Judicial
Mujer se practica un aborto tras quedar embarazada luego de ser abusada por cinco pandilleros
Bajo un procedimiento abreviado, Jazmín R. debió confesar los hechos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó: aborto consentido y propio.
Ante esto el Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador impuso dos años de prisión, mismos que fueron reemplazados por 96 jornadas de trabajos de utilidad pública a Jazmín R., por aborto consentido y propio.
De acuerdo a lo expresado por la imputada, ella supo que estaba embarazada de tres o cuatro meses, luego de haber sido violada por cinco sujetos miembros de pandillas, por lo que decidió comprar unas pastillas que causan un efecto abortivo aproximadamente una hora después de ser ingeridas.
El 5 de septiembre de 2017 decidió tomarlas, estas le hicieron efecto unos 15 minutos después, por lo que inmediatamente provocaron la salida del feto. Asustada la mujer lo envolvió y lo metió bajo la cama.
La Policía Nacional Civil (PNC) hizo un registro en la casa por otras circunstancias y fue así que encontraron el feto y al saber que le pertenecía a ella fue detenida en el sitio en donde laboraba y llevada ante los tribunales, donde fue sentenciada.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
