Judicial
Lunes comenzará juicio en España contra el Coronel Montano por la matanza de los jesuitas en El Salvador
La Audiencia Nacional española juzgará desde el lunes al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta participación en «la decisión, diseño o ejecución» del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 en El Salvador, hechos por los que se enfrenta a 150 años de cárcel.
La fecha para este juicio estaba ya señalada antes de que se decretara el estado de alarma en España el 14 de marzo a raíz de la pandemia por el covid-19, y se ha mantenido, fundamentalmente porque el ya septuagenario Montano se encuentra preso desde 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses, por lo que urge sentarle en el banquillo.
La Sala tiene fijadas 10 sesiones de juicio repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio, calendario que en principio no ha sufrido alteraciones.
El excoronel será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de esos cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.
Junto a él será procesado René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos.
Para este acusado, la Fiscalía pide no obstante una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.
Según la Fiscalía, ambos «participaron en la decisión, diseño o ejecución» del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, del entonces rector la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.
«Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas…», destaca la Fiscalía.
Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, «fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador» al alterar los resultados de las elecciones «de forma irrevocable el panorama político del país».
En esta situación, «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado.
Según la Fiscalía, «era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes», lo que lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional».
En este contexto, el 15 de noviembre, «el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona ( una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas».
Montano permaneció dos años detenido en EE.UU. hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.
La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares salvadoreños por la matanza de jesuitas, pero las autoridades de ese país ignoraron las órdenes de extradición, por lo que hasta ahora Montano, al haber sido detenido en EEUU, es el único que ha podido ser puesto a disposición de la Justicia española.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
