Judicial
Dura condena por violar y agredir sexualmente a menor de edad cuando salían a predicar en Apastepeque
Cruz Sánchez, de 47 años, se aprovechó de la confianza que la familia de un menor de 12 años le tenía por congregarse en la misma iglesia, para agredirlo y violarlo sexualmente cuando salían a predicar al área rural del municipio de Apastepeque.
La ingenuidad y curiosidad del menor lo convirtieron en víctima del imputado, que en junio y julio del año 2014 recibió tocamientos eróticos en misiones religiosas en varias fechas y lugares rurales y desolados.
Después de esos actos sexuales previos se concretó posteriormente el acceso carnal vía anal.
La Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina de San Vicente, logró que fuera condenado a 19 años de prisión por los delitos de Violación en Menor e Incapaz y Agresión Sexual en Menor e Incapaz.
El proceso penal enfrentó controversias jurídicas entre los jueces y el fiscal porque desde un inicio la representación fiscal ordenó la detención administrativa del imputado por la violación y la agresión sexual.
Sin embargo, en junio del año 2018, cuando el caso llegó a vista pública, el juez de sentencia unipersonal de San Vicente decidió juzgarlo únicamente por la violación al considerar que la agresión sexual era subsumida por el primer delito.
En ese momento, el 15 de junio del año 2018, Sánchez fue condenado a 14 años por la violación. El Fiscal del caso apeló ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro el sobreseimiento por la agresión.
Posteriormente, el tribunal superior le dio la razón a la representación fiscal y ordenó un nuevo juicio por el delito de agresión sexual que se desarrolló ayer, en el que el imputado solicitó un proceso abreviado en el que aceptó haber realizado previamente a la violación en diferentes fechas y lugares tocamientos eróticos en el menor.
En este segundo juicio se le impuso 5 años más por la agresión sexual, sumado a los 14 por la violación hacen un total de 19 años de prisión.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
