Judicial
Mauricio Funes y La Michy con cuarta orden de captura por caso «Chaparral»
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró una nueva orden de captura en contra del expresidente de la República Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, por el caso de corrupción en la construcción de la presa «El Chaparral» durante su gestión.
El caso ahora pasa al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador quien da un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones. En este mismo caso son procesados el extitular de CEL Leopoldo Samour; el empresario y amigo cercano de Funes Miguel Menéndez (Mecafé); Mario Pieragostini y José Enfraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.
El 4 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento en su contra por los delitos de lavado de dinero, activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
Las investigaciones apuntan que Funes realizó un pagó más de $108.5 millones a la empresa Astaldi (empresa italiana) luego de que esta dejara en abandono la construcción de la represa El Chaparral.
El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo señaló que de los $45 millones, Astaldi traspasó $3.5 millones para los imputados a través de dos empresas de Miguel Menéndez registradas en Panamá mientras que un millón de dólares sirvió para la instalación del Latín Spa, de Ada Michelle Guzmán.
El ministerio señaló que Funes no actuó como «actor directo pero sí tiene injerencia en la colocación del presidente de CEL que le giraba instrucciones no de forma oficial pero sí de una forma directa y también era secundado por Miguel Menéndez con quien también tenía tratos».
Esta sería la cuarta orden de aprehensión que el exmandario tiene en su contra. Actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.
Spa a nombre de Ada Mitchelle Guzmán
En el dictamen de acusación señala que Funes y Menéndez ocuparon empresas fachadas para que Astaldi transfiriera $3 millones que sirvieron para la creación y funcionamiento de una franquicia de masajes y peluquería denominada Latin America Spa, donde Guzmán era propietaria junto con su compañero de vida.
“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.
Información tomada de El Salvador Times.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
