Judicial
Julio Rank podría recuperar su libertar tras fallo a su favor por la Sala de los Constitucional
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, Julio Humberto Rank Romero, podría quedar en libertad en los próximos días luego que la Sala de lo Constitucional resolviera a su favor un hábeas corpus y ordenara a los tribunales respectivos realizar «inmediatamente» una audiencia de revisión de libertad condicional por su estado de salud.
“Ordénese al referido juez (Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador) que programe inmediatamente audiencia para el análisis de la petición de libertad condicional anticipada solicitada a favor del señor Rank, debiendo informar de esta instrucción en el plazo de cinco días hábiles”, dice la resolución.
Rank fue condenado en septiembre de 2018 a cinco años de cárcel por lavado de dinero y deberá devolver al estado 8 millones de dólares. De acuerdo a la Sala, los tribunales vulneraron al exfuncionario los derechos de audiencia y libertad física, por lo que se resolvió un hábeas corpus a su favor.
Sala resuelve Hábeas Corpus 455-2019 a favor del señor Julio Humberto Rank Romero y ordena se realice inmediatamente audiencia de revisión de libertad condicional por graves riesgos a su estado de salud pic.twitter.com/FvXktXgfhk
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) March 21, 2020
La defensa de Rank había solicitado el Hábeas Corpus, luego que en dos ocasiones le negaron la libertad anticipada al cumplir media pena; su defensor argumentó enfermedades crónicas, luego de haber pasado ingresado por varios meses en el hospital.
A finales del 2019, la defensa solicitó la revisión de medidas ante graves padecimientos de salud, ya que padece de diversas enfermedades entre ellas derrame pleural, neumonía y sepsis severa.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
