Judicial
Miembros de una familia confiesan cómo asesinaron a un pariente que se rehusó a ser miembro de la pandilla y quedan libres
Cinco miembros de una misma familia confesaron ser cómplices y verdugos de Carlos Alfaro, un hombre que por varios meses se opuso a ser parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en un municipio de San Salvador. Se aprovecharon de la justicia al confesar y solicitar un proceso abreviado.
Carlos era un hombre trabajador que murió a las 7:45 de la mañana del 7 de julio de 2016. Él por muchos meses había sido acosado por los sujetos que lo presionaban para que fuera parte de la pandilla, pero esto era un camino que no estaba dispuesto a recorrer por lo cual se negó hasta el día que una bala le atravesó el cuerpo cuando abordaba el microbús de la ruta 37-A en Santo Tomás, antes de salir a hacia su trabajo.
“Se paró (frente al microbús) este muchacho, Carlos Alfaro, y ahí fue cuando yo le disparé con un arma de 9 milímetros. Y solo cayó y arrancamos con el carro hacia San Salvador”, dijo con tono firme y sin tambalear Juan Alberto C., de 26 años de edad.
Sus palabras fueron vertidas frente al juez del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, luego que la representación fiscal y la defensa de los imputados pactaran un proceso abreviado así como el cambio de tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple. Este delito que al ser confesado se negoció una reducción de pena a tres años de prisión hasta ponerlos bajo medidas cautelares y salir en libertad.
El testimonio de todos concordó en hora, fecha y lo que había sucedido. El grupo de pandilleros explicó que esperaron a su víctima por varios minutos a bordo de un carro amarillo de cuatro puertas. Las señales y el rumbo fueron dados por Raquel, una colaboradora de la zona.
Ángel S., de 32 años, era el encargado de manejar el vehículo mientras que Rudy C., de 23, fungió como copiloto; atrás se había sentado Josué V., y por último, Juan Alberto, quien era el encargado de disparar.
Según la FGR Juan y Rudy son primos de Josué y Raquel, quienes orquestaron la muerte, mientras que Ángel era el chofer y amigo de este grupo.
El resto de las confesiones
“Ese día andaba con Rudy, Josué, Jorge y Juan. Vimos a un joven con camisa verde con unos zapatos anaranjados. En ese momento Jorge disparó, él se conducía en el asiento de atrás mientras que Rudy iba de copiloto”, declaró Ángel.
La representación fiscal preguntó a Ángel:
-¿Todos estaban de acuerdo con este homicidio? -cuestionó.
-Sí -respondió sin titubear.
-¿Todos planearon el homicidio incluyendo a Raquel?”
-Sí -concluyó.
-No más preguntas -dijo el fiscal dándose por satisfecho.
Otros que rindieron su declaración fueron Rudy y Josué, quienes al igual que los otros dos complementaron y reforzaron la confesión del crimen.
Pero fue el primero quien mencionó, ante los cuestionamientos del ministerio público, que dos meses antes habían tenido discusiones con la víctima, ya que este no quería pertenecer a la pandilla y como modo de presión lo comenzaron a señalar de ser del bando contrario, una etiqueta que podría justificar su muerte.
-¿Cómo supieron que él iba a pasar por ahí? -cuestionó la Fiscalía.
-Porque cinco para las ocho pasa la 37-A. Practicante era el único bus que salía y que él (Carlos) tomaba -declaró en un tono pausado.
Las última en pasar fue Raquel V., de 22 años. Según su versión, fue la encargada de entregarlo a sus compinches y de avisar el momento exacto en el cual su víctima llegaría a la parada de buses. Esto significó el último detalle que hacía falta para terminar con su plan.
Minutos antes de que Juan Carlos muriera, se había encontrado con la mujer con la que había tenido una plática antes de emprender su camino.
La imputada entró a la sala de audiencias y señaló que ella había sido la responsable. “Yo vi a Juan Carlos, le fui a dar un abrazo, solo eso y me regresé a mis quehaceres. Me encerré y ya no supe más de él”, explicó.
-¿Sabías que lo iba a matar? -cuestionó nuevamente la FGR.
Raquel guardó silencio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.
-¿Participaste en el homicidio? -volvió a preguntar.
-Sí -aclaró de un tajo.
-¿Cuál era tu participación? -preguntó.
-De entregarlo -confesó mientras lloraba.
El veredicto
Luego de escuchar a los cinco imputados, el juez determinó que esto cumplía con las características de un proceso abreviado, el cual se había solicitado por las partes en el inicio de la audiencia. Asimismo, el juzgador aceptó la modificación del delito por lo cual su confesión les permitía ser condenados a tres años de prisión, algo que cedía a salir de la cárcel.
La única persona que no logró salir bien librado de esto fue Rudy, debido a una condena de 15 años por extorsión en otro proceso penal.
El miércoles 13 de febrero los parientes salieron triunfantes y confortables de quitarse de una vez por todas aquellos uniformes blancos y las cadenas que limitaban su libertad.
Mientras tanto la FGR señaló que de no ser así no se habría logrado una condena y “de cierta forma lograr justicia”, ya que los otros testigos no habían querido comparecer debido a que ya se habían sufrido atentados que llevaron a no presentarse ante el tribunal.
POR: El Salvador Times.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
