Judicial
FGR logra que 9 narcotraficantes extranjeros sean enviados a prisión y el proceso al Juzgado de Instrucción

Instrucción formal con la detención provisional para 4 ecuatorianos, 2 colombianos y 3 mexicanos es parte de la resolución que pronunció este lunes el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz.
Los extranjeros son acusados de transportar en embarcaciones 2,700 kilos de cocaína en altamar.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico se presentaron hoy a la audiencia inicial que desarrolló el juzgado en contra de los imputados a quienes se les atribuye el delito de Tráfico ilícito en su modalidad de Transporte.
“La honorable jueza ha decidido valorar y admitir todos los indicios de prueba que como Fiscalía le ofrecimos y que establecen la probable participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen; de igual manera, se nos autoriza realizar una serie de diligencias que fortalecerán la prueba en su conjunto en la etapa de instrucción y así obtener un fallo condenatorio en la etapa de juicio”, advirtió uno de los fiscales asignados.
A consideración de la juzgadora, les decretó la detención provisional porque no hay otra medida que pueda evitar que ellos se sustraigan del proceso y al ser extranjeros se les facilita que puedan darse a la fuga.
Los nueve imputados fueron intervenidos por autoridades de la Fuerza Naval y de la PNC, cuando se transportaban en tres embarcaciones el 19 de los corrientes, a 400 millas náuticas al sur de Acajutla, en donde les incautaron 2,700 kilos de cocaína valorados en 67.5 millones de dólares.
Los involucrados en este caso, son: José Antonio Flores Sánchez, Víctor Manuel Trinidad Mejía, José Alfredo Díaz Gil, de nacionalidad mexicana; Jeiker Anyinso Opina Bastidas y James Steven Vásquez Ramirez, de nacionalidad colombiana; Darwin Javier Marín Mero, Darlin Rubén Marín Mero, Joffre Iván de la A Chávez, y Reynaldo Ricardo Rodriguez Peña de nacionalidad ecuatoriana.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Judicial
FGR entrega a Eluzur Rumpler a autoridades de Israel por abuso contra menores
Judicial
Localizan restos de joven desaparecido en 2020; pandilleros enfrentan juicio por el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.