Judicial
Mujer quien era acusada de homicidio contra su esposo es declarada inocente
Luego de haber sido acusada por el delito de homicidio agravado cometido en contra de su exesposo, Samuel Dagoberto Gutiérrez, a quien decapitó, el Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador absolvió de responsabilidad penal a Rosa Lilian Contreras Cuatro, de 39 años de edad.
De acuerdo a tres declaraciones emitidas por los peritos psicológicos, la mujer era víctima de maltrato intrafamiliar. El cuerpo de ella presentaba cicatrices de lesiones ocasionadas con arma corto punzante, quemaduras de cigarrillos. Además padece ceguera del ojo izquierdo y desprendimiento de retina, por lo que tiene un menor porcentaje de visión.
La jueza mencionó en su fallo que el acto que Contreras Cuatro había realizado se originó por el miedo insuperable que le tenía a Gutiérrez. Incluso, según las evaluaciones de los psicólogos, la víctima aún le temía a pesar de que él ya estaba muerto.
Ante esto, la sentenciadora determinó que quedaba plenamente establecido que los hechos “no se dan de manera racional, sin premeditación, se dan de manera espontánea, y realizó la acción para defenderse”.
Lo matan por defenderse
El asesinato ocurrió el 3 de julio del año 2017, en el interior de la vivienda ubicada en la urbanización Hábitat Confía, de Ciudad Delgado, en donde Contreras Cuatro residía junto a su hija de 15 años de edad, a quien también la Fiscalía General de la República (FGR) culpó de homicidio agravado en perjuicio de su padre, luego de que esta lo golpeara con un martillo y lo dejó inconsciente.
Con las investigaciones se logró determinar que el sujeto llegó a la casa de su expareja, comenzó a insultarla y luego intentó asfixiarla. Por lo que la joven lo golpeó y Contreras lo decapitó. Ambas fueron capturadas en la escena del crimen el mismo día. En la declaración, la hija de ambos comentó que su madre era como una esclava de su padre.
Agentes policiales del sistema de emergencia 911 fueron alertados para que verificaran un problema familiar en la vivienda. Al presentarse, tocaron la puerta y fueron atendidos por la imputada y les cuestionó: “¿a traerme viene?”, “yo lo maté, porque me quería matar estrangulándome”.
Luego les enseñó el cuerpo envuelto en un saco y los agentes vieron que el cuerpo estaba sin cabeza, misma que se encontraba en el baño a unos cuatro metros.
La mujer tenía cuatro años de estar separada de Gutiérrez, pero este siempre llegaba a violentarla. Según la parte defensora, en el año 2003 el hombre fue procesado por violencia intrafamiliar, la cual culminó con una conciliación entre ambos, a pesar de esto continuaron los abusos.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
