Judicial
Hasta 25 años de prisión deberán purgar miembros de pandilla por homicidio y limitación ilegal a la circulación
La unidad de delitos relativos a la vida e integridad física de la oficina fiscal de San Salvador logró condenar a 10 miembros de estructura delincuencial (pandilla 18) por los delitos de homicidio agravado y limitación ilegal a la libre circulación.
Los imputados responden a los nombres de: Angélica María López Mejía, alias “Angélica”, Oscar Adonay Cruz Fuentes, ambos condenados por Homicidio Agravado a 25 años de prisión.
Mientras que Kevin Stelin Gomez Chávez, Elmer Enrique Morales López, Miguel Ángel Pozo Velásquez, Marlene Esperanza Cuéllar de Urrutia, Margarita Antonia Rodríguez, Fabio Marcelo Garcilazo Herrera, Roberto Antonio Henríquez Peña y César Alexis Carrillo Hernández fueron sentenciados a 8 años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la ibre circulación.
Las investigaciones indican que el homicidio investigado fue cometido el 27 de noviembre de 2015, en el interior de una cervecería ubicada en el barrio Concepción, San Salvador, donde la víctima es una mujer.
Con relación al delito de limitación ilegal, se logró establecer la participación de los implicados en obligar a varias víctimas a abandonar sus negocios y viviendas, pues de lo contrario atentarían en contra de sus vidas o la de sus familiares. Los delincuentes operaban en los alrededores del mercado Tineti, en la zona oriental de la capital.
El juzgado 5º de sentencia de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso y decidió imponer severas penas de prisión a los involucrados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
