Judicial
Julio Rank podría recuperar su libertar tras fallo a su favor por la Sala de los Constitucional
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Julio Humberto Rank Romero, podría quedar en libertad en los próximos días luego que la Sala de lo Constitucional resolviera a su favor un hábeas corpus y ordenara a los tribunales respectivos realizar «inmediatamente» una audiencia de revisión de libertad condicional por su estado de salud.
“Ordénese al referido juez (Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador) que programe inmediatamente audiencia para el análisis de la petición de libertad condicional anticipada solicitada a favor del señor Rank, debiendo informar de esta instrucción en el plazo de cinco días hábiles”, dice la resolución.
Rank fue condenado en septiembre de 2018 a cinco años de cárcel por lavado de dinero y deberá devolver al estado 8 millones de dólares. De acuerdo a la Sala, los tribunales vulneraron al exfuncionario los derechos de audiencia y libertad física, por lo que se resolvió un hábeas corpus a su favor.
Sala resuelve Hábeas Corpus 455-2019 a favor del señor Julio Humberto Rank Romero y ordena se realice inmediatamente audiencia de revisión de libertad condicional por graves riesgos a su estado de salud pic.twitter.com/FvXktXgfhk
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) March 21, 2020
La defensa de Rank había solicitado el Hábeas Corpus, luego que en dos ocasiones le negaron la libertad anticipada al cumplir media pena; su defensor argumentó enfermedades crónicas, luego de haber pasado ingresado por varios meses en el hospital.
A finales del 2019, la defensa solicitó la revisión de medidas ante graves padecimientos de salud, ya que padece de diversas enfermedades entre ellas derrame pleural, neumonía y sepsis severa.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
