Judicial
FGR logra que 9 narcotraficantes extranjeros sean enviados a prisión y el proceso al Juzgado de Instrucción
Instrucción formal con la detención provisional para 4 ecuatorianos, 2 colombianos y 3 mexicanos es parte de la resolución que pronunció este lunes el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz.
Los extranjeros son acusados de transportar en embarcaciones 2,700 kilos de cocaína en altamar.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico se presentaron hoy a la audiencia inicial que desarrolló el juzgado en contra de los imputados a quienes se les atribuye el delito de Tráfico ilícito en su modalidad de Transporte.
“La honorable jueza ha decidido valorar y admitir todos los indicios de prueba que como Fiscalía le ofrecimos y que establecen la probable participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen; de igual manera, se nos autoriza realizar una serie de diligencias que fortalecerán la prueba en su conjunto en la etapa de instrucción y así obtener un fallo condenatorio en la etapa de juicio”, advirtió uno de los fiscales asignados.
A consideración de la juzgadora, les decretó la detención provisional porque no hay otra medida que pueda evitar que ellos se sustraigan del proceso y al ser extranjeros se les facilita que puedan darse a la fuga.
Los nueve imputados fueron intervenidos por autoridades de la Fuerza Naval y de la PNC, cuando se transportaban en tres embarcaciones el 19 de los corrientes, a 400 millas náuticas al sur de Acajutla, en donde les incautaron 2,700 kilos de cocaína valorados en 67.5 millones de dólares.
Los involucrados en este caso, son: José Antonio Flores Sánchez, Víctor Manuel Trinidad Mejía, José Alfredo Díaz Gil, de nacionalidad mexicana; Jeiker Anyinso Opina Bastidas y James Steven Vásquez Ramirez, de nacionalidad colombiana; Darwin Javier Marín Mero, Darlin Rubén Marín Mero, Joffre Iván de la A Chávez, y Reynaldo Ricardo Rodriguez Peña de nacionalidad ecuatoriana.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
