Judicial
Jóvenes que viajaron a San Salvador desde Usulután se salvan de ser asesinados por pandilleros
Dos jóvenes usulutecos que viajaron a San Salvador se salvaron de las garras de la muerte luego de ser interceptados por pandilleros quienes se percataron que estos habían tomado una ruta equivocada que los llevó hasta una peligrosa zona de Mejicanos en la cual fueron señalados de ser delincuentes rivales a los que acechan esa zona de San Salvador.
La mañana del 3 de abril del 2017, Carlos y Antonio (nombres modificados por seguridad) salieron de su casa en Usulután hacia San Salvador con el objetivo de realizar una serie de diligencias en los alrededores del mercado del barrio San Miguelito. Era la primera que viajaban a la zona y desconocían la ruta que los llevaría a su destino.
Confiados en su instinto y en las indicaciones verbales que conocidos les dieron, al llegar a la capital los hombres tomaron un bus de la ruta 2 que en efecto pasa por la zona que buscaban, pero que nadie les advirtió en el momento que el bus hizo la parada para que se bajaran.
Luego de varios minutos de recorrido, los dos jóvenes comenzaron a preguntarse si iban en el autobús correcto o si se habían extraviado por lo que decidieron preguntar al conductor, este les confirmo que estaban por llegar al punto de la ruta y que su destino había quedado muchas cuadras atrás.
El conductor les sugirió que debían de abordar un microbús de la ruta 6 para llegar a las cercanías del mercado; dispuestos a seguir con el viaje, Carlos y Antonio abordaron la unidad señalada en la colonia Monterrey.de Mejicanos.
A los pocos minutos, tres sujetos con apariencia de pandilleros se subieron por la parte delantera de la coaster y abordaron a sus víctimas quienes se sentaban en asientos diferentes y comenzaron a asustarse al ver a los delincuentes frente a ellos.
Uno de los criminales se levantó la camisa y le mostró su arma para neutralizar a los usulutecos, mientras otro les indició que se habían bajado de una manera extraña del otro autobús y que tenían la sospecha de ser pandilleros rivales.
La situación se fue tornando cada vez más tensa, a tal punto que uno de los pandilleros golpeó a Carlos en la cara, lo tomó por el cuello y lo bajaron del microbús junto con Antonio.
Los delincuentes llevaron a sus víctimas hasta un pasaje cercano. Con pistola en mano, les ordenaron que se quitaran la ropa para comprobar que no tenían tatuajes alusivos a estructuras criminales.
Desnudos y con la incertidumbre, los jóvenes negaron en reiteradas ocasiones ser pandilleros y les explicaron a sus victimarios que se habían perdido, sin embargo, dichas palabras no calaron en el razonamiento de los sujetos.
“Llevémoslos a la quebrada, allí los vamos a reventar sino dicen de que mara son”, amenazó uno de los delincuentes que también despojaron de sus pertenencias a las víctimas.
Una llamada que les salvó la vida
En el plan de los malechores no figuraba la denuncia de un testigo que observó cuando los jóvenes fueron interceptados, algo que alertó a la Policía de la zona que terminó ubicando a los sujetos.
Al ver la presencia policial, los delincuentes dejaron a sus víctimas y se dispersaron por varios pasajes de la colonia, de los involucrados solamente uno fue detenido por los agentes.
El reporte policial señaló que el detenido fue identificado como Omar L., de 30 años de edad, quien fue reconocido por las víctimas a quienes despojaron de dos celulares que al momento de la captura ya no portaba.
Omar fue procesado por los delitos de robo agravado y limitación a la libre circulación, sin embargo, el juez decidió absolverlo debido a la falta de colaboración de las víctimas en el proceso judicial.
El juez Tercero de Sentencia de San Salvador decidió dejar sin efecto la acusación presentada por la Fiscalía debido a que las víctimas no se presentaron al juicio que se realizó el 13 de septiembre.
Según la parte acusadora, la justificación expuesta por ambos ofendidos fue la de vivir en una zona aislada de Usulután por lo que se le imposibilitada su presencia en la sala de audiencia.
Además, la parte juzgadora cuestionó la poca prueba recopilada en el caso para comprobar la participación del imputado quien recobró su libertad.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
