Judicial
CASO KATHERINE CÁRCAMO: La única testigo seria su hija de siete años según FGR
La tarde de este jueves autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron el requerimiento en contra del supuesto feminicida Brayan Alexis Arévalo, acusado de asesinar a su esposa, Katherine Lisbeth Cárcamo, en el que la hija de esta será la principal testigo del caso por haber estado en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, mismas que fueron plasmadas en el documento, el imputado habría ahogado a su esposa tras una acalorada discusión que ambos tuvieron en una de las habitaciones de la vivienda.
Esta información fue respaldada por la hija de la víctima, una niña de siete años de edad, quien será la principal testigo del caso que ha presentado la Fiscalía, debido a que estuvo en el interior de la casa cuando ocurrieron los hechos, en la residencial Sevilla 2, el complejo de viviendas de Ciudad Real, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la mujer murió a raíz de una asfixia por sofocación. Con este tipo de peritajes, la FGR considera que posee diversos elementos para culpar a Arévalo, quien fue detenido el pasado 30 de abril, cuando visitaba a su madre cerca de la frontera San Cristóbal, en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
La unidad fiscal del departamento situado en el occidente del país solicitó instrucción formal con detención provisional en contra del imputado como medida cautelas, según informaron. Además, pide la reserva parcial del caso.
El caso fue ventilado el pasado 24 de abril, luego de que personal de una empresa de vigilancia privada que se encarga de resguardar la colonia privada notificara a la Policía Nacional Civil (PNC) el suceso, pero la mujer tenía al menos 28 horas de fallecida.
Anteriormente, familiares y amigos ya se habían enterado de casos de violencia intrafamiliar ocurridos entre la pareja.
«Eran muy recurrentes estos hechos, tanto de violencia física, como violencia verbal y psicológica», indicó el jefe de la oficina fiscal santaneca, Max Muñoz. «No hemos establecido que Katherine haya acudido a algún tribunal a solicitar alguna medida de protección», agregó.
El feminicido agravado tiene una pena de 50 años de prisión, según informó fiscalía. El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo instalará mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, la audiencia inicial contra Alexis.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
