Judicial
Juez 8º de Instrucción es acusado penalmente por cometer Prevaricato contra Enrique Rais
Esta mañana de viernes, trascendió que el Juez Octavo de Instrucción de San Salvador, Mario Osmín Mira Montes, fue denunciado penalmente por los abogados del empresario Enrique Rais.
Según consta en el documento, Mira Montes fue denunciado por el delito de prevaricato, el cual es un ilícito donde el juez dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
El delito por el cual es acusado el Juez Octavo de Instrucción es penalizado en las leyes salvadoreñas, tal cual lo estipula el Código Penal.
De acuerdo con el abogado Miguel Avelar, “Rais ha sido la persona directamente afectada por las resoluciones pronunciadas por Mira Montes y que contienen hechos con relevancia penal”.
En el pasado, los apoderados legales del empresario Enrique Rais han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.
Esta es una de las varias luchas que el empresario Rais ha tenido contra funcionarios salvadoreños, hace unas semanas se conoció que Fiscalía General de República (FGR) preparaba nueva trampa contra Enrique Rais, en esa ocasión, abogados de Rais le enviaron a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, una solicitud hecha para que la procuradora tome cartas en el asunto en torno a la usurpación a los derechos del empresario salvadoreño, pues sus derechos constitucionales están siendo pisoteados por el Ministerio Público que se ha negado a notificar cuales son esos delitos que se le pretenden imputar.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
