Judicial
Dura condena por violar y agredir sexualmente a menor de edad cuando salían a predicar en Apastepeque
Cruz Sánchez, de 47 años, se aprovechó de la confianza que la familia de un menor de 12 años le tenía por congregarse en la misma iglesia, para agredirlo y violarlo sexualmente cuando salían a predicar al área rural del municipio de Apastepeque.
La ingenuidad y curiosidad del menor lo convirtieron en víctima del imputado, que en junio y julio del año 2014 recibió tocamientos eróticos en misiones religiosas en varias fechas y lugares rurales y desolados.
Después de esos actos sexuales previos se concretó posteriormente el acceso carnal vía anal.
La Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina de San Vicente, logró que fuera condenado a 19 años de prisión por los delitos de Violación en Menor e Incapaz y Agresión Sexual en Menor e Incapaz.
El proceso penal enfrentó controversias jurídicas entre los jueces y el fiscal porque desde un inicio la representación fiscal ordenó la detención administrativa del imputado por la violación y la agresión sexual.
Sin embargo, en junio del año 2018, cuando el caso llegó a vista pública, el juez de sentencia unipersonal de San Vicente decidió juzgarlo únicamente por la violación al considerar que la agresión sexual era subsumida por el primer delito.
En ese momento, el 15 de junio del año 2018, Sánchez fue condenado a 14 años por la violación. El Fiscal del caso apeló ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro el sobreseimiento por la agresión.
Posteriormente, el tribunal superior le dio la razón a la representación fiscal y ordenó un nuevo juicio por el delito de agresión sexual que se desarrolló ayer, en el que el imputado solicitó un proceso abreviado en el que aceptó haber realizado previamente a la violación en diferentes fechas y lugares tocamientos eróticos en el menor.
En este segundo juicio se le impuso 5 años más por la agresión sexual, sumado a los 14 por la violación hacen un total de 19 años de prisión.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
