Judicial
Señalan pésima actuación de FGR en supuesto caso de corrupción de Roberto Rubio y Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds
La Fiscalía General de la República (FGR), de nuevo, es blanco de críticas por su cuestionable accionar en sonados casos de corrupción donde se involucra a expresidentes de la República y a personajes como el economista Roberto Rubio, director de FUNDE, y al abogado Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds, este último vinculado a la irregular venta de tierras de la Finca El Espino y al manejo de acciones de la Central Hidroeléctrica (CEL) y LaGeo.
Desde el 2017, Rubio ha sido señalado de recibir sobresueldos durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).
Según la denuncia interpuesta en aquel momento por el entonces bloguero Alejandro Muyshondt, Rubio habría recibido $4,600 de la «partida secreta» y sería uno de los 10 exfuncionarios de Saca que se habrían beneficiado con dinero público de forma irregular.
De acuerdo con el proceso judicial en contra de Saca, el entonces asistente de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Pablo Gómez, se habría ocupado de entregar dinero de la «partida secreta» para pagar favores a personajes como Rubio, Eduardo Zablah Touché, Eduardo Cálix, David Escobar Galindo, Rubén Rochi y Jorge Nieto.
Según unos recibos divulgados en 2017 por Muyshondt, los sobresueldos iban desde los $4,600 (como el caso de Roberto Rubio) hasta los $17,800 que era lo que supuestamente recibía el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto.
Hay recibos firmados por los sobresueldos recibidos, pero lo más grave es que ya pasaron tres años desde la denuncia de corrupción por los sobresueldos y aún no se procede contra buena parte de la red de corrupción.
Recientemente, se publicó en Medios de Comunicación digitales que la FGR tiene un expediente abierto en contra del economista Rubio, que es identificado como el caso 20-UIF-2017, evidenciando que se han hecho alguna indagaciones por caso de corrupción.
Se acota que se investiga a Rubio porque «recibió varios millones de dólares de la partida secreta» y ese dinero fue «ingresado a cuentas de FUNDE y a otras empresas relacionadas al caso».
Se destaca en las publicaciones el lento proceso fiscal realizado y se alerta que solo falta un año para que el caso se de por cerrado, es decir, ya no se perseguiría a Rubio ni a los otros señalados.
¿Por qué la FGR no ha procedido contra quienes recibieron sobresueldos? ¿Qué validez se dio a los recibos que presentó Alejandro Muyshondt en 2017 donde están las firmas de quienes recibían los sobresueldos? ¿Por qué la FGR no actúa de forma diligente?
El otro señalado
El nombre del abogado Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds ha sonado fuerte en los últimos años, sobre todo, por su supuesta vinculación a actos de corrupción.
Córdova Hinds ha sido identificado como abogado de la familia Dueñas, propietaria de una parte de la Finca El Espino.
La familia, por supuesto el abogado, han defendido que El Espino sea explotado económicamente, mediante la construcción de exclusivas residenciales.
En una publicación de septiembre 2010 de El Faro, el abogado niega irregularidades en la venta de El Espino, tal como señalan los miembros de la cooperativa del lugar.
En la publicación se le cuestiona sobre la pérdida de cientos de manzanas de terreno y, aunque al principio lo niega, termina aceptando que del patrimonio original de la finca solo sobrevive un pequeño porcentaje.
El Faro expone que de 660 manzanas de terreno solo quedan unas 127 manzanas.
Por este caso, el abogado es implicado en participar en una empresa identificada como Arcona, donde el 70% de acciones pertenecen al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano.
Este último, Manzano, también es vinculado al abogado Córdova Hinds, en otra empresa que se ocuparía de tareas agrícolas, pero en la práctica realizó trandacciones financieras ligadas a la compra-venta de terrenos que se usarían para la construcción de rellenos sanitarios. Esta empresa ha sido identificada como «Roda S.A. de C.V.»
Ahora bien, en 2013 el nombre de Córdova Hinds vuelve a sonar. Esta vez por su contratación como parte de una operación de la Compañía Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en relación a la participación accionaria de LaGeo.
La participación de Córdova Hinds es avalada por el entonces presidente de la autónoma, José Leopoldo Samour Gómez, quien el año pasado (2019) fue enviado a prisión por el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador por el caso de la represa El Chaparral, donde se vincula directamente al expresidente de la República y asilado político en Nicaragua, Mauricio Funes.
¿Qué falta para que la FGR procese judicialmente a este tipo de personajes que, solo siguiendo el rastro de publicaciones en Medios de Comunicación, evidencian el papel de negociadores, mediadores, posibles prestanombres, sobre todo, por el papel determinante que han jugado en gobiernos anteriores al momento de tomar deciones clave en el manejo de dinero y construcción de obras públicas?
¿Por qué esos personajes pueden moverse tan libremente de una entidad a otra, de abogado de la familia Dueñas a representante de CEL, sin que ello despierte alguna sospecha de que algo oscuro está pasando?
Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
