Judicial
Julio Rank podría recuperar su libertar tras fallo a su favor por la Sala de los Constitucional
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Julio Humberto Rank Romero, podría quedar en libertad en los próximos días luego que la Sala de lo Constitucional resolviera a su favor un hábeas corpus y ordenara a los tribunales respectivos realizar «inmediatamente» una audiencia de revisión de libertad condicional por su estado de salud.
“Ordénese al referido juez (Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador) que programe inmediatamente audiencia para el análisis de la petición de libertad condicional anticipada solicitada a favor del señor Rank, debiendo informar de esta instrucción en el plazo de cinco días hábiles”, dice la resolución.
Rank fue condenado en septiembre de 2018 a cinco años de cárcel por lavado de dinero y deberá devolver al estado 8 millones de dólares. De acuerdo a la Sala, los tribunales vulneraron al exfuncionario los derechos de audiencia y libertad física, por lo que se resolvió un hábeas corpus a su favor.
Sala resuelve Hábeas Corpus 455-2019 a favor del señor Julio Humberto Rank Romero y ordena se realice inmediatamente audiencia de revisión de libertad condicional por graves riesgos a su estado de salud pic.twitter.com/FvXktXgfhk
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) March 21, 2020
La defensa de Rank había solicitado el Hábeas Corpus, luego que en dos ocasiones le negaron la libertad anticipada al cumplir media pena; su defensor argumentó enfermedades crónicas, luego de haber pasado ingresado por varios meses en el hospital.
A finales del 2019, la defensa solicitó la revisión de medidas ante graves padecimientos de salud, ya que padece de diversas enfermedades entre ellas derrame pleural, neumonía y sepsis severa.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
