De manera oficial, los magistrados de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador suspendieron el juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su grupo familiar, por un monto $472, 464.04.

A través de oficios enviados a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al abogado Pedro Cruz, quien defiende a Reyes en el caso, la cámara confirmó que ha cumplido con la resolución dictada por dicha Sala.

El abogado Pedro Cruz alegó que se habían cometido “sendas violaciones de derechos constitucionales”, cuando se envió a Sigfrido Reyes a juicio por enriquecimiento ilícito.

Con la resolución, los abogados de Sigfrido Reyes, detallaron que los procesos contra su cliente están basados en especulaciones, ilegalidades y vulneraciones a derechos humanos.

El miembro del FMLN huyó del país en noviembre de 2019 al darse cuenta que era investigando por la Fiscalía General de la República (FGR), por enriquecimiento ilícito.

Carlos David Orellana Torres, de 20 años, ha sido enviado a la cárcel por haber privado de libertad a dos albañiles en San Salvador, quienes más de dos años después no han sido localizados.

El crimen ocurrió el 7 de noviembre de 2018.

Ese día dos hombres habían llegado a una zona de Nejapa para realizar trabajos de albañilería, pero un grupo de pandilleros se les acercó y les quitaron los teléfonos celulares.

Al quitarle los aparatos, los mareros golpearon e interrogaron a los hombres señalándolos de ser miembros de una estructura terrorista contraria, cuestión que ellos negaron en todas las ocasiones.

Los sujetos, incluso, les advirtieron a los hombres que solo podían trabajar a determinadas horas e incumplir eso haría que los mataran.

Los criminales se fueron, pero algunas horas después mandaron a Orellana Torres para que hablara con las víctimas y les dijera que les iban a devolver los teléfonos, que fueran a un lugar a encontrarse.

El ahora condenado aseguró en el juicio que él trajo a los hombres a la zona donde habían quedado y que al no ver a nadie decidió irse y dejó esperando a los albañiles.

Orellana Torres agregó que a él no le dijeron nada, que no sabe qué fue de los trabajadores, ya que ambos tienen más de dos años de estar desaparecidos.

El imputado se declaró culpable y el Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador aceptó la confesión condenándole a pasar en la cárcel tres años por cada víctima. 

A 20 años de cárcel fue sentenciado un hombre por el Tribunal 2° de Sentencia de Santa Ana encontrado culpable del delito de violación en menor o incapaz en modalidad continuada en perjuicio de una niña de 12 años.

El crimen sexual ocurrió en el mes de marzo de 2019.

La investigación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que la víctima se escribía con una persona por las redes sociales bajo el nombre de “Dayana”, con quien decidió conocerse en persona.

El día acordado la menor de edad llegó a la hora y al lugar acordado, pero “Dayana” no apareció y en su lugar llegó un hombre que dijo era el hermano y quien subió a la menor de edad a un vehículo.

El sujeto manejó el carro hasta una casa en el municipio de Metapán, donde la violó en reiteradas ocasiones hasta que ella logró pedir ayuda vía telefónica a su familia para que la rescataran.

Los parientes interpusieron la denuncia y las autoridades lograron identificar al responsable como Julio César Sánchez Ramírez, a quien acusaron de violación.

En la vista pública el Tribunal validó la investigación y condenó al imputado a purgar 20 años de cárcel.