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Judicial

Hoy presenta ante la FGR aviso de anomalías en entrevista a «presunto testigo criteriado», a quien se le atribuyeron dos claves siendo un imputado para declarar contra un empresario salvadoreño

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En las diligencias de investigación 70-UCCO-2017 acta de entrevista al testigo Criteriados Clave Troya, según lo expresado por la fiscal Mayra Raquel Guerra dijo ser un testigo sin interés ni incapacidad legal cuando en realidad era un imputado a quién supuestamente le dieron la calidad de testigo criteriado en circunstancias oscuras siendo un imputado.

Se escondió que la entrevista, fuera ya del plazo de instrucción, el cual venció el 30 de septiembre 2017, fe tomada supuestamente en las oficinas del puesto policial de San Luis Talpa, sin embargo esta es falsa debido a que no se llamó a los abogados defensores ya acreditados en el juzgado 8 de Instrucción a cargo del Juez Mira Montes.

Con lo antes descrito, se estaría ante una falsedad documental agravada utilizando además a Jairo Elenilson Flores Flores
sobrino de la ex fiscal adjunta, Noris Marlene Flores de Urquiza comadre del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez.

Con una diferencia de 35 minutos el mismo testigo clave Troya
hace supuestamente una segunda declaración ahora con el nombre Clave Grecia y se auto incrimina dejando la fiscal Maura Raquel que prosiga su supuesta autoincriminacion, lo cual es una clara violación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los convenios internacionales de los derechos políticos y civiles de Naciones Unidas.

El mismo testigo es utilizado en 3 acusaciones de la Fiscalía
generando no simplemente una doble persecución, sino más grave aún, una triple acusación utilizando los mismos hechos.

El Mismo testigo ( con dos nombres claves diferentes para engañar a los jueces, las mismas fechas, los mismos imputados y los mismos delitos.

De esto se está presentando denuncia internacional por la Triple Persecusión “ TRIONIS IN ÍDEM “ ( Triple Persecusión).

Se ha solicitado a Fiscalía sea citado a declarar al Juez Mario Osmín Mira Montes en su calidad de juez Instructor para conocer si se constituyó juez instructor para las diligencias en San Luis Talpa en fecha 2 de octubre 2017 para otorgarle dicho criterio de oportunidad
ya fuera del plazo de instrucción sin la comparecencia de los abogados defensores.

En total violación de todos los procedimientos legales
otorgándole dos nombres claves ¿Troya y 35 minutos después clave Grecia y porque ?

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Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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