Judicial
Jóvenes que viajaron a San Salvador desde Usulután se salvan de ser asesinados por pandilleros
Dos jóvenes usulutecos que viajaron a San Salvador se salvaron de las garras de la muerte luego de ser interceptados por pandilleros quienes se percataron que estos habían tomado una ruta equivocada que los llevó hasta una peligrosa zona de Mejicanos en la cual fueron señalados de ser delincuentes rivales a los que acechan esa zona de San Salvador.
La mañana del 3 de abril del 2017, Carlos y Antonio (nombres modificados por seguridad) salieron de su casa en Usulután hacia San Salvador con el objetivo de realizar una serie de diligencias en los alrededores del mercado del barrio San Miguelito. Era la primera que viajaban a la zona y desconocían la ruta que los llevaría a su destino.
Confiados en su instinto y en las indicaciones verbales que conocidos les dieron, al llegar a la capital los hombres tomaron un bus de la ruta 2 que en efecto pasa por la zona que buscaban, pero que nadie les advirtió en el momento que el bus hizo la parada para que se bajaran.
Luego de varios minutos de recorrido, los dos jóvenes comenzaron a preguntarse si iban en el autobús correcto o si se habían extraviado por lo que decidieron preguntar al conductor, este les confirmo que estaban por llegar al punto de la ruta y que su destino había quedado muchas cuadras atrás.
El conductor les sugirió que debían de abordar un microbús de la ruta 6 para llegar a las cercanías del mercado; dispuestos a seguir con el viaje, Carlos y Antonio abordaron la unidad señalada en la colonia Monterrey.de Mejicanos.
A los pocos minutos, tres sujetos con apariencia de pandilleros se subieron por la parte delantera de la coaster y abordaron a sus víctimas quienes se sentaban en asientos diferentes y comenzaron a asustarse al ver a los delincuentes frente a ellos.
Uno de los criminales se levantó la camisa y le mostró su arma para neutralizar a los usulutecos, mientras otro les indició que se habían bajado de una manera extraña del otro autobús y que tenían la sospecha de ser pandilleros rivales.
La situación se fue tornando cada vez más tensa, a tal punto que uno de los pandilleros golpeó a Carlos en la cara, lo tomó por el cuello y lo bajaron del microbús junto con Antonio.
Los delincuentes llevaron a sus víctimas hasta un pasaje cercano. Con pistola en mano, les ordenaron que se quitaran la ropa para comprobar que no tenían tatuajes alusivos a estructuras criminales.
Desnudos y con la incertidumbre, los jóvenes negaron en reiteradas ocasiones ser pandilleros y les explicaron a sus victimarios que se habían perdido, sin embargo, dichas palabras no calaron en el razonamiento de los sujetos.
“Llevémoslos a la quebrada, allí los vamos a reventar sino dicen de que mara son”, amenazó uno de los delincuentes que también despojaron de sus pertenencias a las víctimas.
Una llamada que les salvó la vida
En el plan de los malechores no figuraba la denuncia de un testigo que observó cuando los jóvenes fueron interceptados, algo que alertó a la Policía de la zona que terminó ubicando a los sujetos.
Al ver la presencia policial, los delincuentes dejaron a sus víctimas y se dispersaron por varios pasajes de la colonia, de los involucrados solamente uno fue detenido por los agentes.
El reporte policial señaló que el detenido fue identificado como Omar L., de 30 años de edad, quien fue reconocido por las víctimas a quienes despojaron de dos celulares que al momento de la captura ya no portaba.
Omar fue procesado por los delitos de robo agravado y limitación a la libre circulación, sin embargo, el juez decidió absolverlo debido a la falta de colaboración de las víctimas en el proceso judicial.
El juez Tercero de Sentencia de San Salvador decidió dejar sin efecto la acusación presentada por la Fiscalía debido a que las víctimas no se presentaron al juicio que se realizó el 13 de septiembre.
Según la parte acusadora, la justificación expuesta por ambos ofendidos fue la de vivir en una zona aislada de Usulután por lo que se le imposibilitada su presencia en la sala de audiencia.
Además, la parte juzgadora cuestionó la poca prueba recopilada en el caso para comprobar la participación del imputado quien recobró su libertad.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
