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Judicial

FGR sin iniciar proceso por lavado de dinero contra Roberto Rubio en 2017

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Luego que un abogado penalista interpusiera hace más de dos años una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del director ejecutivo la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, el ministerio público aún no ha judicializado ningún proceso, pese a que tras esa denuncia también se han acumulado otros señalamientos hechos por diferentes entidades, que vinculan a Rubio con posibles actos de corrupción.

Cabe destacar que Roberto Rubio, es el director de FUNDE, una entidad que vela por transparencia de los recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha ha sido señalado de recibir sobresueldos durante la administración del expresidente Saca.

En julio de 2020 se conoció que la FGR abrió un expediente por el presunto delito de lavado de dinero.

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En agosto de 2018, Rubio figuró entre los exfuncionarios de Gobierno y periodistas que habrían recibido dinero, en calidad de sobresueldo, de la Partida Secreta, de la presidencia de Elías Antonio Saca. En total fueron más de $19 millones los que salieron de las arcas del Estado salvadoreños y que fueron a parar a manos de pocos destinatarios.

Luis Cardenal, Sandra de Barraza, Jorge Nieto, Albino Román, René Escolán son algunos de los exfuncionarios que figuran en un listado compartido por presidente de la fundación Transparencia, que vincula también reconocidos periodistas.

La denuncia fue interpuesta durante la gestión del exfiscal general, Douglas Meléndez, quien no profundizó en las denuncias; mientras que el actual titular de la entidad, Raúl Melara, tampoco ha realizado mayores investigaciones, pese a que el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sydney Blanco, fustigó al ministerio público por no realizar ningún pronunciamiento.

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“Es necesario que se emita ley o que el fiscal general pronuncie un comunicado que ordene devolver el dinero recibido por sobresueldos”, mencionó Blanco, durante el Encuentro Nacional Contra la Corrupción en 2018.

Además, una publicación de Diario La Página, en julio del presente año, refleja que la FGR determinó que Rubio había tenido participación en las empresa: Convertidora Técnica y en RUDA S.A. de C.V., en las que participó como Director Suplente y miembros de junta directiva, respectivamente, y que habría sido utilizada para recibir dinero de la Partida Secreta de Saca.

“Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla la publicación.

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De acuerdo a la nota, el ministerio público habría solicitado investigar “la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el ex asistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación con los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes”.

DLP también detalla que “las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután. Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda”, agrega la publicación.

De igual manera miembros de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) solicitó al ministerio público información sobre una decena de denuncias de supuestos casos de corrupción vinculados al partido Arena, de derecha, donde se incluyen los cuestionamientos contra Rubio y otros funcionarios, por el tema de los sobresueldo; sin embargo, hasta la fecha no se reportan ningún proceso judicializado por la FGR contra ninguno de los implicados.

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“Hemos venido a solicitar información a la FGR sobre diferentes casos de denuncias de corrupción que hemos presentado. En los últimos dos años hemos presentado alrededor de 20 denuncias, avisos sobre casos de corrupción a la FGR, sobre todos esos casos no conocemos sobre diligencias, no conocemos si hay avances, cual es el estado de esas denuncias presentadas”, dijo Leonel Herrera, representante de ASGOJU.

Judicial

FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado

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Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.

La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.

Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.

En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.

Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.

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Condenan a Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel por negociar con pandillas

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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha condenado este martes a 13 años y cuatro meses de cárcel a Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Al diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014, los magistrados le inpusieron la condena por reunirse con pandillas y negociar con los principales cabecillas una serie de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción calificada como fraude electoral.

La Cámara luego de evaluar una serie de pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, consideró que el político incurrió en los dos delitos y sus acciones ilegales deben ser sancionadas con prisión.

Fue condena en concurso ideal, es decir que con una sola cometió los dos delitos. Y la ley dice que se debe condenar por el delito que tenga la pena más grave y en esta caso el fraude electoral que tiene 10 años y se le debe aumentar la tercera pena.

Para emitir su fallo los magistrados valoraron videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Norman Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por el partido ARENA.

A cambio el exfuncionario les dice que va invertir en beneficio de las pandillas $100 millones, que esos fondos saldrán del presupuesto general de la nación.

La Cámara también tuvo a disposición la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo dicho por el testigo, complementó y reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.

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En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.

Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.

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