Judicial
Lunes comenzará juicio en España contra el Coronel Montano por la matanza de los jesuitas en El Salvador
La Audiencia Nacional española juzgará desde el lunes al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta participación en «la decisión, diseño o ejecución» del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 en El Salvador, hechos por los que se enfrenta a 150 años de cárcel.
La fecha para este juicio estaba ya señalada antes de que se decretara el estado de alarma en España el 14 de marzo a raíz de la pandemia por el covid-19, y se ha mantenido, fundamentalmente porque el ya septuagenario Montano se encuentra preso desde 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses, por lo que urge sentarle en el banquillo.
La Sala tiene fijadas 10 sesiones de juicio repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio, calendario que en principio no ha sufrido alteraciones.
El excoronel será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de esos cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.
Junto a él será procesado René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos.
Para este acusado, la Fiscalía pide no obstante una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.
Según la Fiscalía, ambos «participaron en la decisión, diseño o ejecución» del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, del entonces rector la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.
«Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas…», destaca la Fiscalía.
Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, «fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador» al alterar los resultados de las elecciones «de forma irrevocable el panorama político del país».
En esta situación, «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado.
Según la Fiscalía, «era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes», lo que lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional».
En este contexto, el 15 de noviembre, «el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona ( una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas».
Montano permaneció dos años detenido en EE.UU. hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.
La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares salvadoreños por la matanza de jesuitas, pero las autoridades de ese país ignoraron las órdenes de extradición, por lo que hasta ahora Montano, al haber sido detenido en EEUU, es el único que ha podido ser puesto a disposición de la Justicia española.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
