La Fiscalía General de la República (FGR), de nuevo, es blanco de críticas por su cuestionable accionar en sonados casos de corrupción donde se involucra a expresidentes de la República y a personajes como el economista Roberto Rubio, director de FUNDE, y al abogado Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds, este último vinculado a la irregular venta de tierras de la Finca El Espino y al manejo de acciones de la Central Hidroeléctrica (CEL) y LaGeo.

Desde el 2017, Rubio ha sido señalado de recibir sobresueldos durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).

Según la denuncia interpuesta en aquel momento por el entonces bloguero Alejandro Muyshondt, Rubio habría recibido $4,600 de la «partida secreta» y sería uno de los 10 exfuncionarios de Saca que se habrían beneficiado con dinero público de forma irregular.

De acuerdo con el proceso judicial en contra de Saca, el entonces asistente de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Pablo Gómez, se habría ocupado de entregar dinero de la «partida secreta» para pagar favores a personajes como Rubio, Eduardo Zablah Touché, Eduardo Cálix, David Escobar Galindo, Rubén Rochi y Jorge Nieto.

Según unos recibos divulgados en 2017 por Muyshondt, los sobresueldos iban desde los $4,600 (como el caso de Roberto Rubio) hasta los $17,800 que era lo que supuestamente recibía el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto.

Hay recibos firmados por los sobresueldos recibidos, pero lo más grave es que ya pasaron tres años desde la denuncia de corrupción por los sobresueldos y aún no se procede contra buena parte de la red de corrupción.

Recientemente, se publicó en Medios de Comunicación digitales que la FGR tiene un expediente abierto en contra del economista Rubio, que es identificado como el caso 20-UIF-2017, evidenciando que se han hecho alguna indagaciones por caso de corrupción.

Se acota que se investiga a Rubio porque «recibió varios millones de dólares de la partida secreta» y ese dinero fue «ingresado a cuentas de FUNDE y a otras empresas relacionadas al caso».

Se destaca en las publicaciones el lento proceso fiscal realizado y se alerta que solo falta un año para que el caso se de por cerrado, es decir, ya no se perseguiría a Rubio ni a los otros señalados.
¿Por qué la FGR no ha procedido contra quienes recibieron sobresueldos? ¿Qué validez se dio a los recibos que presentó Alejandro Muyshondt en 2017 donde están las firmas de quienes recibían los sobresueldos? ¿Por qué la FGR no actúa de forma diligente?

El otro señalado
El nombre del abogado Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds ha sonado fuerte en los últimos años, sobre todo, por su supuesta vinculación a actos de corrupción.

Córdova Hinds ha sido identificado como abogado de la familia Dueñas, propietaria de una parte de la Finca El Espino.

La familia, por supuesto el abogado, han defendido que El Espino sea explotado económicamente, mediante la construcción de exclusivas residenciales.

En una publicación de septiembre 2010 de El Faro, el abogado niega irregularidades en la venta de El Espino, tal como señalan los miembros de la cooperativa del lugar.

En la publicación se le cuestiona sobre la pérdida de cientos de manzanas de terreno y, aunque al principio lo niega, termina aceptando que del patrimonio original de la finca solo sobrevive un pequeño porcentaje.
El Faro expone que de 660 manzanas de terreno solo quedan unas 127 manzanas.

Por este caso, el abogado es implicado en participar en una empresa identificada como Arcona, donde el 70% de acciones pertenecen al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano.

Este último, Manzano, también es vinculado al abogado Córdova Hinds, en otra empresa que se ocuparía de tareas agrícolas, pero en la práctica realizó trandacciones financieras ligadas a la compra-venta de terrenos que se usarían para la construcción de rellenos sanitarios. Esta empresa ha sido identificada como «Roda S.A. de C.V.»

Ahora bien, en 2013 el nombre de Córdova Hinds vuelve a sonar. Esta vez por su contratación como parte de una operación de la Compañía Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en relación a la participación accionaria de LaGeo.

La participación de Córdova Hinds es avalada por el entonces presidente de la autónoma, José Leopoldo Samour Gómez, quien el año pasado (2019) fue enviado a prisión por el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador por el caso de la represa El Chaparral, donde se vincula directamente al expresidente de la República y asilado político en Nicaragua, Mauricio Funes.

¿Qué falta para que la FGR procese judicialmente a este tipo de personajes que, solo siguiendo el rastro de publicaciones en Medios de Comunicación, evidencian el papel de negociadores, mediadores, posibles prestanombres, sobre todo, por el papel determinante que han jugado en gobiernos anteriores al momento de tomar deciones clave en el manejo de dinero y construcción de obras públicas?

¿Por qué esos personajes pueden moverse tan libremente de una entidad a otra, de abogado de la familia Dueñas a representante de CEL, sin que ello despierte alguna sospecha de que algo oscuro está pasando?