Judicial
Jóvenes que viajaron a San Salvador desde Usulután se salvan de ser asesinados por pandilleros
Dos jóvenes usulutecos que viajaron a San Salvador se salvaron de las garras de la muerte luego de ser interceptados por pandilleros quienes se percataron que estos habían tomado una ruta equivocada que los llevó hasta una peligrosa zona de Mejicanos en la cual fueron señalados de ser delincuentes rivales a los que acechan esa zona de San Salvador.
La mañana del 3 de abril del 2017, Carlos y Antonio (nombres modificados por seguridad) salieron de su casa en Usulután hacia San Salvador con el objetivo de realizar una serie de diligencias en los alrededores del mercado del barrio San Miguelito. Era la primera que viajaban a la zona y desconocían la ruta que los llevaría a su destino.
Confiados en su instinto y en las indicaciones verbales que conocidos les dieron, al llegar a la capital los hombres tomaron un bus de la ruta 2 que en efecto pasa por la zona que buscaban, pero que nadie les advirtió en el momento que el bus hizo la parada para que se bajaran.
Luego de varios minutos de recorrido, los dos jóvenes comenzaron a preguntarse si iban en el autobús correcto o si se habían extraviado por lo que decidieron preguntar al conductor, este les confirmo que estaban por llegar al punto de la ruta y que su destino había quedado muchas cuadras atrás.
El conductor les sugirió que debían de abordar un microbús de la ruta 6 para llegar a las cercanías del mercado; dispuestos a seguir con el viaje, Carlos y Antonio abordaron la unidad señalada en la colonia Monterrey.de Mejicanos.
A los pocos minutos, tres sujetos con apariencia de pandilleros se subieron por la parte delantera de la coaster y abordaron a sus víctimas quienes se sentaban en asientos diferentes y comenzaron a asustarse al ver a los delincuentes frente a ellos.
Uno de los criminales se levantó la camisa y le mostró su arma para neutralizar a los usulutecos, mientras otro les indició que se habían bajado de una manera extraña del otro autobús y que tenían la sospecha de ser pandilleros rivales.
La situación se fue tornando cada vez más tensa, a tal punto que uno de los pandilleros golpeó a Carlos en la cara, lo tomó por el cuello y lo bajaron del microbús junto con Antonio.
Los delincuentes llevaron a sus víctimas hasta un pasaje cercano. Con pistola en mano, les ordenaron que se quitaran la ropa para comprobar que no tenían tatuajes alusivos a estructuras criminales.
Desnudos y con la incertidumbre, los jóvenes negaron en reiteradas ocasiones ser pandilleros y les explicaron a sus victimarios que se habían perdido, sin embargo, dichas palabras no calaron en el razonamiento de los sujetos.
“Llevémoslos a la quebrada, allí los vamos a reventar sino dicen de que mara son”, amenazó uno de los delincuentes que también despojaron de sus pertenencias a las víctimas.
Una llamada que les salvó la vida
En el plan de los malechores no figuraba la denuncia de un testigo que observó cuando los jóvenes fueron interceptados, algo que alertó a la Policía de la zona que terminó ubicando a los sujetos.
Al ver la presencia policial, los delincuentes dejaron a sus víctimas y se dispersaron por varios pasajes de la colonia, de los involucrados solamente uno fue detenido por los agentes.
El reporte policial señaló que el detenido fue identificado como Omar L., de 30 años de edad, quien fue reconocido por las víctimas a quienes despojaron de dos celulares que al momento de la captura ya no portaba.
Omar fue procesado por los delitos de robo agravado y limitación a la libre circulación, sin embargo, el juez decidió absolverlo debido a la falta de colaboración de las víctimas en el proceso judicial.
El juez Tercero de Sentencia de San Salvador decidió dejar sin efecto la acusación presentada por la Fiscalía debido a que las víctimas no se presentaron al juicio que se realizó el 13 de septiembre.
Según la parte acusadora, la justificación expuesta por ambos ofendidos fue la de vivir en una zona aislada de Usulután por lo que se le imposibilitada su presencia en la sala de audiencia.
Además, la parte juzgadora cuestionó la poca prueba recopilada en el caso para comprobar la participación del imputado quien recobró su libertad.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
