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Judicial

Lunes comenzará juicio en España contra el Coronel Montano por la matanza de los jesuitas en El Salvador

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La Audiencia Nacional española juzgará desde el lunes al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta participación en «la decisión, diseño o ejecución» del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 en El Salvador, hechos por los que se enfrenta a 150 años de cárcel.

La fecha para este juicio estaba ya señalada antes de que se decretara el estado de alarma en España el 14 de marzo a raíz de la pandemia por el covid-19, y se ha mantenido, fundamentalmente porque el ya septuagenario Montano se encuentra preso desde 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses, por lo que urge sentarle en el banquillo.

La Sala tiene fijadas 10 sesiones de juicio repartidas entre el 8 de junio y el 16 de julio, calendario que en principio no ha sufrido alteraciones.

El excoronel será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de esos cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.

Junto a él será procesado René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército destinado en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos.

Para este acusado, la Fiscalía pide no obstante una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.

Según la Fiscalía, ambos «participaron en la decisión, diseño o ejecución» del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, del entonces rector la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.

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También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

«Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas…», destaca la Fiscalía.

Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, «fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador» al alterar los resultados de las elecciones «de forma irrevocable el panorama político del país».

En esta situación, «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado.

Según la Fiscalía, «era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes», lo que lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional».

En este contexto, el 15 de noviembre, «el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona ( una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas».

Montano permaneció dos años detenido en EE.UU. hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.

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La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares salvadoreños por la matanza de jesuitas, pero las autoridades de ese país ignoraron las órdenes de extradición, por lo que hasta ahora Montano, al haber sido detenido en EEUU, es el único que ha podido ser puesto a disposición de la Justicia española.

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Capturan a cabecilla de la MS que ordenaba graves ilícitos en Santa Ana

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Un palabrero que por años ordenó decenas de ilícitos en el departamento de Santa Ana, de la zona occidental de El Salvador, fue detenido, la tarde del jueves, por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El criminal fue identificado como Wilfredo Antonio Ramírez Chilín, quien también es conocido con los alias de ‘Payaso’ o ‘Tayni’.

Ramírez es cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) y durante años, según datos de la PNC, este marero “ordenó decenas de crímenes en Santa Ana”. 

Asimismo, la PNC agregó que Ramírez estuvo preso por los cargos de extorsión y agrupaciones ilícitas pero quedó en libertad y siguió causando luto.

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Dura condena para sujetos que asesinaron a una persona en microbús colectivo

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Una condena de 20 años de prisión deberá ser cumplida por 4 imputados ligados a estructura criminal, quienes fueron declarados culpables por el delito de Homicidio Agravado.

Las pruebas expuestas en juicio por fiscales de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de San Salvador demostraron que cometieron un crimen en el interior de un microbús del transporte colectivo cuando este circulaba cerca de la zona del Zoológico Nacional en esta ciudad.

La víctima fue asesinada con disparos de arma de fuego, la noche del 3 de septiembre del año 2019.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador emitió fallo condenatorio al final de la vista pública que desarrolló contra los acusados.

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Supuesta estafa de importador de vehículos por más de $5,500 pasa a tribunales

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Por recomendación de un amigo, una persona interesada en comprar un carro contactó a Kevin Nicolás T. C., un supuesto importador de vehículos, con el que llegó a un acuerdo.

El 14 de agosto de 2019 se reunieron en una oficina privada en San Salvador, donde  le entregó 500 dólares para reservar un vehículo previamente seleccionado.

El 16 de noviembre de 2019, el imputado le solicitó otra cantidad de dinero de 3 mil 705 dólares más, a la vez que le notificó que debía esperar un mes para recibir el automóvil.

Ya para el mes de diciembre el sujeto le dice que el vehículo ya se encontraba en el país por lo que le pide otros 1 mil 367.12 dólares, para gastos de aduana.

Sin embargo, para febrero de 2020, Kevin le dice a la víctima que no podía retirar el vehículo de la aduana, porque usó el dinero en otros gastos, pero le prometió entregárselo, lo cual no cumplió.

Por este hecho, el Ministerio Público Fiscal acusó al imputado del delito de estafa por la cantidad de 5 mil 572.12 dólares y el Juzgado 4° de Paz de San Salvador, en audiencia inicial, ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención.

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