Judicial
FGR sin iniciar proceso por lavado de dinero contra Roberto Rubio en 2017
Luego que un abogado penalista interpusiera hace más de dos años una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del director ejecutivo la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, el ministerio público aún no ha judicializado ningún proceso, pese a que tras esa denuncia también se han acumulado otros señalamientos hechos por diferentes entidades, que vinculan a Rubio con posibles actos de corrupción.
Cabe destacar que Roberto Rubio, es el director de FUNDE, una entidad que vela por transparencia de los recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha ha sido señalado de recibir sobresueldos durante la administración del expresidente Saca.
En julio de 2020 se conoció que la FGR abrió un expediente por el presunto delito de lavado de dinero.
LEE TAMBIÉN: FGR abrió investigación por lavado de dinero en contra de Roberto Rubio
En agosto de 2018, Rubio figuró entre los exfuncionarios de Gobierno y periodistas que habrían recibido dinero, en calidad de sobresueldo, de la Partida Secreta, de la presidencia de Elías Antonio Saca. En total fueron más de $19 millones los que salieron de las arcas del Estado salvadoreños y que fueron a parar a manos de pocos destinatarios.
Luis Cardenal, Sandra de Barraza, Jorge Nieto, Albino Román, René Escolán son algunos de los exfuncionarios que figuran en un listado compartido por presidente de la fundación Transparencia, que vincula también reconocidos periodistas.

La denuncia fue interpuesta durante la gestión del exfiscal general, Douglas Meléndez, quien no profundizó en las denuncias; mientras que el actual titular de la entidad, Raúl Melara, tampoco ha realizado mayores investigaciones, pese a que el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sydney Blanco, fustigó al ministerio público por no realizar ningún pronunciamiento.
“Es necesario que se emita ley o que el fiscal general pronuncie un comunicado que ordene devolver el dinero recibido por sobresueldos”, mencionó Blanco, durante el Encuentro Nacional Contra la Corrupción en 2018.
Además, una publicación de Diario La Página, en julio del presente año, refleja que la FGR determinó que Rubio había tenido participación en las empresa: Convertidora Técnica y en RUDA S.A. de C.V., en las que participó como Director Suplente y miembros de junta directiva, respectivamente, y que habría sido utilizada para recibir dinero de la Partida Secreta de Saca.
“Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla la publicación.
LEE TAMBIÉN: Señalan pésima actuación de FGR en supuesto caso de corrupción de Roberto Rubio y Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds
De acuerdo a la nota, el ministerio público habría solicitado investigar “la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el ex asistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación con los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes”.
DLP también detalla que “las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután. Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda”, agrega la publicación.
De igual manera miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) solicitó al ministerio público información sobre una decena de denuncias de supuestos casos de corrupción vinculados al partido Arena, de derecha, donde se incluyen los cuestionamientos contra Rubio y otros funcionarios, por el tema de los sobresueldo; sin embargo, hasta la fecha no se reportan ningún proceso judicializado por la FGR contra ninguno de los implicados.
“Hemos venido a solicitar información a la FGR sobre diferentes casos de denuncias de corrupción que hemos presentado. En los últimos dos años hemos presentado alrededor de 20 denuncias, avisos sobre casos de corrupción a la FGR, sobre todos esos casos no conocemos sobre diligencias, no conocemos si hay avances, cual es el estado de esas denuncias presentadas”, dijo Leonel Herrera, representante de ASGOJU.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
Judicial
Capturan a joven de 20 años en Acajutla por amenazar a su propia madre: ella misma lo denunció
Carlos Mauricio Durán Flores, de 20 años, fue capturado este sábado en Acajutla, Sonsonate Oeste, acusado de amenazar a su madre. La detención se produjo luego de que la propia mujer llamara a la Policía Nacional Civil para denunciar a su hijo.
Según la información disponible, el joven habría realizado amenazas durante una llamada telefónica. La madre manifestó a las autoridades que no se trataba de la primera ocasión en que enfrentaba agresiones y maltrato por parte de su hijo.

Los agentes de la PNC localizaron a Durán Flores en la calle principal del barrio La Playa, en Acajutla, y procedieron a su captura. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se continúe con el proceso legal.
El caso se da en el marco de las denuncias por violencia intrafamiliar que las autoridades atienden de forma prioritaria. La madre de la víctima decidió interponer la denuncia para frenar las amenazas que venía recibiendo.
Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el contenido exacto de las amenazas ni sobre el historial previo de incidentes entre ambos.
Judicial
Envían a prisión a hombre de 44 años por rociar kerosene a su pareja con intención de quemarla en Santa Ana
Un hombre identificado solo por las iniciales A. V. C. M., de 44 años, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana, acusado del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su pareja sentimental.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026 en una colonia ubicada al noroeste del distrito de Santa Ana. La mujer sufría violencia en la relación y, cuando intentó abandonar la vivienda que compartían, el imputado le roció kerosene sobre la ropa y el maletín que llevaba, presuntamente con la intención de prenderle fuego.
La víctima logró escapar con ayuda de vecinos del sector e interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil, que capturó al hombre en flagrancia. El kerosene es un líquido inflamable derivado del petróleo, comúnmente usado como combustible.
El Juzgado decretó instrucción formal con detención provisional y otorgó un plazo de siete meses para la etapa de investigación. Durante este período se continuarán las diligencias correspondientes.
El caso se enmarca en las acciones judiciales contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en grado de tentativa, delitos que las autoridades han priorizado en los últimos años.








