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Investigación final acusa a Norman Quijano de realizar fraude electoral y agrupaciones ilícitas
La investigación final que contiene todas las pruebas recopiladas en contra de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, fueron presentadas la tarde del jueves en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad lo acusan de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos por los cuales han solicitado a los magistrados del tribunal superior que lo envíe a vista pública.
Quijano es acusado por la Fiscalía de haber negociado con estructuras de pandillas, beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran ellos y sus familias para ser electo presidente de la República de El Salvador. Se estima que en ese año la cantidad de pandillas en el país superaban los 50,000 miembros.
El 17 de enero del año 2022, la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró orden de captura por considerar que hay indicios de que cometió los dos delitos.
El ministerio público le inició el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirar a Quijano la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021. Cuando se hizo la primera audiencia el imputado no compareció.
Esta causa penal tiene su origen en una causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», donde Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados por un testigo criteriado con clave «Noé».
El testigo quien rindió su testimonio en el juicio contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha manifestó que él y otros cabecillas de las pandillas se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV presenta la acusación contra Norman Quijano, exdiputado y prófugo de la justicia, señalado de haber pactado con pandillas a cambio del apoyo de estos grupos terroristas en las elecciones presidenciales de 2014. pic.twitter.com/UN5MAoH1nK
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 13, 2022
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Esos videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, han sido ofrecidos como prueba para acreditarle a la Cámara las negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores en la colonia Flor Blanca de San Salvador.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
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Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
