Judicial
Investigación final acusa a Norman Quijano de realizar fraude electoral y agrupaciones ilícitas
La investigación final que contiene todas las pruebas recopiladas en contra de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, fueron presentadas la tarde del jueves en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad lo acusan de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos por los cuales han solicitado a los magistrados del tribunal superior que lo envíe a vista pública.
Quijano es acusado por la Fiscalía de haber negociado con estructuras de pandillas, beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran ellos y sus familias para ser electo presidente de la República de El Salvador. Se estima que en ese año la cantidad de pandillas en el país superaban los 50,000 miembros.
El 17 de enero del año 2022, la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró orden de captura por considerar que hay indicios de que cometió los dos delitos.
El ministerio público le inició el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirar a Quijano la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021. Cuando se hizo la primera audiencia el imputado no compareció.
Esta causa penal tiene su origen en una causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», donde Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados por un testigo criteriado con clave «Noé».
El testigo quien rindió su testimonio en el juicio contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha manifestó que él y otros cabecillas de las pandillas se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV presenta la acusación contra Norman Quijano, exdiputado y prófugo de la justicia, señalado de haber pactado con pandillas a cambio del apoyo de estos grupos terroristas en las elecciones presidenciales de 2014. pic.twitter.com/UN5MAoH1nK
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 13, 2022
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Esos videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, han sido ofrecidos como prueba para acreditarle a la Cámara las negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores en la colonia Flor Blanca de San Salvador.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
