Judicial
Norman Quijano reitera su inocencia tras acusaciones de la FGR: «Soy víctima del poder»
Luego de conocer las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo en contra del diputado Norman Noel Quijano González, finalmente el diputado tricolor hizo un pronunciamiento público en conferencia de prensa, sobre los graves señalamientos, sin embargo, finalizado su discurso, evitó responder las preguntas de los periodistas.
El parlamentario aseguró que es «víctima del poder» y que esta dispuesto en enfrentar el juicio con la frente en alto.
En ese sentido, el parlamentario dijo que desde un principio ha dicho que se trata de un «teatro» e incluso cuestionó la seriedad de la acusación que en su contra hace la Fiscalía General de la República (FGR), donde lo señala de haber negociado con las pandillas en los procesos electorales del 2014 y del 2015.
El legislador recriminó al titular del ministerio público porque “todo el requerimiento se centra en las palabras de un criminal”.
Quijano González aseveró, que su caso forma parte de una «conjura» de parte del gobierno e incluso reiteró, que nunca negoció con pandilleros, que nunca busco ningún beneficio particular y menos quiso alterar el resultado de las elecciones del 2014 y 2015.
“Nunca financié y nunca toqué un centavo durante la campaña presidencial”, afirmó el político tricolor.
De igual forma señaló, que durante su campaña presentó una serie de propuestas o plan de gobierno a todo ciudadano que quiso escuchar su planteamiento, lo que se reunió con diferentes sectores de la vida nacional, que incluyó a campesinos, cafetaleros, maestros, médicos, personas humildes y con pastores.
“Me reuní con varios sectores, pastores, profesionales de la salud, campesinos y todo se ha centrado en un video donde me reuní con la Red de Pastores”, reprochó el diputado tricolor, al mismo tiempo que descalificó las palabras del testigo criteriado clave “Noé”.
“Nunca me he inmutado, siempre he dado la cara ante ustedes la prensa. Eso es porque no tengo nada que ocultar, tengo mi conciencia tranquila», remarcó el diputado Quijano que evitó responder las preguntas de la prensa que quería profundizar en los señalamientos que enfrenta.
El expresidente de la Asamblea Legislativa afirmó que enfrentará el proceso de antejuicio “con la frente en alto”, aunque no especificó si pedirá que se le quite el fuero constitucional para demostrar si sus declaraciones son ciertas en los tribunales de justicia
Sobre Guillemo Gallegos se limitó a decir que no hablaría en mal de él, ya que la gente debe recordar la imagen que él se ha construido durante su trayectoria política, lo cual “dice más de lo que yo pueda hablar. Recuerden que él también se ofreció en formar parte de la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
