Judicial
Mujer quien era acusada de homicidio contra su esposo es declarada inocente
Luego de haber sido acusada por el delito de homicidio agravado cometido en contra de su exesposo, Samuel Dagoberto Gutiérrez, a quien decapitó, el Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador absolvió de responsabilidad penal a Rosa Lilian Contreras Cuatro, de 39 años de edad.
De acuerdo a tres declaraciones emitidas por los peritos psicológicos, la mujer era víctima de maltrato intrafamiliar. El cuerpo de ella presentaba cicatrices de lesiones ocasionadas con arma corto punzante, quemaduras de cigarrillos. Además padece ceguera del ojo izquierdo y desprendimiento de retina, por lo que tiene un menor porcentaje de visión.
La jueza mencionó en su fallo que el acto que Contreras Cuatro había realizado se originó por el miedo insuperable que le tenía a Gutiérrez. Incluso, según las evaluaciones de los psicólogos, la víctima aún le temía a pesar de que él ya estaba muerto.
Ante esto, la sentenciadora determinó que quedaba plenamente establecido que los hechos “no se dan de manera racional, sin premeditación, se dan de manera espontánea, y realizó la acción para defenderse”.
Lo matan por defenderse
El asesinato ocurrió el 3 de julio del año 2017, en el interior de la vivienda ubicada en la urbanización Hábitat Confía, de Ciudad Delgado, en donde Contreras Cuatro residía junto a su hija de 15 años de edad, a quien también la Fiscalía General de la República (FGR) culpó de homicidio agravado en perjuicio de su padre, luego de que esta lo golpeara con un martillo y lo dejó inconsciente.
Con las investigaciones se logró determinar que el sujeto llegó a la casa de su expareja, comenzó a insultarla y luego intentó asfixiarla. Por lo que la joven lo golpeó y Contreras lo decapitó. Ambas fueron capturadas en la escena del crimen el mismo día. En la declaración, la hija de ambos comentó que su madre era como una esclava de su padre.
Agentes policiales del sistema de emergencia 911 fueron alertados para que verificaran un problema familiar en la vivienda. Al presentarse, tocaron la puerta y fueron atendidos por la imputada y les cuestionó: “¿a traerme viene?”, “yo lo maté, porque me quería matar estrangulándome”.
Luego les enseñó el cuerpo envuelto en un saco y los agentes vieron que el cuerpo estaba sin cabeza, misma que se encontraba en el baño a unos cuatro metros.
La mujer tenía cuatro años de estar separada de Gutiérrez, pero este siempre llegaba a violentarla. Según la parte defensora, en el año 2003 el hombre fue procesado por violencia intrafamiliar, la cual culminó con una conciliación entre ambos, a pesar de esto continuaron los abusos.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
