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Judicial

Líder de la MS-13 y responsable del alza de homicidios es enviado a «Zacatraz»

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El jueves enfrentó audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción D-2 de Santa Ana, Bayron Arístides Salazar Ramírez, por los delitos de agrupaciones ilícitas; tenencia, portación, adquisición, empleo, almacenaje, conservación, transferencia o conducción de arma de guerra; y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Salazar Ramírez es acusado de ser una de las tres “llaves” terroristas de la zona occidental, ranflero a nivel nacional de la Mara Salvatrucha, primer líder del programa y clica “Criminal Little Saycos de Santa Ana” y, además, de ser el coordinador en la zona occidental para ejecutar el alza de homicidios ocurridos los días 25 y 26 de marzo del 2022.

Fue capturado el pasado 22 de agosto, en la Avenida Independencia Sur y 27ª. Calle Oriente de Santa Ana luego del operativo de seguimiento durante tres meses ejecutado por la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO).

Tras su captura se coordinó realizar un registro con prevención de allanamiento en su residencia ubicada en la residencial y avenida José Matías Delgado, de Santa Ana, encontrando -en el cielo falso- dos armas de fuego, así como un lanza cohetes “Law”, una granada en su recámara, chips de teléfonos celulares y una balanza digital, entre otros. Todo se encuentra incautado y a la orden de las autoridades judiciales.

La Fiscalía General de La República de El Salvador presentó prueba documental, pericial y testimonial indiciaria abundante, por ello el Juzgado antes mencionado ordenó la continuación del proceso penal en su contra con detención provisional, por lo que deberá continuar guardando prisión en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Zacatecoluca, en el departamento de La Paz.

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Fuente: Centros Judiciales de El Salvador


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Judicial

Cámara fija para el 3 de abril juicio contra Norman Quijano acusado de negociar con pandillas

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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia del partido ARENA en el 2014.

El exfuncionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la Fiscalía General de la República.

Quijano, se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, que son los dos delitos que el ministerio público le atribuye.

La Fiscalía ha sostenido en la acusación, que Quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.

En ese encuentro, solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.

Al excandidato a la presidencia por ARENA, en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el año 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero de 2022, todavía no se habían enmendado la ley en lo relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y establece cárcel de 40 y 60 años a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. El artículo 345 fue reformado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 2022.

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Con respecto al fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal señala que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será castigado con prisión de cuatro a seis años.

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Judicial

Se instala audiencia probatoria contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña por enriquecimiento ilícito

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Esta mañana se instaló la audiencia probatoria (juicio) contra la exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54 dólares.

Se espera que la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador brinde la resolución el próximo 5 de marzo a las 14:15 horas.

Los fiscales del caso pretenden que el total del dinero sea reintegrado al Estado y que la exdiputada sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

Durante la diligencia judicial, la representación fiscal presentó, entre otras pruebas, una pericia financiera contable con la que se establecen las 7 irregularidades que no ha podido justificar Lorena Peña en su calidad de exparlamentaria, en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, por un total de $140,521.60 dólares.

Las inconsistencias en su incremento patrimonial de forma injustificada o ilícita se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos.

Mientras que, a la hija de la exdiputada, Ana Virginia Guardado Peña, se le ha demandado por 8 irregularidades consistentes en pagos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960. 94 dólares.

El expediente fiscal por enriquecimiento ilícito fue abierto después que la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, notificó de las irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.

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Judicial

Mareras pasarán 35 años en la cárcel por secuestro en Soyapango

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Dos pandilleras, identificadas como Concepción Mercedes de Cañas y Tania Loreña Cañas, purgarán una condena de 35 años de prisión por ser cómplices en un secuestro, así lo decidió el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones del ministerio público, la víctima fue secuestrada en Soyapango y un día después autoridades fiscales y policiales la ubicaron en una zona rural de Zacatecoluca en La Paz. El delito sucedió el 30 de noviembre del 2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que las pandilleras solicitaron a los familiares del secuestrado $50,000 por su rescate, pero no se hicieron efectivos porque fue liberado por agentes policiales.

En el juicio, la Fiscalía demostró con prueba científica, documental y testimonial que ambas mujeres proveyeron de celulares, alquilaron vehículos y prestaron sus viviendas para mantener escondida a la víctima y exigieron una compensación por el rescate de la víctima secuestrada.

Además, el Tribunal condenó a las mujeres por los delitos de secuestro, agrupaciones ilícitas, y además, al pago de 150 días multas por el uso y tenencia de uniformes con colores policiales.

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