Judicial
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes»: Rodolfo Delgado sobre caso de David Munguía Payés
El Juzgado Especializada de Instrucción A de San Salvador, ha resuelto que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, debe enfrentar vista pública por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, al mismo tiempo le ha revocado el arresto domiciliar por la gravedad de los delitos.
El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.
En el expediente elevado a la última etapa del proceso, el ministerio público incorporó las declaraciones del testigo criteriado Noé y del testigo régimen de protección Franco, quienes ha revelado como se manejó la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En las causas penales conocidas como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otros testigos entre los que figuran exfuncionarios y mediadores de ese proceso han dicho que Munguía Payés con el aval del expresidente Mauricio Funes, permitió una serie de ilegalidades a las pandillas.
Noé en la declaración anticipada rendida el 14 de octubre de 2020 ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, dijo que la tregua permitió a las pandillas fortalecerse y hasta llegar a relacionarse con políticos y captar fondos para esas estructuras.
Noé ha manifestado que con la tregua «se les facilitó sembrar la semilla del mal», para el juez, lo manifestado por el criteriado es muy grave y que la FGR se quedó corta con los delitos acusados a Munguía Payés.
«Es bastante despreciable que el Estado o el gobierno haya realizado ese proceso de tregua y como juez estoy convencido de que no se trata de una política pública, sino que se buscaba obtener un beneficio personal», sostuvo el juez.
Cabe mencionar que, este proceso iniciado el 26 de julio del año 2020, también incluye al expresidente Mauricio Funes, quien fue separado del caso cuando se inició la audiencia preliminar ya que el Código Procesal Penal establece que sin la presencia de un imputado no se puede realizar esa diligencia.
El prófugo Mauricio Funes, es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, por haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas.
Según la acusación el expresidente asilado en Nicaragua y con siete órdenes de captura, tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo en el marco de la tregua con las pandillas, pero no hizo nada para detenerlas pues él lo que buscaba era una buena imagen de que en su gobierno los homicidios se habían reducido.
Reacciones:
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, había confirmado que las pruebas presentadas eran «contundentes, abundantes y suficientes», por lo que la resolución que se esperaba era favorable para pasar a etapa de juicio.
«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes. Pagarán los que tengan que pagar», expresó enfáticamente Delgado tras la resolución en el caso de Payés.
También, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reaccionó y reafirmó su compromiso para terminar con la impunidad que viene desde los Gobiernos de ARENA y FMLN.
«Años atrás el ex presidente Mauricio Funes junto con el ex ministro David Munguía Payés, negociaron con pandillas. Ahora, deben responder. Negociaron con la sangre de los salvadoreños, entrenaron a pandilleros en polígonos de tiro, les dieron miles de dólares a cambio de votos, los sacaron de las cárceles de máxima seguridad y les hicieron fiestas con prostitutas, por eso es que se oponen al Plan Control Territorial», aseguró el funcionario.
Las palabras del ministro Villatoro fueron contundentes y expresa el propósito del Plan Control Territorial liderado por el presidente Nayib Bukele de acabar con las prácticas de antes y luchar contra la impunidad.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
