Judicial
Norman Quijano reitera su inocencia tras acusaciones de la FGR: «Soy víctima del poder»
Luego de conocer las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo en contra del diputado Norman Noel Quijano González, finalmente el diputado tricolor hizo un pronunciamiento público en conferencia de prensa, sobre los graves señalamientos, sin embargo, finalizado su discurso, evitó responder las preguntas de los periodistas.
El parlamentario aseguró que es «víctima del poder» y que esta dispuesto en enfrentar el juicio con la frente en alto.
En ese sentido, el parlamentario dijo que desde un principio ha dicho que se trata de un «teatro» e incluso cuestionó la seriedad de la acusación que en su contra hace la Fiscalía General de la República (FGR), donde lo señala de haber negociado con las pandillas en los procesos electorales del 2014 y del 2015.
El legislador recriminó al titular del ministerio público porque “todo el requerimiento se centra en las palabras de un criminal”.
Quijano González aseveró, que su caso forma parte de una «conjura» de parte del gobierno e incluso reiteró, que nunca negoció con pandilleros, que nunca busco ningún beneficio particular y menos quiso alterar el resultado de las elecciones del 2014 y 2015.
“Nunca financié y nunca toqué un centavo durante la campaña presidencial”, afirmó el político tricolor.
De igual forma señaló, que durante su campaña presentó una serie de propuestas o plan de gobierno a todo ciudadano que quiso escuchar su planteamiento, lo que se reunió con diferentes sectores de la vida nacional, que incluyó a campesinos, cafetaleros, maestros, médicos, personas humildes y con pastores.
“Me reuní con varios sectores, pastores, profesionales de la salud, campesinos y todo se ha centrado en un video donde me reuní con la Red de Pastores”, reprochó el diputado tricolor, al mismo tiempo que descalificó las palabras del testigo criteriado clave “Noé”.
“Nunca me he inmutado, siempre he dado la cara ante ustedes la prensa. Eso es porque no tengo nada que ocultar, tengo mi conciencia tranquila», remarcó el diputado Quijano que evitó responder las preguntas de la prensa que quería profundizar en los señalamientos que enfrenta.
El expresidente de la Asamblea Legislativa afirmó que enfrentará el proceso de antejuicio “con la frente en alto”, aunque no especificó si pedirá que se le quite el fuero constitucional para demostrar si sus declaraciones son ciertas en los tribunales de justicia
Sobre Guillemo Gallegos se limitó a decir que no hablaría en mal de él, ya que la gente debe recordar la imagen que él se ha construido durante su trayectoria política, lo cual “dice más de lo que yo pueda hablar. Recuerden que él también se ofreció en formar parte de la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa”.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
