Judicial
Mujer quien era acusada de homicidio contra su esposo es declarada inocente
Luego de haber sido acusada por el delito de homicidio agravado cometido en contra de su exesposo, Samuel Dagoberto Gutiérrez, a quien decapitó, el Tribunal 6º de Sentencia de San Salvador absolvió de responsabilidad penal a Rosa Lilian Contreras Cuatro, de 39 años de edad.
De acuerdo a tres declaraciones emitidas por los peritos psicológicos, la mujer era víctima de maltrato intrafamiliar. El cuerpo de ella presentaba cicatrices de lesiones ocasionadas con arma corto punzante, quemaduras de cigarrillos. Además padece ceguera del ojo izquierdo y desprendimiento de retina, por lo que tiene un menor porcentaje de visión.
La jueza mencionó en su fallo que el acto que Contreras Cuatro había realizado se originó por el miedo insuperable que le tenía a Gutiérrez. Incluso, según las evaluaciones de los psicólogos, la víctima aún le temía a pesar de que él ya estaba muerto.
Ante esto, la sentenciadora determinó que quedaba plenamente establecido que los hechos “no se dan de manera racional, sin premeditación, se dan de manera espontánea, y realizó la acción para defenderse”.
Lo matan por defenderse
El asesinato ocurrió el 3 de julio del año 2017, en el interior de la vivienda ubicada en la urbanización Hábitat Confía, de Ciudad Delgado, en donde Contreras Cuatro residía junto a su hija de 15 años de edad, a quien también la Fiscalía General de la República (FGR) culpó de homicidio agravado en perjuicio de su padre, luego de que esta lo golpeara con un martillo y lo dejó inconsciente.
Con las investigaciones se logró determinar que el sujeto llegó a la casa de su expareja, comenzó a insultarla y luego intentó asfixiarla. Por lo que la joven lo golpeó y Contreras lo decapitó. Ambas fueron capturadas en la escena del crimen el mismo día. En la declaración, la hija de ambos comentó que su madre era como una esclava de su padre.
Agentes policiales del sistema de emergencia 911 fueron alertados para que verificaran un problema familiar en la vivienda. Al presentarse, tocaron la puerta y fueron atendidos por la imputada y les cuestionó: “¿a traerme viene?”, “yo lo maté, porque me quería matar estrangulándome”.
Luego les enseñó el cuerpo envuelto en un saco y los agentes vieron que el cuerpo estaba sin cabeza, misma que se encontraba en el baño a unos cuatro metros.
La mujer tenía cuatro años de estar separada de Gutiérrez, pero este siempre llegaba a violentarla. Según la parte defensora, en el año 2003 el hombre fue procesado por violencia intrafamiliar, la cual culminó con una conciliación entre ambos, a pesar de esto continuaron los abusos.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
