Judicial
Investigación final acusa a Norman Quijano de realizar fraude electoral y agrupaciones ilícitas
La investigación final que contiene todas las pruebas recopiladas en contra de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, fueron presentadas la tarde del jueves en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad lo acusan de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos por los cuales han solicitado a los magistrados del tribunal superior que lo envíe a vista pública.
Quijano es acusado por la Fiscalía de haber negociado con estructuras de pandillas, beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran ellos y sus familias para ser electo presidente de la República de El Salvador. Se estima que en ese año la cantidad de pandillas en el país superaban los 50,000 miembros.
El 17 de enero del año 2022, la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró orden de captura por considerar que hay indicios de que cometió los dos delitos.
El ministerio público le inició el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirar a Quijano la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021. Cuando se hizo la primera audiencia el imputado no compareció.
Esta causa penal tiene su origen en una causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», donde Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados por un testigo criteriado con clave «Noé».
El testigo quien rindió su testimonio en el juicio contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha manifestó que él y otros cabecillas de las pandillas se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV presenta la acusación contra Norman Quijano, exdiputado y prófugo de la justicia, señalado de haber pactado con pandillas a cambio del apoyo de estos grupos terroristas en las elecciones presidenciales de 2014. pic.twitter.com/UN5MAoH1nK
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 13, 2022
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Esos videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, han sido ofrecidos como prueba para acreditarle a la Cámara las negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores en la colonia Flor Blanca de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
