del juicio que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Es por ello que ordena que pese a que los medios de comunicación o ciudadanos pueden estar presentes en el desarrollo del juicio, “no se deben dar a conocer en detalle los procedimientos de entrenamientos de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes tienen por misión constitucional ser los encargados de la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio nacional”.

En ese sentido, quien contraviniere dicha disposición plasmada en la resolución emitida, el Tribunal tendrá la potestad de hacer las certificaciones correspondientes y enviarlas a la Fiscalía General de la República, para que actúe conforme a la ley.

El hecho por el que enfrentarán un nuevo juicio los cinco acusados ocurrió el 3 de octubre del año 2014, en la piscina Teniente Cadete Jaime Iván Orellana Álvarez, ubicada en el interior de la Escuela Militar, al final de la Avenida Jerusalén y Calle El Espino, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad