Judicial
Dura condena por violar y agredir sexualmente a menor de edad cuando salían a predicar en Apastepeque
Cruz Sánchez, de 47 años, se aprovechó de la confianza que la familia de un menor de 12 años le tenía por congregarse en la misma iglesia, para agredirlo y violarlo sexualmente cuando salían a predicar al área rural del municipio de Apastepeque.
La ingenuidad y curiosidad del menor lo convirtieron en víctima del imputado, que en junio y julio del año 2014 recibió tocamientos eróticos en misiones religiosas en varias fechas y lugares rurales y desolados.
Después de esos actos sexuales previos se concretó posteriormente el acceso carnal vía anal.
La Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina de San Vicente, logró que fuera condenado a 19 años de prisión por los delitos de Violación en Menor e Incapaz y Agresión Sexual en Menor e Incapaz.
El proceso penal enfrentó controversias jurídicas entre los jueces y el fiscal porque desde un inicio la representación fiscal ordenó la detención administrativa del imputado por la violación y la agresión sexual.
Sin embargo, en junio del año 2018, cuando el caso llegó a vista pública, el juez de sentencia unipersonal de San Vicente decidió juzgarlo únicamente por la violación al considerar que la agresión sexual era subsumida por el primer delito.
En ese momento, el 15 de junio del año 2018, Sánchez fue condenado a 14 años por la violación. El Fiscal del caso apeló ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro el sobreseimiento por la agresión.
Posteriormente, el tribunal superior le dio la razón a la representación fiscal y ordenó un nuevo juicio por el delito de agresión sexual que se desarrolló ayer, en el que el imputado solicitó un proceso abreviado en el que aceptó haber realizado previamente a la violación en diferentes fechas y lugares tocamientos eróticos en el menor.
En este segundo juicio se le impuso 5 años más por la agresión sexual, sumado a los 14 por la violación hacen un total de 19 años de prisión.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
