Judicial
IDHUCA pide a juez admitirlo como querellante en el caso de la agente Carla Ayala

Al Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, acudieron hoy representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA) para que sean admitidos, a petición de la familia, como parte querellante en el caso de la agente Carla Mayari Ayala Palacios, desaparecida desde finales de diciembre y por los que varios elementos del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) son procesados por incumplimiento de deberes y privación de libertad.
El Padre José María Tojeira, director de dicho organismo, manifestó que la familia de la víctima no quiere que el caso quede en el olvido “quieren un observador independiente y la única forma de observar es participando en el proceso”, acotó.
Manifestó que como querellantes es importante tener acceso a todos los datos que vayan saliendo durante la investigación y así podemos decir “el fiscal está dormido o la policía no investiga” “o a revés dar un testimonio que ha habido un buen proceso” señaló.
Así también Tojeira, dijo que han puesto una demanda civil a la PNC en favor de la familia solicitando una indemnización subsidiaria, ya que fue herida y secuestrada por un agente policial y al no tener el cuerpo de la víctima la demanda da inicio con una desaparición.
“En la misma querella no solo se está pidiendo la responsabilidad penal sino también que se ventile la responsabilidad civil” declaró Arnau Baulenas, coordinador Jurídico de los procesos de los Derechos Humanos de la UCA.
El juez Roberto Arévalo Ortuño, analizará el escrito y el poder otorgado por la familia de la víctima al IDHUCA, si reúne los requisitos para admitirlos y si hay alguna prevención que hacer.
Por: Menotty Noticias
Judicial
Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Judicial
Condenan a pandilleros de la MS por asesinato en torneo navideño en La Unión

Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.