Judicial
FGR logra que 9 narcotraficantes extranjeros sean enviados a prisión y el proceso al Juzgado de Instrucción
Instrucción formal con la detención provisional para 4 ecuatorianos, 2 colombianos y 3 mexicanos es parte de la resolución que pronunció este lunes el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz.
Los extranjeros son acusados de transportar en embarcaciones 2,700 kilos de cocaína en altamar.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico se presentaron hoy a la audiencia inicial que desarrolló el juzgado en contra de los imputados a quienes se les atribuye el delito de Tráfico ilícito en su modalidad de Transporte.
“La honorable jueza ha decidido valorar y admitir todos los indicios de prueba que como Fiscalía le ofrecimos y que establecen la probable participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen; de igual manera, se nos autoriza realizar una serie de diligencias que fortalecerán la prueba en su conjunto en la etapa de instrucción y así obtener un fallo condenatorio en la etapa de juicio”, advirtió uno de los fiscales asignados.
A consideración de la juzgadora, les decretó la detención provisional porque no hay otra medida que pueda evitar que ellos se sustraigan del proceso y al ser extranjeros se les facilita que puedan darse a la fuga.
Los nueve imputados fueron intervenidos por autoridades de la Fuerza Naval y de la PNC, cuando se transportaban en tres embarcaciones el 19 de los corrientes, a 400 millas náuticas al sur de Acajutla, en donde les incautaron 2,700 kilos de cocaína valorados en 67.5 millones de dólares.
Los involucrados en este caso, son: José Antonio Flores Sánchez, Víctor Manuel Trinidad Mejía, José Alfredo Díaz Gil, de nacionalidad mexicana; Jeiker Anyinso Opina Bastidas y James Steven Vásquez Ramirez, de nacionalidad colombiana; Darwin Javier Marín Mero, Darlin Rubén Marín Mero, Joffre Iván de la A Chávez, y Reynaldo Ricardo Rodriguez Peña de nacionalidad ecuatoriana.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
