Judicial
Líder católico que obligaba a una mujer a tener intimida con él es condenado a 16 años de cárcel
El líder religioso de una comunidad católica fue encontrado culpable de forzar a una mujer para tener relaciones con él. Así lo informaron este jueves fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por tal razón, el Tribunal 3o. de Sentencia de San Salvador lo condenó a pasar sus próximos 16 años en prisión.
El imputado fue identificado por el Ministerio Público como Pedro Alberto Domínguez.
Este sería el líder de la iglesia católica denominada Comunidad Guadalupe, ubicada en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador.
Domínguez habría forzado a una mujer de 28 años para saciar sus deseos. La víctima sería miembro de la comunidad que el hombre dirigía.
Hombre utilizaba una “cuma” para forzar a una menor
Miguel Cuyo Alcántara, de 43 años de edad, tendrá que pasar 26 años y ocho meses tras las rejas, luego de ser encontrado responsable de forzar a una menor de 13 años a tener relaciones con él; algo que sucedió durante 7 años en el municipio de Caluco, Sonsonate.
En la vista pública desarrollada el 27 de noviembre de 2018, donde la Fiscalía presentó prueba testimonial, documental y pericial, con la que se demostró la responsabilidad de Miguel Alcántara.
Los hechos iniciaron a darse desde el 2010, cuando la madre de la menor salía de la vivienda junto a sus hermanos y se dirigía a vender en un puesto en el mercado de la localidad. Minutos después el hombre se dirigía al cuarto de la menor, quien utilizando una cuma infundía temor en la niña.
La menor debido al temor que le tenía al sujeto, calló lo sucedido y no se atrevía a contarle a nadie los que le estaba pasando.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
