Judicial
Líder católico que obligaba a una mujer a tener intimida con él es condenado a 16 años de cárcel
El líder religioso de una comunidad católica fue encontrado culpable de forzar a una mujer para tener relaciones con él. Así lo informaron este jueves fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por tal razón, el Tribunal 3o. de Sentencia de San Salvador lo condenó a pasar sus próximos 16 años en prisión.
El imputado fue identificado por el Ministerio Público como Pedro Alberto Domínguez.
Este sería el líder de la iglesia católica denominada Comunidad Guadalupe, ubicada en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
Domínguez habría forzado a una mujer de 28 años para saciar sus deseos. La víctima sería miembro de la comunidad que el hombre dirigía.
Hombre utilizaba una “cuma” para forzar a una menor
Miguel Cuyo Alcántara, de 43 años de edad, tendrá que pasar 26 años y ocho meses tras las rejas, luego de ser encontrado responsable de forzar a una menor de 13 años a tener relaciones con él; algo que sucedió durante 7 años en el municipio de Caluco, Sonsonate.
En la vista pública desarrollada el 27 de noviembre de 2018, donde la Fiscalía presentó prueba testimonial, documental y pericial, con la que se demostró la responsabilidad de Miguel Alcántara.
Los hechos iniciaron a darse desde el 2010, cuando la madre de la menor salía de la vivienda junto a sus hermanos y se dirigía a vender en un puesto en el mercado de la localidad. Minutos después el hombre se dirigía al cuarto de la menor, quien utilizando una cuma infundía temor en la niña.
La menor debido al temor que le tenía al sujeto, calló lo sucedido y no se atrevía a contarle a nadie los que le estaba pasando.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
