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«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes»: Rodolfo Delgado sobre caso de David Munguía Payés

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El Juzgado Especializada de Instrucción A de San Salvador, ha resuelto que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, debe enfrentar vista pública por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, al mismo tiempo le ha revocado el arresto domiciliar por la gravedad de los delitos.

El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.

En el expediente elevado a la última etapa del proceso, el ministerio público incorporó las declaraciones del testigo criteriado Noé y del testigo régimen de protección Franco, quienes ha revelado como se manejó la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.

En las causas penales conocidas como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otros testigos entre los que figuran exfuncionarios y mediadores de ese proceso han dicho que Munguía Payés con el aval del expresidente Mauricio Funes, permitió una serie de ilegalidades a las pandillas.

Noé en la declaración anticipada rendida el 14 de octubre de 2020 ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, dijo que la tregua permitió a las pandillas fortalecerse y hasta llegar a relacionarse con políticos y captar fondos para esas estructuras.

Noé ha manifestado que con la tregua «se les facilitó sembrar la semilla del mal», para el juez, lo manifestado por el criteriado es muy grave y que la FGR se quedó corta con los delitos acusados a Munguía Payés.

«Es bastante despreciable que el Estado o el gobierno haya realizado ese proceso de tregua y como juez estoy convencido de que no se trata de una política pública, sino que se buscaba obtener un beneficio personal», sostuvo el juez.

Cabe mencionar que, este proceso iniciado el 26 de julio del año 2020, también incluye al expresidente Mauricio Funes, quien fue separado del caso cuando se inició la audiencia preliminar ya que el Código Procesal Penal establece que sin la presencia de un imputado no se puede realizar esa diligencia.

El prófugo Mauricio Funes, es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, por haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas.

Según la acusación el expresidente asilado en Nicaragua y con siete órdenes de captura, tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo en el marco de la tregua con las pandillas, pero no hizo nada para detenerlas pues él lo que buscaba era una buena imagen de que en su gobierno los homicidios se habían reducido.

Reacciones:

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, había confirmado que las pruebas presentadas eran «contundentes, abundantes y suficientes», por lo que la resolución que se esperaba era favorable para pasar a etapa de juicio.

«Estamos logrando verdadera justicia. No más tratos con delincuentes. Pagarán los que tengan que pagar», expresó enfáticamente Delgado tras la resolución en el caso de Payés.

También, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reaccionó y reafirmó su compromiso para terminar con la impunidad que viene desde los Gobiernos de ARENA y FMLN.

«Años atrás el ex presidente Mauricio Funes junto con el ex ministro David Munguía Payés, negociaron con pandillas. Ahora, deben responder. Negociaron con la sangre de los salvadoreños, entrenaron a pandilleros en polígonos de tiro, les dieron miles de dólares a cambio de votos, los sacaron de las cárceles de máxima seguridad y les hicieron fiestas con prostitutas, por eso es que se oponen al Plan Control Territorial», aseguró el funcionario.

Las palabras del ministro Villatoro fueron contundentes y expresa el propósito del Plan Control Territorial liderado por el presidente Nayib Bukele de acabar con las prácticas de antes y luchar contra la impunidad.

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Cárcel para exmilitar por violación sexual

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.

Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.

Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.

Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.

Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.

Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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Prisión para mujer que estafó $8,000 por una falsa costrucción en La Libertad

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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.

Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.

Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.

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PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida

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La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.

Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.

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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.

El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

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